Después de tres años de un régimen de excepción “excepcional” que suspende garantías constitucionales de la población, la Asamblea Legislativa aprobó el martes por 37ª vez la medida para combatir a las pandillas que, según las autoridades, aún mantienen presencia en zonas urbanas del país, a pesar que desde varios meses atrás sólo se capturan menos de diez presuntos delincuentes con decenas de miles de policiás y soldados en su búsqueda, con un presupuesto millonario.
La nueva prórroga, que dará inicio el domingo 6 de abril y finalizará el 5 de mayo, recibió 57 votos a favor entre los 60 diputados de la Asamblea, controlada por el partido Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele y sus aliados.
El gobierno de Bukele tomó la decisión de imponer un estado de excepción ante el fracaso de una tregua entre las autoridades y las temibles pandillas MS-13 y Barrio 18. La política de mano dura de Bukele ha tenido éxito en la reducción de homicidios y ha dejado como resultado la detención de más de 87,000 personas por cargos de pertenencia o asociación a pandillas, en su mayoría no juzgadas.
Sin embargo, el propio gobierno ha reconocido que el 90% de los detenidos se encuentran en prisión a la espera de un juicio y que al menos 8,000 personas, hasta hace 6 meses, han tenido que ser liberados por falta de pruebas. En tanto, las organizaciones defensoras de los derechos humanos aseguran que podría haber hasta 25,000 inocentes encarcelados.
Ingrid Escobar, directora de la ONG Socorro Jurídico Humanitario, aseguró a periodistas que hay entre 50 y 60,000 detenidos que tienen indicios de estar relacionados con los grupos delictivos. Sobre los demás hay “elementos probatorios suficientes para considerarlos inocentes”.
En el documento enviado a la Asamblea, el gabinete de seguridad afirma que “hay evidencia de participación de miembros de pandillas en la realización de hechos vinculados con el narcomenudeo, ingresando droga al país vía terrestre utilizando el transporte pesado y otras modalidades”, labores que históricamente fueron realizadas por una de las pandillas “no violentas” en el país, como la Mao Mao y delincuencia no organizada.
Agrega que también se ha comprobado la presencia de sujetos vinculados a estas estructuras criminales en las zonas urbanas. Además, han detectado acciones por parte de mujeres vinculadas a las pandillas, “quienes han adoptado posiciones de mando”.
“Es parte de la actividad ilícita que confirma la necesidad de continuar con acciones contundentes dirigidas a combatir a estas agrupaciones, a fin de evitar su reorganización, proteger los derechos de la población y erradicar de forma definitiva este flagelo”, agrega el documento.
Con la nueva prórroga, continúan suspendidos derechos constitucionales como el de ser informado de los motivos de la detención o el de tener acceso a un abogado. Además, las fuerzas de seguridad pueden intervenir las telecomunicaciones sin orden judicial y se prolonga la detención sin audiencia judicial de 72 horas a 15 días.
La Asamblea Legislativa también reformó el Código Penal para convertir en delito la pertenencia a una pandilla y castigarlo con 20 a 40 años de prisión. Los cabecillas pueden recibir condenas de hasta 60 años.
Los juicios, son prácticamente “sumarios” y los indiciados son condenados, culpables o no, antes de ser sentenciados.
Durante la vigencia del régimen de excepción, las organizaciones defensoras de los derechos humanos han registrado casi 6,900 denuncias de abusos a los derechos humanos en las cárceles, que van desde golpes, maltrato y crueldad, hasta abuso sexual.
Socorro Jurídico Humanitario ha documentado la muerte de 380 personas en custodia de las autoridades, entre ellas 25 mujeres y cuatro bebés que se enfermaron en los penales. El organismo añadió que el 94% de los fallecidos no tenían perfil de pandilleros.
El Salvador cerró 2024 con un mínimo histórico de 114 homicidios, un promedio de 0,3 asesinatos al día y solo uno durante el mes de diciembre, ante lo cual Bukele aseguró que ahora es el país más seguro del hemisferio occidental.
En 2015, El Salvador registró 6,656 asesinatos y una tasa de homicidios de 106 por cada 100,000 habitantes. Fue uno de los años más violentos en la historia del país, y el más violento desde el fin de la guerra civil (1980-1992).
