Una pesquisa realizada por el Movimiento Justicia Social y Contraloría Ciudadana, una organización no gubernamental muy poco conocida en el país hasta ahora, asegura que el 90,5 % de la población considera que nada mejorará la situación económica de El Salvador con la minería metálica, además un 47,4 % de los ciudadanos dice tener conocimiento de la práctica minera y sus consecuencias con el medio ambiente.
El sondeo revela que solo un 6,5 % de los salvadoreños cree que la minería mejorará poco la situación económica, y un 3 % cree que mejorará mucho la economía nacional.
Ante la pregunta de si la minería mejorará la situación en general del país, un 82,1 % de los consultados señaló que no va a mejorar en nada, un 14,6 % poco y un 3,3 % que mejorará mucho.
Además, la encuesta señala que un 47,4 % de la población conoce sobre el tema de la minería, un 47,2 % conoce poco y un 5,4 % nada, y que un 95,5 % de los entrevistas reconoce y entiende el daño que pueda ocasionar al país.
Los resultados de la encuesta están basados en un sondeo realizado entre el 8 y el 12 de diciembre a 1,001 personas a partir de los 15 años y de diferentes partes del país. La encuesta tiene un margen de error de 4 puntos.
Otra encuesta presentada la pasada semana, realizada por el Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana (Iudop), revela que casi el 60 % de los ciudadanos considera que El Salvador no es un país para la explotación minera y que 61 de cada 100 salvadoreños cree que esta práctica «tendría algún tipo de impacto negativo» sobre el medio ambiente.
La Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, aprobó el lunes la Ley General de Minería Metálica, que contiene 35 artículos y deja sin efecto la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, aprobada en marzo de 2017.
El aval de la normativa, propuesta por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, se dio a pesar del rechazo de la oposición política del país, de ambientalistas, organizaciones comunitarias, algunas iglesias y de universidades por el impacto en las comunidades rurales y al medio ambiente.
Las organizaciones ambientalistas temen que se afecte la cuenca del río Lempa, que posee un área total de 17.790 kilómetros cuadrados, de los cuales, 10.082 kilómetros cuadrados corresponden a El Salvador, 5.251 a Honduras y 2.457 a Guatemala.
