El anuncio de la congresista Norma Torres sobre la inminente publicación de una lista de funcionarios vinculados a supuestos actos de corrupción podría tener los efectos desastrosos de una tormenta política perfecta.
Prueba de lo anterior es la visita del enviado especial del gobierno de los Estados Unidos, que a no dudar, se prestará para negociar alternativas ante la reacción de los afectados y a la incertidumbre de cuál será la respuesta del gobierno obligado para con quienes integran su estructura gubernamental.
El presidente Nayib Bukele, en su reunión con el enviado especial de los Estados Unidos, deberá esforzarse por no hacer de sus controversias con la senadora Norma Torres un tema de honor en el que fácilmente se pueden decir cosas de las que luego uno se arrepiente.
Equivocada o no, la actitud de la senadora Torres responde a un compromiso adquirido con sus electores para que los impuestos que se pagan en EE.UU. no terminen en el bolsillo de funcionarios para satisfacer intereses particulares. El presidente debe entender eso.
Se le podría aconsejar a Bukele renunciar a su egolatría y hacerse acompañar por técnicos, aunque no sean golondrinos, encabezados por el fiscal general de la República, para enviar, a través de Zúñiga, un mensaje claro al presidente Biden, a su gobierno, al Congreso y a la misma senadora Torres, de que la Constitución salvadoreña, acorde con la de los Estados Unidos, garantiza el debido proceso y la presunción de inocencia, por lo que, quienes resulten en esta lista, tendrán legítimo derecho a defenderse si consideran que las acusaciones no son reales.
La lista que amenaza dar conocer la senadora Torres solo tendrá valor en la medida que incluya a personas que hayan sido condenadas judicialmente. De lo contrario, aparte del escándalo político, estaremos frente a un acto de especulación política que tendrá graves repercusiones.
El mensaje del gobierno de EE.UU. es claro: en los países que no tengan un sistema económico y de justicia social, que garantice el bienestar de la población los gobiernos serán catalogados como corruptos y cooptados por las mafias y el crimen organizado.
La lista anunciada por la congresista Torres es distinta a la “Lista Engel”, con la cual también se esperan sanciones para actores vinculados a actos de corrupción. La lista de la senadora Torres forma parte de las disposiciones que se incluyeron en el paquete de Apropiaciones Ómnibus aprobado por el Congreso el 21 de diciembre del año pasado. Será elaborada por el Departamento de Estado e incluirá también a personas involucradas en tráfico de estupefacientes y financiamiento electoral ilícito.
Las repercusiones para quienes figuren en listados de corrupción podrían ser desde una sanción moral, hasta política, ya que las personas podrían no aspirar a cargos de elección popular por cuestionarse su honorabilidad y su derecho a la presunción de inocencia. En pocas palabras: el gobierno debe ser enfático y dejar en claro que ninguna lista, venga de donde venga, puede estar por encima del debido proceso ni de la presunción de inocencia.
Es más, el presidente Bukele debe dejar claro y firme que ninguna potencia extranjera puede pretender estar por encima de los derechos individuales con las que ampara la Constitución Política de El Salvador a sus ciudadanos.
