La supuesta reaparición en público del cantante Juan Gabriel en los primeros días de diciembre generó más controversia y ya involucraron al presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador.
Joaquín Muñoz, quien fue representante y amigo de Alberto Aguilera Valadez (nombre real del artista), insiste en su versión y se ha puesto en contacto con la oficina de López Obrador para pedirle ayuda que facilite la «resurrección» del cantante, sin repercusiones legales.
“Él simuló su muerte. Escondido no está porque no ha matado ni es narcotraficante. Está en una casa y está perfectamente bien”.
«El mes que entra nos vamos a dar cuenta, está preparándose para que reaparecer públicamente el 15 de diciembre. Ya está aburrido de cómo está. Su situación es horrible, no se la deseo a nadie».
El periodista mexicano Jorge Carbajal confirma esta versión, y explicó que Alberto Aguilera vive enfermo en una modesta casa en el estado de Morelos con 6.000 pesos al mes (300 dólares).
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Alberto Aguilera Valadez está enfermo, según ex representante.
Joaquín añadió ante medios mexicanos que el pasado 8 de julio estuvo con Juan Gabriel. «Nada más que ahorita está mal (enfermo), es diabético, entonces se estaba cortando la uña del pie, se picó y trae infección en el pie».
Muñoz sorprendió al decir que las demandas entre los hijos de Aguilera por la millonaria herencia son mentira. «Juan Gabriel tiene un testamento, sí hay, pero lo tiene él. Lo demás es pura charlatanería. Todo lo que ha hecho Iván es puro cuento. Iván no puede quedarse con nada».
«Iván quiso cobrar regalías de derecho de autor, y le pidieron el acta de defunción de Alberto Aguilera Valadez, que no tiene. Quiso sacar dinero del banco y le pidieron el acta de nacimiento de Alberto, y entonces no ha podido acceder al dinero».
Los fans se sienten engañados
El público está consternado porque varias miles de personas acudieron al Palacio de Bellas Artes en el centro de la capital mexicana a despedir las cenizas del «Divo de Juárez».
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De ser cierto el rumor, Juan Gabriel y los involucrados en la falsificación de su muerte estarían en problemas legales.
Fingir su deceso habría implicado la falsificación de documentos y certificados de defunción, delito que se castiga con 3 a 18 meses en prisión. El funcionario público que extienda un certificado falso, pasaría entre 3 y 24 meses en prisión.
En el Capítulo II del Código Penal, en su artículo 240 en materia de falsificación documentaria, se establece que «el que hiciere un documento privado falso, o alterare uno verdadero, será castigado, cuando hiciere uso de él, con 12 meses de prisión a 5 años de penitenciaría».
En una entrevista realizada para Vice por Simon Davis a Elizabeth Greenwood, autora del libro «Jugando a morir: Un viaje a través del mundo del fraude por muerte», se explicó que es complicado saber cuántas personas fingen su fallecimiento.
«Es complicado saberlo, porque si logran fingirla de verdad, entonces se consideran fallecidas. La única referencia real son las personas que intentan cometer fraude para cobrar su seguro de vida y no lo consiguen. En esos casos suelen saltar varias alarmas indicativas de un posible fraude, como el hecho de haber incrementado la cobertura en los últimos dos años. Los peritos tienen un sexto sentido para detectar este tipo de trampas. Si todo concuerda, suelen investigar más a fondo el caso para averiguar qué sucede.
