La Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, decidió el domingo extender por otro mes el estado de excepción que rige en el país, tras una solicitud del presidente Nayib Bukele.
A finales de marzo, también tras una solicitud de Bukele, el Congreso aprobó el régimen de excepción, que incluye la suspensión de la libertad de asociación, del derecho de defensa y de la inviolabilidad de la correspondencia.
La solicitud del mandatario tuvo lugar luego de que se reportaran más de 80 asesinatos en un fin de semana, lo que llevó al gobierno a apresar a presuntos miembros de pandillas.
El artículo 29 de la Constitución del país establece que dicho estado de emergencia puede ser declarado en «casos de guerra, invasión de territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia y otras calamidades generales, o graves perturbaciones del orden público», aunque solo por 30 días, que son prorrogables.
La medida, aprobada por la mayoría oficialista del Legislativo, limita la libertad de asociación, suspende el derecho de ser informado de las razones de arresto, amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención administrativa y permite a las autoridades intervenir los celulares de quienes consideren sospechosos.
Según cifras oficiales, desde entonces las autoridades han detenido a más de 16.000 presuntos pandilleros, aunque la medida ha sido criticada por numerosos grupos de derechos humanos, que aseguran que muchas personas, incluidos menores de edad, son detenidas solo por su apariencia.
Una encuesta publicada la pasada semana mostró que cerca del 90% de la población apoyaba las medidas restrictivas aprobadas por la legislatura.
La oposición ha cuestionado la extensión del estado de excepción, dado que aseguran que las causas que le dieron origen (los homicidios) ya no están vigentes.
Según informó Bukele en Twitter, el sábado el país no reportó ningún asesinato.
Medidas contra las pandillas
El aumento de la violencia de las pandillas en El Salvador tiene lugar luego de que durante gran parte de 2020 se redujeran a niveles históricos los asesinatos en las calles del país.
Partidos políticos de oposición, gremiales y medios contrarios al gobierno, atribuyeron esta reducción a una tregua entre el gobierno de Bukele y las maras, algo que las autoridades niegan.
Además, EE.UU. sancionó a dos miembros del Ejecutivo a finales del año pasado por «negociar en secreto» con el crimen organizado.
A finales de marzo las cifras de asesinatos se volvieron a disparar, lo que llevó a los medios críticos del gobierno y a la oposición a señalar que había terminado «la boda de Bukele y las maras».
Además del régimen de excepción, la Asamblea Legislativa aprobó también a inicios de abril una reforma al Código Penal, con la cual los miembros de las maras o pandillas podrán ser sancionados con penas de 20 a 40 años de prisión, mientras los líderes de estos grupos podrán recibir entre 40 y 45 años de cárcel.
En uno de sus incisos más polémicos, la reforma al código penal incluye también considerar como adultos -y juzgarlos como tal- a los pandilleros mayores de 12 años.
En otra serie de medidas, la Asamblea decidió también aprobar sanciones contra los medios y periodistas que reproduzcan mensajes de las llamadas maras.
Las polémicas reformas incluyen, además, la prohibición de grafitis alusivos a las pandillas y la incautación y uso posterior de bienes y armas de las maras para combatirlas.
No es la primera vez que Bukele toma medidas en las cárceles contra los pandilleros tras repuntes de la violencia en el país, pero es la primera vez que la emergencia sale de los penales a las calles.
Previamente, en abril de 2020, Bukele impuso un estado de excepción en las cárceles y mezcló presos de bandas diferentes en la mismas celdas tras un aumento de homicidios en el país.
En una estretegia similar a lo sucedido ahora, el gobierno publicó numerosas imágenes y videos de pandilleros presos en ropa íntima a los que hacían sentarse uno contra el otro en los pasillos de las prisiones.
