El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, aseguró que el gobierno salvadoreño, al evaluar el posible crédito por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que hace es «sentarnos, revisar, no vamos a comprometernos con algo que no vamos a poder cumplir”.
Zelaya asegura que el Gobierno salvadoreño no firmará un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que no pueda cumplir.
“Con el acuerdo con el Fondo, nosotros no tenemos porque llegar a sentarnos a una mesa y solo firmar. Ese ha sido el problema siempre en este país, que nunca se revisan y se adaptan las soluciones a las necesidades propias de nuestra economía», sentenció el ministro de Hacienda.
El Gobierno salvadoreño presentó hace un año una petición al Fondo Monetario para un programa de financiamiento de hasta $1,300 millones que le permitiría cubrir la brecha presupuestaria, mientras realizaba un ajuste fiscal.
El acuerdo debía estar listo a mas tardar el primer semestre del 2021, sin embargo, ante varias medidas económicas y políticas tomadas por el gobierno de Nayib Bukele, las negociaciones se demoraron y hasta la fecha no se ha llegado a acuerdo alguno.
Las primeras acciones que entorpecieron las negociaciones con el FMI fue el endeudamiento rampante del país y la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y el fiscal general de la República, sin embargo, la acción por parte de El Salvador que se convirtió en un «impasse» para la obtención de los tan necesitados fondos fue la adopción del bitcoin como moneda de curso legal.
El FMI, al recibir una solicitud de un país, propone un programa de asistencia financiera y presenta una propuesta de métricas fiscales que se deben realizar para estabilizar las finanzas públicas y así poder considerar a la nación solicitante como «sujeta de crédito», pero es el solicitante quién decide y propone las medidas a ser consideradas por el Fondo.
El Gobierno salvadoreño propuso, para poder ser considerado para el crédito, un ajuste del 4 % como proporción del PIB durante tres años, 2.6 % en reducción del gasto público y 1.4 % por mayores ingresos.
Dichas propuestas no son aceptadas por el FMI, que las considera insuficientes.
La deuda pública de El Salvador era el 83.5 % del PIB al cierre del 2021; sin embargo, en la revisión al Artículo IV, de enero pasado, el FMI señaló que con las políticas vigentes estos compromisos ascenderían al 96% del PIB para 2026.
Zelaya pretende convencer al Fondo monetario con el argumento de que incrementando la inversión pública, haciendo crecer el PIB y atacando la evasión fiscal, además de implementar políticas para racionalizar el gasto público, es suficiente para sanar las finanzas públicas.
Con información de Agencia Digital de Noticias -ADN-
