El abogado constitucionalista Enrique Anaya fue arrestado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en su casa de Santa Tecla, acusado de cometer el delito de lavado de dinero y activos, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Anaya ha sido un abierto crítico del presidente Nayib Bukele, a quien ha catalogado con argumentos constitucionalistas de «dictador».
La Fiscalía dijo que el famoso abogado «será remitido a los tribunales correspondientes en los próximos días».
Esta es una nueva detención de un crítico de Bukele. Antes, el 18 de mayo, fue encarcelada la abogada Ruth López, jefa de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, la principal organización que trabaja en la defensa de los derechos humanos en El Salvador.
Recientemente, Anaya había hecho una serie de señalamientos de supuestas ilegalidades cometidas en la detención de Ruth López, así como en la audiencia en un tribunal de justicia que ordenó que siga detenida.
López fue acusada de presunto «peculado» o apropiación indebida de fondos del Estado, pero al pasar de los días, la FGR cambió los delitos de los que se acusaba a su conveniencia, armendo, según abogados y expertos, «un tamal».
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó el viernes su «grave preocupación» por «detenciones recientes contra personas defensoras de derechos humanos».
Además del caso de López, la CIDH nombró al líder comunitario y pastor José Ángel Pérez, presidente de la Cooperativa El Bosque, arrestado el 12 de mayo, y señaló que un día después lo mismo ocurrió con Alejandro Henríquez, abogado de la cooperativa, por los delitos de desorden público y resistencia.
«A estos casos se suman la detención de Fidel Zavala y órdenes de arresto contra Ivania Cruz y Rudy Joya, todos defensores de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios», añadió la Comisión.
«Organizaciones de la sociedad civil cuestionan que las causas penales serían una forma de represalia por su labor con personas detenidas durante el régimen de excepción y por denuncias de abusos en las cárceles», dijo la CIDH.
Críticas a Bukele
Anaya ha sido un feroz crítico de la reelección de Bukele como presidente de El Salvador, a la que considera inconstitucional.
«La candidatura de Bukele, se vea por donde se vea, es contraria a la Constitución», ha repetido de manera continua.
Bukele pidió una licencia de seis meses en el final de su primer período de gobierno y con ello la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, colocada por él mismo, habilitó su postulación.
«Ya ha sido presidente durante prácticamente cuatro años y medio en el periodo inmediato anterior al de la candidatura, en 2019-2024», explicaba entonces el jurista para argumentar que Bukele no podía ser reelecto.
«Pero además en nuestro sistema el cargo de presidente no es renunciable, salvo por causas muy graves que debe de calificar la Asamblea Legislativa».
«Así que pedir permiso, licencia, exoneración, apartarse del cargo, dejarlo en depósito… es un eufemismo para no decir renuncia y es también fraude a la Constitución», subrayaba.
Al igual que otros críticos, apuntaba que al menos seis artículos de la Constitución prohíben la reelección presidencial inmediata o continua en El Salvador.
Sus críticas continuaron hasta ahora, tanto en sus redes sociales como en columnas de opinión en «El Diario de Hoy», donde lo llamaba «dictador».
Bukele había respondido a estas críticas. «Me tiene sin cuidado que me llamen dictador. Prefiero que me llamen dictador a ver cómo matan a los salvadoreños en las calles», dijo.
Bukele ha sido señalado por organizaciones de derechos humanos por detenciones arbitrarias y por las condiciones en las que están detenidos miles de personas en la megacárcel de máxima seguridad denominada Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), por presuntos delitos vinculados con las pandillas o «maras».
Con informes de bbc, adn