La cantidad de salvadoreños encarcelados en el país se ha triplicado a 100.000 en menos de dos años bajo las duras medidas del presidente Nayib Bukele contra las bandas delincuenciales, dijo el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, revelando por primera vez cuántas personas ha encarcelado el Gobierno.
Desde marzo de 2022, las autoridades salvadoreñas han arrestado a más de 72.600 personas bajo sospecha de ser miembros de pandillas, dijo en una entrevista Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad Pública. Si bien ninguno de los detenidos ha sido sentenciado, la población carcelaria del país se ha triplicado a una cifra “cercana” a los 100.000, dijo Villatoro.
Esto significa que El Salvador ha encarcelado al 1,6% de sus 6,3 millones de ciudadanos. Eso le da una tasa de encarcelamiento equivalente al triple de la de Estados Unidos y a más del doble de la de Cuba, que ocupa el segundo lugar a nivel mundial, según datos de World Prison Brief, con sede en el Reino Unido.
El Gobierno de Nayib Bukele no ha revelado formalmente información sobre su población carcelaria desde 2020, antes de que se invocaran facultades de emergencia para comenzar sus medidas sin precedentes contra las bandas delincuenciales. Grupos de derechos humanos han criticado las medidas cada vez más autoritarias del presidente y han denunciado su campaña contra la delincuencia. Sin embargo, la campaña también ha hecho que el país sea más seguro y ha aumentado su popularidad entre los salvadoreños.
La ola de arrestos también ha ampliado la red de prisiones de El Salvador. El Centro de Confinamiento del Terrorismo, conocido como Cecot, a pesar de tener capacidad para 40.000 reclusos, hasta el momento sólo alberga a 12.000, según el director de la prisión, que no quiso ser identificado por temor a su seguridad.
Para 2015, El Salvador se había convertido en el país más violento del mundo, en gran parte gracias a bandas como la MS-13 y la 18, formadas inicialmente por pandilleros salvadoreños en EE.UU. que habían sido deportados a casa. “En muchas de nuestras comunidades, el aspiracional de muchos de nuestros jóvenes o niños era ser pandilla”, dijo Villatoro. “Miraban cómo estos grupos eran los que mandaban”.
En marzo de 2022, Bukele inició su represión contra la delincuencia con la implementación de un “régimen de excepción” que otorgó a las autoridades amplias facultades para encarcelar a personas. Para los partidarios de la línea dura, ha sido eficaz: mientras la tasa de encarcelamiento en El Salvador ha aumentado, su tasa de homicidios se ha desplomado. “¿Cuándo va a terminar el régimen de excepción? Cuando hayamos sometido a la justicia al último de estos terroristas”, señaló Villatoro.
Los detractores de las políticas de Bukele, como Abraham Abrego, abogado y director del programa de litigio del grupo de derechos humanos Cristosal, creen que las medidas del presidente han resultado en la detención continua de miles de inocentes. “Ha sido una práctica de detenciones masivas arbitrarias porque no hay una investigación previa ni una orden judicial”, dijo Abrego.
Villatoro dijo que El Salvador reformará su sistema de justicia para acelerar las sentencias para quienes ya están encarcelados. El sistema ya está desbordado: las prisiones más antiguas del país albergan ahora a 88.000 detenidos, frente a los 30.000 antes del régimen de excepción, según Villatoro.
En el Cecot, el Gobierno pretende demostrar que respeta los derechos humanos. Pero Villatoro dijo que las organizaciones de derechos humanos están obsesionadas con los derechos de los criminales, a los que a menudo se refiere como “seres” en lugar de personas.
“Los delincuentes, los criminales, tienen derechos humanos, claro que tienen derechos humanos”, indicó. “Pero los tienen limitados”.
