Editorial

Una extensión del estado de excepción, ¿sería Inconstitucional?

Una nueva ampliación del régimen de excepción en El Salvador, que suspende garantías constitucionales, sería aprobada por el Congreso «fuera del marco de la constitución», aseguran organizaciones de oposición que se auto nombran defensores de derechos humanos. Más grave aún, alertan que en el país se está «configurando una situación de lesa humanidad».

El Salvador se encuentra bajo régimen de excepción desde el 27 de marzo y su plazo fue ampliado hasta finales de mayo, pero se prevé que la Asamblea Legislativa, a petición del presidente Nayib Bukele, lo amplíe una vez más esta semana.

Una escalada de violencia, que se cobró la vida de 87 personas y colocó el día 26 de marzo como el más violento de la historia reciente del país, dio pie a decretar esta medida extraordinaria.

Dicho régimen suspende las libertades constitucionales de reunión, asociación, inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones, además del derecho a la defensa.

En este contexto, las organizaciones sociales han recabado más de 500 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y, además, se contabiliza la muerte de 16 personas.

Estas cifras serían escandalosas si no se pone en contexto que son ya más de 35,000 capturados a la fecha, lo que hace los reclamos marginales.

De acuerdo a voces opositoras, la Constitución de El Salvador habilita la suspensión de derechos constitucionales que no excederá los 30 días y que «podrá prolongarse la suspensión por igual periodo» en caso de continuar «las circunstancias que la motivaron», la Carta Magna no establece plenamente si la ampliación se puede dar por una única vez, por lo que se da a interpretaciones.

Para Abraham Ábrego, director de Litigio Estratégico de la organización humanitaria Cristosal, el punto clave es si se cumple el motivo que dio pie a la declaración del régimen inicialmente, que fue el alza de los homicidios, aunque resoluciones de la Sala de lo Constitucional han señalado que no es motivo para suspender las garantías constitucionales.

La referida Sala señaló en una ocasión (80´s) que «el alza de homicidios es una situación grave, pero no consideró la Sala que estuviera en las causas para establecer el régimen de excepción.

«Si el régimen se prolonga en una forma que se vuelve permanente» deja de ser un «mecanismo temporal y extraordinario», explica Ábrego.

Para la reconocida activista de izquierda, Celia Medrano, excandidata a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la primera prórroga que se aprobó, el pasado 25 de abril, fue inconstitucional.

«La prórroga aprobada ha sido prácticamente automática, sin mayor fundamento y por ello claramente inconstitucional de fondo», asegura Medrano.

Para la militante de izquierdas, «lo que cada vez queda más claro es que en la consolidación de la militarización de la seguridad pública, la población normaliza cada vez más las prácticas de autoritarismo y poder convencida y engañada en la ilusión que solo con este tipo de medidas se les garantiza seguridad».

«Ni la Constitución de la República ni el respeto a los derechos humanos preocupa a funcionarios que asumen que gozarán de impunidad de por vida», indicó Medrano y apuntó que «el arrastrar un conjunto cada vez más amplio de inconstitucionalidades no es ignorancia», dado que «los funcionarios son sabedores que violentan la Constitución».

En esta misma línea, Ábrego señaló que la ampliación del régimen, a pesar de que la ola de asesinatos fue controlada en los primeros días de su vigencia, es para propagar la idea entre la población que si están en «régimen de excepción, se puede hacer cualquier cosa que ellos quieran».

¿BAJO EL UMBRAL DE DELITOS DE LESA HUMANIDAD?

Cristosal dice haber recibido 555 denuncias de violaciones a derechos humanos durante el régimen de excepción, que afectaron a 556 personas.

El 87,7 % de las denuncias son por detenciones arbitrarias atribuidas a agentes de los cuerpos de seguridad, mientras que el 4,7 % es por lesiones y el 0,4 % por muerte de persona detenida.

David Morales, exprocurador de Derechos Humanos y jefe jurídico de Justicia Transicional de Cristosal, advirtió que bajo las masivas detenciones de supuestos pandilleros, las autoridades también han arrestado a personas «que no son pandilleros y se les somete a graves sufrimientos y violencia de Estado».

«Creo que estamos en una situación donde ya se configura un escenario posible de lesa humanidad y que es un momento de alerta temprana que estamos tratando ya de lanzar a la comunidad internacional», apuntó Morales.

Las denuncias que se han conocido, sostuvo el letrado, dan cuenta de que «ya se están produciendo detenciones arbitrarias masivas, situaciones de tortura, de tratos crueles, inhumanos y degradantes, de muertes arbitrarias dentro de las cárceles», que son «graves violaciones a derechos humanos que podrían representar crímenes de lesa humanidad».

Alertó que en El Salvador estaría reapareciendo la figura del «detenido desaparecido» en los casos en los que las autoridades no dan información a las familias de los detenidos.

En el marco de esta «guerra contra las pandillas», llamada así por el presidente Bukele, las autoridades han detenido a 35.000 personas.

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