La Fiscalía General de la República (FGR) presentó el miércoles ante el Juzgado Décimo de Paz de San Salvador la acusación en contra de tres personas involucradas en el ataque que un grupo de simpatizantes del opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) sufrió la noche del domingo y que dejó dos muertos y varios heridos.
Los tres acusados son empleados del Ministerio de Salud, adscrito a la Presidencia de la República.
Se trata de un agente miembro de la División de Protección a Personalidades Importantes (PPI) de la Policía Nacional Civil (PNC) que recibe su salario del MINSAL, un motorista y un vigilante privado del mismo Ministerio, según los confirmaron fuentes fiscales durante una conferencia de prensa en la que se brindaron avances en la investigación.
Los sospechosos del ataque, que fue condenado por diversos sectores nacionales e internacionales, fueron identificados como Diego Francisco Alvarado (PPI), Roberto Carlos Coto de Paz (vigilante) y Héctor de Jesús Castaneda (motorista).
«Este día se presentó el requerimiento (acusación formal) al Juzgado Décimo de Paz solicitando instrucción formal con detención provisional en contra de los imputados detenidos: Diego Francisco Alvarado, Héctor de Jesús Castaneda y Carlos Coto de Paz», señaló el jefe fiscal de San Salvador, Santiago Hernández.
Los mencionados serán procesados por los delitos de homicidio agravado y por homicidio agravado tentado.
Hernández también indicó que serán liberadas las dos personas -ancianos- que fueron detenidas por la Policía tras el hecho y quienes iban a bordo del vehículo que fue atacado.
«Este día serán puestos en libertad (las dos personas) porque, por el momento, no encontramos elementos que los vincule con este hecho investigado», agregó.
Por su parte, el fiscal general, Raúl Melara, confirmó la participación directa de los implicados, aunque dijo que aún no hay una tesis sobre lo sucedido y que se continúa procesando la prueba balística.
«La prueba balística es algo que todavía no nos ha entregado el laboratorio de la Policía (…) hay diligencias que todavía están en desarrollo (…) se están tomando declaraciones de los testigos que estuvieron envueltos en ese incidente», apuntó.
«El llamado a que dejemos el tema de la violencia, dejemos los mensajes de intolerancia. Por el contrario, los servidores públicos estamos obligados a generar armonía para que eso pueda tener un efecto positivo en la población», expresó.
