«Algunas de las graves violaciones a derechos» cometidas en El Salvador en el contexto de un régimen de excepción, implementado para combatir a las pandillas, «pueden constituir crímenes contra la humanidad»,advirtió el martes la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés), con sede en Estados Unidos.
Según la DPLF, una organización con experiencia en la promoción del Estado de Derecho en América Latina, señaló en un artículo publicado este martes que algunas de las violaciones, por su naturaleza generalizada y sistemática, «parecen ser parte de una política coordinada utilizada contra una población civil».
Los crímenes de lesa humanidad son uno de los crímenes internacionales que pueden ser investigados y juzgados por la Corte Penal Internacional (CPI), que actúa como tribunal de última instancia cuando los sistemas de justicia nacionales no investigan ni procesan adecuadamente los crímenes que caen dentro de su jurisdicción, lo que «parece ser el caso actual en El Salvador».
No obstante, indicó que «dado el contexto actual en El Salvador, llevar a cabo una investigación de este tipo será complejo y requerirá amplios recursos y apoyo de la comunidad internacional».
«Si bien es demasiado pronto para decir definitivamente si los abusos que se están documentando en El Salvador constituyen crímenes de lesa humanidad, como se plantea en el artículo, para hacerlo se necesita una investigación exhaustiva a través de la lente del derecho penal internacional», sostuvo.
La polémica medida del régimen de excepción, que por el momento ha contribuido a la disminución de homicidios en El Salvador, cumple dos años de su implementación, tras ser decretada en marzo de 2022 después de una oleada de asesinatos en un fin de semana.
El régimen goza de la aceptación de una buena parte de la población, en especial de los ciudadanos que viven en comunidades y barrios históricamente afectados por la violencia de las pandillas, y elevó la popularidad del presidente Nayib Bukele.
No obstante, organizaciones no gubernamentales han recibido más de 6.000 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y han registrado la muerte de más de 200 detenidos bajo custodia estatal.
