Economía

Gobierno pedirá millonario préstamo al BCIE

El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, pidió el martes a la Asamblea Legislativa autorización para suscribir un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por $200 millones para reponer fondos usados o que serán utilizados en subsidios al precio de combustible aprobados por el Gobierno.

Los dineros del préstamo servirán para atender «transferencias varias y obligaciones generales del Estado» y «atender prioridades estratégicas del Gobierno».

Según el proyecto de decreto, «el BCIE reembolsará al Estado las erogaciones que el Gobierno ha realizado o los ingresos que ha dejado o dejará de percibir por la implementación de las medidas relacionadas» a la eliminación de cobros al combustible.

Hacienda explica la consecución de nuevas fuentes de crédito a «la disminución de ingresos» por la suspensión del cobro del IVA al combustible, de la Contribución Especial para la Estabilización de las Tarifas del Servicio de Transporte Público de Pasajeros (Cotrans) y del cobro para la Cuenta Especial de Estabilización y Fomento Económico (FEFE), así como la fijación de precios máximos a los combustibles y la estabilización de precios del gas licuado de petróleo.

El Gobierno sostiene que los fondos servirán para «reembolsar erogaciones» ya realizadas, también indica que requiere esfuerzos para «continuar atendiendo transferencias varias y obligaciones generales del Estado».

De igual manera, el Ministerio de Hacienda también presentó en la sesión plenaria del martes un proyecto que le permitirá que los tenedores o inversionistas de $1,600 millones de bonos estatales que se vencen en 2023 y 2024 tengan la opción de vender dichos bonos al Ministerio de Hacienda de manera anticipada. Para realizar los pagos a los inversionistas que así lo opten, el Gobierno echará mano de 275 millones de Derechos Especiales de Giro asignados en 2021 por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Las acciones del ministerio de Hacienda forman parte de un «documento interno» del Ministerio de Hacienda fechado en marzo de 2022 y que fue compartido con inversores para intentar abrir canales de diálogo en Wall Street. El documento indica que informó que el Gobierno habría planeado distintas acciones para evitar caer en ‘default’, como se define en el ámbito financiero el incumplimiento de pago de una deuda por falta de liquidez o de voluntad.

Entre los escenarios varios para poder honrar los compromisos de país a tiempo, la oficina de la presidencia habría definido varias alternativas:

  1. Alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que estaría condicionado a la derogación del bitcóin como moneda de uso oficial.
  2. Abordar el «mercado local de deuda» e implementar la prometida pero retrasada «reforma de pensiones».
  3. Buscar «fuentes adicionales de financiamiento» en instituciones como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).
  4. Aumentar la recaudación fiscal con «mayor eficiencia» o con la creación de nuevos impuestos.
  5. Implementar un plan de ahorro o de austeridad para disminuir el gasto público.
  6. Cambiar regulaciones para las reservas de liquidez, lo que permitiría a los bancos locales adquirir un mayor porcentaje de títulos del Estado.

Entre las «otras fuentes de financiamiento» que estaría planteando la cartera Hacienda está la obtención de un crédito adicional con el BCIE, por 200 millones de dólares, y otro financiamiento por 500 millones con la CAF. Además, la reforma de pensiones que sigue sin materializarse desde el 2021 y que implica su nacionalización, daría al Gobierno 589 millones de dólares solo en emisiones de bonos.

A estos recursos, se sumarían otros 289 millones por la emisión de papeles para el mercado local, que tendrían impacto a corto plazo. El Gobierno también podría recurrir a las reservas del Banco Central salvadoreño e incluso hacer uso de los derechos especiales de giro del FMI, un activo al que los Estados miembros pueden recurrir en momentos de apremio.

También es posible que el Ejecutivo comience a mover sus depósitos en la banca para que las entidades financieras utilicen esos recursos en la compra de títulos del Estado, hasta unos 200 millones de dólares, lo que implicaría bajar la reserva de liquidez y aumentar el nivel de riesgo en el sistema financiero.

Dos de estas acciones son las solicitadas por el Ejecutivo al Legislativo en la Plenaria del martes.

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