Un documento de dos páginas titulado «reporte de avances» ha sido preparado por el gobierno del efemelenista Salvador Sánchez Cerén para presentar al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, con el objetivo de asegurar fondos en el marco de la Alianza para la Prosperidad.
El descubrimiento del documento lo hizo la agencia inglesa de noticias Reuters.
«La Corte Suprema de Justicia informó que actualmente investiga 517 casos por presunto enriquecimiento ilícito, en contraste con 72 en 2016», enumera el documento, que podría ser publicado en octubre.
En el renglón «fortalecimiento de las instituciones democráticas», el Gobierno también destaca una supuesta reorganización y fortalecimiento de la Fiscalía General de la República, que contrataría un centenar de fiscales auxiliares y un panel de expertos para cumplir los acuerdos internacionales anticorrupción.
Sin embargo, en la realidad, el Gabinete de Seguridad dejó sin recursos a la Fiscalía al dejarla fuera de las instituciones que recibirán parte de los $17,754,300 recaudados a través de impuestos extra para financiar la seguridad durante los últimos meses del año.
La repartición en la que están ninguneando a la Fiscalía procede de un impuesto especial a la telefonía y al impuesto a los grandes contribuyentes. De estos impuesto el Estado ha percibido un total de $111,315,722 a la fecha, de los cuales la Fiscalía solo ha recibido $7.1 millones que le fueron otorgados mediante un decreto legislativo de mayo de este año.
Un portavoz de la Corte Suprema de Justicia confirmó a periodistas las cifras, que incluyen investigaciones al patrimonio del propio Sánchez Cerén, del presidente del Congreso Guillermo Gallegos y de algunos funcionarios y diputados. Pero que no incluye los nombres de personeros del Gobierno como José Luis Merino, investigado por narcotráfico por el gobierno Norteamericano, al presidente del estatal Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (Proesa) y expresidente de la Asamblea Legislativa por el Farabundo Martí, Sigfrido Reyes y otros en la mira de la justicia internacional.
El Gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) prefirió no comentar sobre el documento al ser consultado.
Aunque el Congreso de Estados Unidos recortó ya este año un 13 por ciento a 655 millones de dólares los recursos de asistencia para los países centroamericanos, estos fondos siguen siendo vitales para los planes y sostenimiento de los planes de Seguridad de las pequeñas economías del área.
¿Avances económicos?
Entre los supuestos avances económicos, las autoridades del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) enfatizan en el renglón «compromisos de inversión» el establecimiento de 23 nuevas empresas por 150 millones de dólares y casi 3.000 empleos directos.
Pero estos datos no son comprobables al tener una disminución constante en los abonados al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y al no poder comprobarse de que nuevas empresas se trata a través de los reportes del ministerio de Economía.
Proesa, especificó a periodistas que se trata de montos acumulados entre junio del 2016 y mayo del 2017, y que incluyen tanto inversión de nuevas empresas como de las ya establecidas.
Seguridad
En materia de seguridad, un factor que tiene cada vez más peso en la migración por la violencia pandillera, el Gobierno informó de una reducción del 41 por ciento interanual de los homicidios a julio del 2017, pese a que El Salvador sigue siendo uno de los más peligrosos del mundo y la última semana ha sido una de las más sangrientas de la historia moderna del país.
Además, el documento anuncia la creación de un «Observatorio de la migración» en sociedad con la agencia de cooperación estadounidense USAID, sin más detalles sobre su misión. La USAID no respondió de inmediato a pedidos de comentario sobre el tema.
