El Salvador atraviesa un momento de caída de la transparencia y de las libertades civiles, según señalan informes internacionales recientes que alertan sobre el deterioro de las garantías democráticas, el acceso a la información pública y el espacio cívico en el país.
El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025 publicado por Transparencia Internacional (TI) ubica a El Salvador en 32 puntos sobre 100, marcando un avance mínimo respecto al año anterior pero manteniéndose en un nivel bajo que refleja problemas persistentes en la percepción de la corrupción en el sector público. Aunque el país mejoró dos posiciones en el ranking global, el propio informe advierte sobre limitaciones significativas a la transparencia y las libertades cívicas que afectan la supervisión independiente de la acción gubernamental.
Según reportes asociados al análisis del IPC y a observaciones de TI sobre América Latina, El Salvador —junto con Ecuador— se encuentra entre los países que experimentan una caída de la transparencia y de las libertades civiles, en parte debido a recientes legislaciones y medidas que dificultan el acceso al financiamiento de organizaciones de la sociedad civil (OSC) y obstaculizan sus operaciones, así como por un clima hostil hacia medios de comunicación independientes.
Organizaciones de derechos humanos y libertad de prensa han documentado otros aspectos del debilitamiento de las libertades civiles. Por ejemplo, el CIVICUS Monitor degradó la calificación del espacio cívico de El Salvador a “Repressed” en 2025, la más baja alcanzada hasta ahora, citando persecución de defensores de derechos humanos y periodistas, y restricciones crecientes contra asociaciones civiles bajo un régimen de excepción prolongado que suspende garantías constitucionales.
Además, informes de instituciones como Human Rights Watch subrayan que las autoridades han empleado ampliamente clasificaciones de secretos y secreto de Estado, limitando el derecho de acceso a la información pública y obstaculizando la supervisión social de decisiones gubernamentales.
Activistas y académicos también han señalado que reformas constitucionales aprobadas sin un proceso de deliberación pública adecuado han debilitado los controles, contrapesos y participación ciudadana, impactando negativamente en derechos humanos básicos como la libertad de expresión, asociación y participación política.
Las críticas señalan que, pese a celebrarse procesos electorales, el entorno político y jurídico en El Salvador se caracteriza por la concentración de poder y la disminución de espacio para la vigilancia independiente, lo que —según Transparencia Internacional y otras organizaciones— representa un riesgo para el funcionamiento del Estado de derecho y la rendición de cuentas.
Este cúmulo de indicadores configura un panorama en el que, a juicio de expertos y organizaciones internacionales, El Salvador enfrenta un retroceso en transparencia institucional y restricciones crecientes a las libertades civiles, a pesar de la percepción de mejoras puntuales en algunos indicadores cuantitativos.
