La Asamblea Legislativa aprobó el jueves, por 30 días más, la 47ª prórroga del régimen de excepción, manteniendo vigentes medidas que suspenden varios derechos constitucionales en el país como parte de la estrategia oficial para combatir a las pandillas.
La decisión fue tomada con 57 votos a favor de los 60 diputados presentes del partido oficialista y sus aliados, tras una sesión plenaria en la que el decreto fue leído y avalado por la mayoría parlamentaria. La extensión estará vigente desde el 30 de enero hasta el 1 de marzo de 2026, según el decreto aprobado.
Las autoridades sostienen que la medida —vigente desde marzo de 2022— ha permitido la captura de miles de presuntos integrantes de pandillas y la reducción de la violencia criminal en el país. El gabinete de seguridad presentó la solicitud destacando la necesidad de continuar con el régimen para evitar un retroceso en los avances de seguridad y para proteger a jóvenes frente al reclutamiento por parte de grupos delictivos.
El régimen de excepción conlleva la suspensión de garantías constitucionales —entre ellas el derecho a la defensa, la inviolabilidad de las comunicaciones y límites rígidos al plazo de detención administrativa— que, según la Constitución salvadoreña, sólo pueden suspenderse en periodos de 30 días prorrogables si persisten las circunstancias que los motivaron.
Organizaciones de derechos humanos y expertos legales han señalado que, aunque la ley permite suspender derechos por emergencias, la práctica continua por más de tres años sin cambios legislativos sustanciales ha generado un estado permanente de excepción que, advierten, debilita el marco constitucional y los derechos individuales de los ciudadanos.
Además, un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) observó que estas extensiones repetidas, si bien se justifican bajo la reducción de violencia, plantean serios desafíos en materia de derechos humanos, incluida la limitación al debido proceso y a la presunción de inocencia.
Críticos de la ampliación han advertido que el régimen de excepción ya ha sido prorrogado de manera consecutiva por más de 40 periodos mensuales, lo que ha llevado a un estado de excepción extendido que trasciende su carácter temporal, subvirtiendo así el espíritu de la Constitución que busca equilibrar la seguridad pública con las libertades fundamentales de la población.
Representantes de organizaciones civiles han argumentado que, más allá de continuar una medida de emergencia, se requiere una reforma profunda de la legislación salvadoreña para crear mecanismos legales y judiciales que permitan combatir el crimen sin sacrificar garantías constitucionales esenciales como el acceso a una defensa efectiva, la protección de la intimidad y los límites a la detención preventiva.
Activistas y juristas insisten en que estado de excepción tras estado de excepción no es sostenible y que el país necesita cambios estructurales en la legislación penal y procesal, así como un fortalecimiento del sistema judicial independiente, para que los derechos de los salvadoreños sean respetados sin poner en riesgo la seguridad ciudadana.
Si bien el Gobierno y la Asamblea Legislativa defienden la continuidad de esta herramienta como clave en la estrategia de seguridad pública, las voces críticas señalan que el desafío a futuro es encontrar fórmulas que permitan garantizar la seguridad sin depender de suspensiones prolongadas de derechos constitucionales, y que esos cambios deben plasmarse a través de reformas legislativas que restituyan gradualmente las garantías fundamentales afectadas por el régimen de excepción.
