El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, pidió al actual mandatario que busque la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, que investiga ilegalidades del partido de Arévalo, respaldando acusaciones de sus partidarios de que las autoridades están bloqueando una transición de poder.
Arévalo acusó el miércoles por la noche al presidente Alejandro Giammattei de guardar silencio y lo llamó, en una carta, a solicitar la renuncia de la fiscal general María Consuelo Porras. La fiscalía dijo que ella no dimitiría, pues a la fecha, solo esta cumpliendo con el mandato constitucional de investigar los presuntos delitos del movimiento Semilla.
«Durante todo este proceso, usted, doctor Giammattei ha permanecido callado. Su silencio es interpretado por el pueblo como un consentimiento del ultraje a nuestras instituciones democráticas. Su silencio es un insulto al pueblo de Guatemala», dijo Arévalo en la carta.
La oficina de Giammattei no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios a altas horas de la noche, pero la fiscalía defendió la investigación de Porras sobre acusaciones de irregularidades electorales.
«La Fiscal General no va a renunciar a su cargo. Su actuar siempre se ha desarrollado en estricto cumplimiento de la ley», dijo a periodistas un portavoz de la oficina, el miércoles por la noche.
«El Ministerio Público continúa firme en sus investigaciones con un único fin: la averiguación de la verdad», agregó.
Con presunto fraude electoral, Arévalo ganó la segunda vuelta electoral en agosto con un margen de victoria de 20 puntos.
Indígenas guatemaltecos de corte izquierdista han salido a las calles en los últimos días para protestar contra lo que llaman un golpe a cámara lenta (a pesar que si no ha tomado el poder no puede haber golpe), exigiendo la renuncia de Porras junto con otros funcionarios judiciales involucrados que realizan la investigación de las denuncias.
El Ministerio Público allanó el partido Semilla de Arévalo y el organismo electoral, en lo que llamó operaciones necesarias para investigaciones legales sobre supuestas irregularidades durante las elecciones, especialmente acusaciones de que el registro de Semilla hace seis años estaba contaminado por firmas falsificadas.
Más temprano el miércoles, la Corte Constitucional de Guatemala dijo que había ordenado a las autoridades usar la fuerza contra los manifestantes sólo como último recurso y les pidió que pusieran fin a sus bloqueos.
