El presidente Nayib Bukele rechazó durante el fin de semana de forma tajante la existencia de cárteles de droga, secuestros o estructuras criminales internacionales operando en el país, y aseguró que las recientes alertas difundidas en redes sociales y algunos espacios mediáticos responden a estafas telefónicas ejecutadas desde un centro penitenciario en Colombia.
En un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, el mandatario sostuvo que “no hay ningún riesgo real” para la población y exhortó a no ceder ante este tipo de amenazas. “La solución es sencilla: NO PAGAR”, escribió Bukele, en referencia a las llamadas intimidatorias que han generado preocupación entre trabajadores independientes y usuarios de plataformas digitales.
Las declaraciones presidenciales se produjeron horas después de que el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, atribuyera la operación de estas estafas a internos de la cárcel de Cómbita, en el departamento colombiano de Boyacá. Según el funcionario, se trata de una red transnacional de extorsión telefónica que no solo afecta a salvadoreños, sino también a ciudadanos de Honduras, República Dominicana, Panamá, Costa Rica, Perú, Bolivia, Chile y Argentina.
Villatoro afirmó que la persistencia del problema está vinculada a fallas en el control penitenciario colombiano, particularmente en el acceso ilegal a teléfonos móviles y tarjetas SIM dentro del centro penal. “Somos varios países los que estamos pagando las consecuencias de la laxitud en el tratamiento penitenciario de estos criminales”, expresó el ministro, al exigir una intervención más estricta de las autoridades colombianas.
De acuerdo con la explicación oficial, las llamadas suelen dirigirse a trabajadores que ofrecen servicios en línea, como electricistas, fontaneros o técnicos, a quienes los estafadores contactan para supuestos trabajos. Posteriormente, las víctimas son citadas en lugares aislados y amenazadas por teléfono por personas que se hacen pasar por miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más conocidas de México.
La intimidación, según Villatoro, es exclusivamente psicológica y busca forzar pagos inmediatos bajo la amenaza de un secuestro inexistente. “No hay presencia física de criminales, no hay secuestradores, no hay evidencia de personas lesionadas ni privadas de libertad”, insistió el funcionario ante la prensa.
Las autoridades salvadoreñas informaron que las investigaciones permitieron identificar 375 números telefónicos asociados a esta red, todos con el código internacional 57, correspondiente a Colombia, así como al menos 101 dispositivos activos utilizados para realizar las llamadas.
Villatoro señaló que la localización técnica de los números contó con apoyo tecnológico de Estados Unidos, lo que permitió confirmar que las llamadas se originaban desde el penal de Cómbita. “Estamos demostrando técnicamente que estas amenazas provienen de un grupo que opera desde una cárcel colombiana”, aseguró.
Tanto el presidente Bukele como el ministro de Seguridad insistieron en que el impacto real de estas estafas ha sido limitado, y que solo un número reducido de personas ha realizado pagos. No obstante, reconocieron que la difusión de audios y mensajes alarmistas ha generado temor social, en un contexto regional marcado por la violencia del crimen organizado.
Las autoridades reiteraron su llamado a la población a no efectuar pagos, denunciar los intentos de extorsión y verificar el origen de las llamadas, mientras continúan las gestiones diplomáticas y técnicas para frenar este tipo de delitos transnacionales.
