El presidente Nayib Bukel, lanzó duras críticas a las autoridades recién instaladas en Honduras, responsabilizándolas por el agravamiento de la violencia en ese país y advirtiendo que “miles de hondureños morirán” si persisten en rechazar aplicar un esquema similar al suyo para combatir a las pandillas.
En una declaración ampliamente difundida en redes sociales y citada por agencias internacionales, Bukele respondió a comentarios de altos funcionarios hondureños que cuestionaron la viabilidad de replicar el Plan Control Territorial, la estrategia de seguridad salvadoreña que ha sido presentada por el mandatario como un éxito frente a la delincuencia organizada. El jefe de Estado afirmó que el rechazo de ese modelo por parte del nuevo Gobierno de Honduras —liderado por el presidente Nasry Asfura desde finales de enero de 2026— podría costar “miles de vidas”.
“Honduras enfrenta una situación crítica por la violencia de las pandillas y quienes se niegan a tomar decisiones firmes y estructuradas para enfrentarla serán responsables de miles de muertes que podrían evitarse”, escribió Bukele en un mensaje que medios regionales han reproducido.
Las tensiones se intensificaron luego de que ministros hondureños insistieran en que no será posible “emular a la estrategia salvadoreña” tal como se ha implementado en El Salvador, debido a diferencias institucionales y de recursos. Esta posición fue interpretada por el Gobierno salvadoreño como una falta de voluntad política para asumir medidas drásticas contra maras como la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, que operan con fuerza en varias regiones hondureñas.
Bukele ha defendido públicamente su modelo de seguridad que, mediante estados de emergencia repetidos, un despliegue masivo de fuerzas de seguridad y la detención de decenas de miles de personas ligadas a pandillas, ha logrado reducir la tasa de homicidios oficiales a niveles históricos, con cifras que rondan 1,3 por cada 100,000 habitantes al cierre de 2025, según reportes oficiales.
Sin embargo, organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos han planteado cuestionamientos sobre ese enfoque, argumentando que la amplia aplicación de estados de excepción y detenciones masivas puede derivar en graves violaciones a derechos fundamentales y opacidad en las cifras oficiales.
En Honduras, que ha enfrentado tasas de homicidios considerablemente más altas —aproximadamente 23 por cada 100,000 habitantes en 2025 según fuentes— las expectativas ciudadanas sobre acción efectiva contra la violencia son elevadas, pero las autoridades se han mostrado cautas respecto a implementar mecanismos idénticos a los salvadoreños.
Expertos en seguridad regional señalan que, si bien las tácticas de mano dura pueden tener efectos de corto plazo en la disminución de homicidios, también encierran riesgos de abuso de poder, detenciones arbitrarias y deterioro de las libertades civiles si no van acompañadas de garantías legales sólidas y reformas institucionales profundas.
Mientras tanto, el intercambio de reproches entre San Salvador y Tegucigalpa reaviva el debate sobre las mejores fórmulas para enfrentar la violencia criminal en Centroamérica, donde miles de familias siguen siendo víctimas de extorsión, desplazamiento forzado y asesinatos atribuidos a estructuras delictivas organizadas.
