Con muchos en su contra y el pueblo a su favor, el presidente Nayib Bukele cumple dos años en la mas alta magistratura de El Salvador, distanciado de la comunidad internacional, que lo cuestiona por tratar de concentrar el poder con la ayuda del Congreso.
A pesar de la poca claridad de hacia dónde se dirige el país, la gran mayoría de la población confía ciegamente en el presidente y apoya sus decisiones con independencia de las consecuencias.
El gobernante «millennial» de 39 años, llegó al poder el 1 de junio de 2019.
Con una imagen fresca y de gorra con la gorra hacia atrás, Bukele capitalizó el descontento popular sobre los partidos tradicionales, la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que se habían alternado el poder de 1989 a 2019.
El gobernante difundió la última semana una encuesta del Centro de Investigaciones de Estudios Sociales (CIESCA), donde un 89% se mostró de acuerdo con su trabajo.
Para la directora del Instituto de Opinión Pública de la UCA, Laura Andrade, hay una «avalancha publicitaria» del gobierno en redes que «distorsiona la forma en que la población salvadoreña interpreta la realidad, con un contenido que no les proporciona elementos que la empoderan sino que la fragmentan».
Los logros
Mantener la baja de homicidios en un país sin guerra, que se presentaba como uno de los más violentos del mundo es su mayor logro.
Bukele recibió el país con un promedio de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes, una cifra que descendió en 2020 a 20 muertes por 100.000, fruto de un plan contra las violentas pandillas.
El control de la Covid-19 y la vacunación masiva en un continente, a excepción de Estados Unidos y Canadá, que carece de logística y planificación, mientras a El Salvador «le sobran las vacunas».
Además, Bukele «minimizó» la crisis económica producida tras el estallido de la pandemia, entregando 300 dólares a las familias más necesitadas y repartiendo alimentos.
Así, en las elecciones parlamentarias de febrero, sus aliados se quedaron con 61 de los 84 escaños de la Asamblea Legislativa.
Ni bien asumió en mayo, el nuevo Congreso destituyó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general, colocados allí por las pasadas legislaturas, provocando una condena internacional y de sectores de la oposición, que denunciaron un atropello a la separación de poderes.
La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, aseguró que Washington debía «responder». Su gobierno ya cesó la cooperación a la Policía y al Instituto de Acceso a la Información y reorientó esos fondos en la lucha contra la corrupción.
Tras el distanciamiento con Estados Unidos, El Salvador ha estrechado lazos con China, con un acuerdo de cooperación de 500 millones de dólares.
El distanciamiento con Washington ocurre en momentos en que Bukele negocia con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un préstamo de 1.300 millones de dólares, en un país cuya deuda externa bordea el 90% de su PIB. El FMI solicita a cambio un ajuste fiscal del 4%.
Bukele ya había sido criticado por tener actitudes autoritarias al haber llegado escoltado por militares al Congreso en 2020 – en ese momento controlado por la oposición- para pedir la aprobación de un préstamo para seguridad ciudadana.
El gobierno también prepara una reforma a la Constitución, que actualmente no permite la reelección. Y aunque el gobierno ha rechazado que Bukele se repostule, en la encuesta de CIESCA, los salvadoreños apoyan esa posibilidad en un 95%.
