Un análisis técnico de la agencia financiera inglesa Emerging Finance (EMFI) revela que la próxima reforma del sistema previsional en El Salvador será decisiva para cumplir con los requisitos estructurales impuestos por el Fondo Monetario Internacional (FMI), como condición para el desembolso final del crédito de US$ 1,400 millones que forma parte de un acuerdo de financiamiento de 40 meses con el organismo multilateral.
El estudio, basado en datos demográficos y financieros recientes, anticipa que el Gobierno salvadoreño presentará una propuesta gradual y moderada, orientada a cumplir formalmente las expectativas del FMI, pero limitando ajustes políticos sensibles que podrían tener un impacto inmediato en los cotizantes activos y la población general.
Contexto económico y condición del crédito
El acuerdo con el FMI, firmado en 2024, establece múltiples condiciones cuantitativas y estructurales —incluidas metas sobre reservas internacionales, consolidación fiscal y reformas en marcos sociales— para garantizar la sostenibilidad fiscal del país. Dentro de estas condiciones, la reforma del sistema de pensiones figura como uno de los elementos esenciales, dado que el déficit actuarial del sistema constituye un pasivo potencial que puede crecer en el mediano plazo.
Actualmente, el sistema previsional salvadoreño combina cuentas individuales, mecanismos solidarios y garantías estatales. Sin embargo, según EMFI, la estructura vigente enfrenta presiones demográficas relevantes, con un ritmo de envejecimiento que acelerará los compromisos financieros a corto plazo y pondrá en tensión las finanzas públicas si no se ajustan parámetros clave como la edad de jubilación, las tasas de aportes o la cobertura del sistema.
El reporte señala que:
- El gobierno priorizará ajustes graduales y transiciones largas, que dificultan medidas potencialmente impopulares, como el alza de la edad de retiro o modificaciones profundas a las tasas de cotización en el corto plazo. Esta estrategia responde en parte al calendario político y la cercanía de las elecciones generales de 2027.
- El énfasis inicial estará en ampliar la cobertura del sistema y mantener las pensiones mínimas, aspectos que pueden promover una percepción de estabilidad social, aunque sin resolver de raíz los problemas actuarios subyacentes.
- Las reformas más sensibles pueden aplazarse o delegarse en normas reglamentarias posteriores al debate principal, reduciendo el impacto político inmediato, pero potencialmente generando riesgos financieros a largo plazo si no se abordan con suficiente anticipación técnica.
Economistas consultados por este medio coinciden en que la sostenibilidad del sistema de pensiones tendrá un efecto directo sobre la credibilidad fiscal del país, algo que los mercados y organismos multilaterales observan con atención. El déficit del sistema y la baja densidad de cotización —donde un porcentaje considerable de trabajadores no logra completar los años necesarios para una pensión contributiva— añaden presión para diseñar soluciones técnicas sustentables y políticamente viables.
Además, la dinámica demográfica salvadoreña, con una proporción creciente de adultos mayores, implica que los costes futuros de las pensiones podrían incrementarse significativamente, elevando la carga financiera sobre las generaciones activas y el Estado si no hay ajustes en la cobertura y los parámetros contributivos.
El cumplimiento de las exigencias del FMI no solo permitirá acceder al financiamiento de US$ 1,400 millones, destinado a fortalecer las finanzas públicas, la liquidez externa y las reservas del país, sino que también condicionará la percepción de riesgo soberano por parte de inversionistas y calificaciones crediticias internacionales.
Sin embargo, queda pendiente el equilibrio entre estabilidad política y ajuste técnico profundo; un compromiso que definirá si El Salvador puede transitar hacia un sistema de pensiones sostenible, con cobertura más amplia y menor carga fiscal futura, sin sacrificar el bienestar de los trabajadores ni la viabilidad económica del Estado.
