Trabajadores del sector público salvadoreño manifiestan un clima de incertidumbre luego de que comenzaran a circular rumores de que el Gobierno prepara una ola de despidos masivos para diciembre próximo. La posibilidad ha generado alarma entre miles de empleados, sindicatos y organismos de derechos laborales, que exigen claridad sobre los criterios de eventual cese y garantías de protección.
Durante los primeros diez meses de 2025, el Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD) registró al menos 18,585 despidos en al menos diez instituciones del sector público. En 2024, la cifra superó los 14,000 empleados despedidos, muchos de ellos denunciados como ceses arbitrarios. Ante este historial, los rumores de nuevos recortes para diciembre no pasan desapercibidos.
Sindicatos como SITRASALUD y otros representantes de trabajadores demandan que el Gobierno informe con antelación los criterios que se aplicarían: ¿Será por reestructuración institucional? ¿Por rendimiento? ¿Por razones presupuestarias? “No podemos estar sujetos a especulación — al menos queremos transparencia y garantía de un debido proceso”, afirmó un portavoz sindical que pidió anonimato.
Basado en los datos disponibles y denuncias de organizaciones, los siguientes sectores aparecen con mayor vulnerabilidad:
- Ministerio de Salud de El Salvador (MINSAL) y anexos del sistema de salud público: Las organizaciones de trabajadores denuncian que es “la institución que más ha vulnerado derechos” en cuanto a despidos o supresión de plazas.
- Ministerio de Educación de El Salvador (MINED): Figuran entre las instituciones con plazas obligadas al retiro o con docentes que han renunciado ante presiones o incertidumbre.
- Policía Nacional Civil de El Salvador (PNC) y otras instancias de seguridad/policiales: El presupuesto presentado para 2026 identifica que una parte de las plazas suprimidas provendrían de la PNC, según denuncias sindicales.
- Instituciones de la administración pública central que dependen de contrato o plazas “suprimibles”: El recorte de plazas aumenta en el presupuesto al 2026 — el proyecto incluye supresión de 775 nuevas plazas para el gobierno central, de las cuales 572 pertenecen a la Ley de Salarios y 203 a contrataciones.
Los recortes o despidos no ocurren al azar; hay factores estructurales que aumentan la probabilidad de recorte en ciertas instituciones:
- Ajuste fiscal y contención del gasto público: Un estudio de la Economist Intelligence Unit señala que el gobierno busca equilibrar su presupuesto y realizar un ajuste estructural que incluirá congelamiento de contrataciones en el sector público.
- Supresión de plazas como mecanismo de reducción: Las denuncias indican que muchas instituciones utilizan la “supresión de plazas” para eliminar puestos sin indemnización o procedimiento claro.
- Presión de sindicatos y reordenamientos institucionales: Por ejemplo, docentes o personal de salud que demandan escalafones, aumentos u otros derechos pueden quedar en posiciones más vulnerables. Las organizaciones hablan de recortes en respuesta a protestas sindicales.
- Dependencia de plazas de contrato: Las plazas que no están consolidadas bajo la Ley de Salarios parecen estar más sujetas a eliminación. En el presupuesto de 2026 se menciona que 203 plazas contratadas estarían entre las suprimidas.
Según expertos y analistas, el gobierno central podría priorizar mantener plazas vinculadas a seguridad y servicios estratégicos, y recortar aquellas consideradas menos esenciales, con lo cual algunas áreas de baja visibilidad podrían sufrir más.
Ya se registra una reducción oficial de 4,996 plazas en el sector público entre junio 2024 y junio 2025 (−2.1 %) según datos del Ministerio de Trabajo de El Salvador.
Las organizaciones sindicales temen que “en lo que resta del año y el próximo” se supriman más plazas sin garantías de debido proceso, lo que refuerza que diciembre es un momento clave para actos de ajuste.
El uso de despidos masivos como instrumento de ajuste plantea dos riesgos principales:
- Para los empleados: pérdida de ingreso, vulnerabilidad económica, aumento del desempleo informal.
- Para la administración pública: un despido amplio sin planificación puede generar vacíos operativos, pérdida de institucionalidad y desmotivación en el personal restante.
Expertos en gestión pública advierten que, si bien el Estado necesita responder a eficiencias y ajustes presupuestarios, un recorte no planificado puede costar más en recontrataciones, capacitación y deterioro de servicios que el ahorro inicial.
Los rumores de despidos masivos en el sector público para diciembre colocan a miles de empleados en un estado de expectativa y alerta. El antecedente de miles de ceses en los años recientes legitima sus temores. Para evitar un impacto negativo mayor en la confianza del servicio público y la estabilidad laboral, la transparencia y el diálogo se vuelven indispensables para el gobierno que los conjure.
