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Los ocho ex funcionarios acusados por corrupción en Centros Penales serán juzgados en libertad

El Juzgado Sexto de Paz decidió el miércoles que el ex ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, y otros ocho ex funcionarios del pasado gobierno de Salvador Sánchez Cerén sean procesados en libertad por supuestos actos de corrupción.

El Ministerio Público presentó ante el juez el requerimiento judicial contra el ex ministro Ramírez Landaverde, el ex viceministro de la misma cartera, Raúl Antonio López, el oficial de la policía Marco Tulio Lima, que se desempeñaba como director de Centro Penales, y otros seis ex funcionarios.

Las autoridades judiciales los acusan de actos arbitrarios, peculado, cohecho impropio y falsedad ideológica en el manejo de los fondos de las tiendas institucionales que funcionaban en las cárceles del país y que fueron administradas por una fundación privada que presidía Ramírez Landaverde.

Además, por los mismos presuntos actos de corrupción están siendo procesados 12 trabajadores, cuadrilleros y motoristas de la Administración de Acueductos y Alcantarillados, que por órdenes superiores realizaron proyectos de agua en una de las cárceles del país.

Al momento de las capturas, el Ministerio Público informó que los funcionarios procesados se habrían apropiado de al menos 14 millones de dólares.

Una de las fiscales del caso explicó que, aprovechándose de su posición, los ex funcionarios crearon un mecanismo ilegal de administración de fondos de las tiendas penitenciarias para beneficiar a través de compras a la fundación privada Asocambio en la que también eran directivos.

Al ordenar que sean procesados en libertad, el juzgado ordenó el pago de una fianza de entre 1.000 y 5.000 dólares para cada uno de los acusados y que deben estar presentes en todas las etapas del proceso, así como acudir cada cierto tiempo a firmar en la sede judicial.

Ramírez Landaverde fue nombrado ministro de Justicia y Seguridad Pública en enero de 2016. Antes se había desempeñado como director general de la Policía Nacional Civil de 2014 a 2016 y como subdirector de esa entidad entre 2012 a 2014 en los gobiernos del izquierdista partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

El fiscal general, Rodolfo Delgado, explicó que el Ejecutivo de Sánchez Cerén permitió que la organización Asocambio administrara las tiendas al interior de las cárceles “sin ningún control del Estado”, lo que “dio pie para crear un mecanismo para poder lucrarse”.

Landaverde fue capturado el pasado jueves en vinculación con esta causa, según anunció el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, en su Twitter. ”Hemos capturado al ex ministro de Seguridad del gobierno del FMLN Ramírez Landaverde por actos de corrupción”, publicó.

El delito de peculado, según el código penal salvadoreño, tiene una pena de 12 a 15 años de cárcel. Para el de cohecho impropio, falsedad ideológica y actos arbitrarios, la pena oscila entre 2 y 6 años de prisión.

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