Estados Unidos impuso este jueves sanciones económicas a la fiscal general de Nicaragua, Wendy Morales, a quien acusa de ser “cómplice” de la represión acometida por el dictador del país centroamericano, Daniel Ortega, y su esposa, la vicepresidenta, Rosario Murillo.
El Departamento del Tesoro bloqueó las cuentas y activos de Morales en Estados Unidos y prohibió hacer transacciones con ella porque “es un actor clave en la injusta persecución del régimen nicaragüense contra los presos políticos y la sociedad civil”.
Morales ya fue incluida el año pasado en la llamada Lista Engel, con la que el Departamento de Estado señala a actores corruptos de Centroamérica, lo que le prohíbe entrar a territorio estadounidense.
“La fiscal general de Nicaragua, en coordinación con el régimen de Ortega y Murillo, ha usado su cargo para facilitar una campaña de represión contra la disidencia confiscando propiedades de opositores políticos del Gobierno sin base legal”, denunció en un comunicado el subsecretario del Tesoro Brian Nelson.
Según la Administración de Joe Biden, la fiscal ha demostrado ser leal a Ortega y tiene un “gran poder” para determinar quién recibe las propiedades e inmuebles confiscados a presos políticos, organizaciones internacionales y medios de comunicación.
De hecho, Morales habría participado en el despojo de las propiedades de los 222 presos políticos que fueron excarcelados el año pasado y desterrados a Estados Unidos.
“Fue clave para formular la estrategia para designar a los miembros de la oposición nicaragüense como terroristas y bloquear sus recursos financieros utilizando una ley antiterrorista existente”, apuntó el Tesoro.
EEUU también considera que el nombramiento de Morales como fiscal general en 2019 fue ilegal dado que incumplió con el requerimiento de haber ejercido la abogacía durante los diez años anteriores al nombramiento.
Por otro lado, las demandas que el régimen de Ortega ha emprendido contra Alemania e Israel en la Corte Internacional de Justicia(CIJ) por “el genocidio” en la Franja de Gaza podrían abrir una puerta para las acusaciones en su contra por crímenes de lesa humanidad que recomienda el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de Naciones Unidas.
El pasado 5 de marzo, el GHREN presentó su segundo informe y pidió a terceros países ejercer acciones para establecer responsabilidades penales en contra de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y otros altos funcionarios del Estado que forman parte de la cadena de mando, que pudieron haber cometido crímenes de lesa humanidad en Nicaragua como consecuencia de la represión ejecutada después de las protestas ciudadanas de 2018.
El 23 de enero pasado, el régimen nicaragüense presentó una solicitud ante la Corte Internacional de Justicia para incorporarse como parte en el caso interpuesto por Sudáfrica contra Israel por “genocidio”; y este 1 de marzo el gobierno de Daniel Ortega demandó también a Alemania por violar “la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio”.
Al jurista nicaragüense Uriel Pineda, experto en Derechos Humanos y radicado en México, las demandas de Ortega contra Alemania e Israel no lo sorprenden “porque siento que es la forma en que el régimen se adelanta a posibles acciones legales en su contra”.
