La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió a favor de la Asamblea Legislativa en una controversia por el veto del presidente Nayib Bukele contra disposiciones que obligaban al Gobierno a dar seguro de vida y equipo de protección adecuado a los profesionales de salud por violación al equilibrio presupuestario.
En su resolución, la Sala falló que el artículo 4 del decreto 620, aprobado el 1 de abril de 2020, las “Disposiciones en beneficio del trabajo de los profesionales de la salud y médicos en el combate a la pandemia del COVID-19”. “No vulnera el principio de equilibrio presupuestario”, dice.
De acuerdo a la Sala, el monto y la fuente de financiamiento debe establecerse en el presupuesto general del Estado. “Es en dicho proyecto y no en el decreto legislativo vetado que el desequilibrio aludido podría producirse”, explica.
La Sala también resolvió que los artículos 2, 3 y 5 del decreto son constitucionales: estos obligaban al Gobierno a tener acceso a equipos de protección adecuados recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para atender pacientes COVID-19 y no solo
trajes quirúrgicos o batas verdes y zapateras. También obligaba a capacitar a los profesionales de salud en el manejo de los pacientes con COVID-19, y prohibía que personal de salud no debidamente capacitado atendiera a pacientes sospechosos o comprobados con COVID-19 bajo normas establecidas por la OMS.
La Sala resolvió que la competencia para legislar le corresponde a la Asamblea Legislativa y que no interfiere ni es excluyente con la competencia del Órgano Ejecutivo para formar la política nacional de salud ni obstaculiza su facultad de emitir normas o reglas en dicho ámbito.
Casi a la misma hora, el presidente Bukele anunció un proyecto de seguro de vida y pensión vitalicia. No detalló si la propuesta incluirá la obligación de proveer de equipo de protección recomendado por la OMS al personal de salud que atienda a personas que puedan tener o tengan COVID-19.