Por Maricel Drazer -DW-
El modelo de seguridad del presidente salvadoreño Nayib Bukele se ha vuelto referencia en la región. Su Gobierno destaca una fuerte caída de la violencia, tras más de 90,000 detenciones bajo el régimen de excepción. Pero organizaciones de derechos humanos alertan sobre abusos, falta de garantías judiciales y detenciones sin pruebas suficientes.
La polémica escaló con el presidente colombiano Gustavo Petro, que calificó las cárceles salvadoreñas como «campos de concentración». Bukele respondió con ironía y le ofreció trasladar a todos los presos a Colombia. El cruce expone dos visiones: seguridad con mano dura frente a garantías legales.
«Un patrón sistemático»
«No se trata solo de combatir el crimen, sino de cómo se hace», indica en entrevista con DW Diana Sepúlveda, defensora de derechos humanos colombiana residente en Alemania. «En el caso de Bukele, se ha optado por una lógica de castigo masivo, debilitando garantías básicas como el debido proceso», analiza. A su juicio, no son hechos aislados: «No hablamos de errores puntuales, sino de un patrón sistemático en la forma de operar del Estado».
El Salvador se encuentra bajo un régimen de excepción desde marzo de 2022, que ha llevado a la detención de más de 91,000 personas. Según documentos de inteligencia citados por el diario El País, más de 33,000 de los detenidos – alrededor del 36 por ciento – no figuraban como pandilleros en registros policiales previos. Asimismo, organizaciones humanitarias han registrado más de 6,400 denuncias de violaciones a derechos humanos y más de 500 muertes bajo custodia estatal desde el inicio de la medida.
La directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, advierte sobre el riesgo del enfoque salvadoreño. «Bukele le ha ‘vendido’ a la ciudadanía que, para tener seguridad, tiene que aceptar la suspensión total de sus derechos. Y ese es un falso dilema», sostiene ante DW. «Es posible tener políticas de seguridad que sean al mismo tiempo efectivas y protectoras de los derechos humanos», asegura.
En ese contexto, Fátima Peña, politóloga del Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA de El Salvador, subraya que el impacto del modelo no es unívoco. «El régimen de excepción ha tenido un impacto positivo en la vida de la mayoría de la población, especialmente en comunidades que vivían bajo control de pandillas», señala, consultada por DW. Y añade: «La reducción de los homicidios es algo que la población valora y no es poca cosa en la historia del país».
Sin embargo, advierte que ese resultado tiene costos. «También es innegable que ha causado graves violaciones a los derechos humanos de miles de personas», afirma. Y alerta: «Cuando desaparecen garantías básicas, el Estado corre el riesgo de convertirse en victimario».
Resultados rápidos frente a una violencia histórica
El Gobierno salvadoreño sostiene, por su parte, que estas medidas han permitido reducir drásticamente los homicidios y recuperar el control de territorios dominados durante años por pandillas, un argumento que ha contribuido a que el modelo despierte interés más allá de sus fronteras.
En Colombia, por ejemplo, la alcaldía de Medellín anunció la construcción de una megacárcel, aunque las autoridades locales aseguran que en ella no habrá violaciones de derechos humanos. También en otros países, como Costa Rica, Chile o Ecuador, se han planteado iniciativas para construir megacentros de detención, sin que ello implique la inmediata adopción de la mano dura al estilo Bukele.
«Creo que algunos políticos están interesados en tratar de capitalizar su popularidad, pero ninguno de los que dicen en la región querer implementar el modelo Bukele se ha atrevido a suspender de plano el debido proceso, encarcelar masivamente sin juicio, y desbaratar todo el estado de derecho», evalúa Goebertus.
Para Sepúlveda, el atractivo del esquema radica en su impacto inmediato: «Ofrece resultados rápidos frente a un problema histórico». «En América Latina, donde la inseguridad genera miedo cotidiano, el modelo de Bukele conecta con una demanda social legítima», explica. Sin embargo, advierte que su aparente eficacia es engañosa: «No es sostenible (…) A largo plazo, erosiona el estado de derecho».
¿Un modelo «exportable»?
Para la experta, replicar este modelo en Colombia sería especialmente delicado: «No es un modelo exportable. En un país con una historia de conflicto armado, podría ir en contravía de los avances en derechos y justicia transicional».
En la misma línea, Paolo Luers, periodista salvadoreño de origen alemán, exiliado en México, sitúa el auge del modelo en una falta de alternativas: «En muchos países latinoamericanos no se han desarrollado estrategias capaces de reducir la violencia, la impunidad y la corrupción», afirma en diálogo con este medio.
A su juicio, ese vacío explica parte de su atractivo: «La propuesta de una solución rápida, aunque no democrática, suena atractiva para la población». Y advierte: «Si los gobiernos no desarrollan estrategias democráticas de seguridad que sean efectivas, el modelo Bukele va a ganar más adeptos».
