El diputado opositor por la Alianza Republicana Nacionalista -ARENA-, Francisco Lira, cuestionó la legalidad, el costo y la falta de transparencia del despliegue de más de 2,000 militares salvadoreños en Haití, una operación que el Gobierno de Nayib Bukele presenta como parte de los esfuerzos para localizar y rescatar a cuatro aerotécnicos desaparecidos, pero que ha adquirido dimensiones de una intervención militar de mayor alcance.
Lira afirmó que respalda las acciones necesarias para encontrar a los cuatro militares, pero advirtió que una misión de búsqueda y rescate no debe confundirse con el envío de miles de efectivos a una operación internacional cuyos objetivos, reglas de actuación, duración y consecuencias no han sido explicados suficientemente a la población ni a la Asamblea Legislativa.
El legislador planteó que el Gobierno debe aclarar si el contingente adicional está comprendido en la autorización legislativa aprobada en septiembre para la participación salvadoreña en la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), o si se trata de una operación distinta que requiere un fundamento jurídico específico.
“Una cosa es una misión de rescate y otra muy distinta es desplegar miles de soldados en una operación militar internacional, sin explicar claramente sus alcances, riesgos y consecuencias”, sostuvo.
La crítica coloca en el centro del debate tres asuntos que continúan sin una explicación pública suficiente: el alcance de la autorización legislativa, la naturaleza de los acuerdos con Haití y el financiamiento de una operación que, según el propio presidente, El Salvador costea en un 90 %.
Una autorización legislativa para la GSF, pero dudas sobre el nuevo despliegue
El 29 de septiembre de 2026, la Asamblea Legislativa aprobó con 57 votos la Ley Especial Transitoria para la Participación de la Fuerza Armada de El Salvador en la Fuerza de Supresión de Pandillas en Haití.
La normativa, vigente desde el 2 de octubre, autorizó durante un período inicial de 12 meses la participación de personal militar y civil salvadoreño, así como el envío de aeronaves y otros recursos para apoyar la misión internacional. También estableció que el personal debía respetar las leyes haitianas y las reglas de la operación.
La aprobación se produjo después de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sustituyera la anterior Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad por la GSF, mediante la resolución 2793 de septiembre de 2025.
Por tanto, no es correcto afirmar que la Asamblea nunca autorizó la presencia de militares salvadoreños en Haití. Sí existe una autorización expresa para participar en la GSF. La cuestión que plantea Lira es si esa ley cubre también el despliegue extraordinario anunciado después de la desaparición de los cuatro aerotécnicos y si los más de 2,000 soldados están efectivamente integrados en la estructura internacional autorizada.
Esa distinción ha adquirido relevancia a partir de las declaraciones de Naciones Unidas. El portavoz del secretario general, Stéphane Dujarric, señaló que la mayoría de los militares salvadoreños desplegados recientemente en Haití no opera bajo el marco de la GSF.
Persisten interrogantes sobre quién ejerce el mando de los nuevos contingentes, cuáles son las reglas de enfrentamiento y qué acuerdos regulan su presencia.
La diferencia no es menor: si los efectivos forman parte de la GSF, su participación debe ajustarse al mandato internacional y a los mecanismos establecidos para esa fuerza. Si operan bajo un acuerdo bilateral separado, el Gobierno debe explicar cuál es ese instrumento, qué autoridad lo respalda y cómo se garantiza la supervisión de sus actuaciones.
La Constitución establece la competencia de la Asamblea para ratificar tratados
El cuestionamiento de Lira también tiene una dimensión constitucional.
El artículo 131, numeral 7, de la Constitución de El Salvador establece que corresponde a la Asamblea Legislativa ratificar los tratados o pactos que celebre el Órgano Ejecutivo con otros Estados u organismos internacionales, o denegar su ratificación.
Por su parte, el artículo 168, numeral 4, dispone que el presidente de la República puede celebrar tratados y convenciones internacionales, pero debe someterlos a la ratificación legislativa.
En consecuencia, si el Gobierno ha suscrito con Haití un nuevo tratado o pacto internacional que compromete al Estado salvadoreño, corresponde a la Asamblea conocerlo y decidir sobre su ratificación. El Ejecutivo no puede sustituir esa atribución constitucional.
Sin embargo, es necesario distinguir entre un tratado internacional y otros instrumentos de cooperación o coordinación operativa. No todo entendimiento militar, autorización de ingreso o acuerdo técnico constituye automáticamente un tratado que deba seguir el procedimiento de ratificación. La naturaleza jurídica del documento, sus obligaciones y sus efectos son determinantes.
El problema es que, hasta ahora, el Gobierno no ha puesto a disposición pública el texto de un nuevo acuerdo bilateral que permita establecer con precisión bajo qué condiciones operan los efectivos adicionales.
El 28 de octubre, la Cancillería informó sobre una conversación telefónica entre Bukele y el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, en la que abordaron la búsqueda de los militares y la continuidad de la cooperación. El comunicado anunció que El Salvador continuaría el despliegue de más de 2,000 soldados, pero no publicó un convenio, sus términos, una cadena de mando ni una fecha de retirada.
La prensa internacional también ha informado sobre un acuerdo bilateral entre ambos gobiernos, pero los términos no han sido divulgados. La falta de acceso al documento impide comprobar si se trata de un tratado sujeto a ratificación, de un acuerdo ejecutivo de otra naturaleza o de una autorización operativa del Gobierno haitiano.
Por ello, la exigencia de transparencia no se limita a determinar si hubo una votación legislativa adicional. También requiere que el Ejecutivo identifique el fundamento jurídico concreto de la operación y explique cómo se relaciona con la autorización de septiembre.
La ONU advierte que la mayoría de los salvadoreños no está bajo el mandato de la GSF
Las dudas no proceden únicamente de la oposición salvadoreña.
Naciones Unidas confirmó que la mayoría del contingente salvadoreño desplegado recientemente no opera bajo el marco de la Fuerza de Supresión de Pandillas.
El portavoz Stéphane Dujarric subrayó que todas las operaciones de seguridad deben respetar el derecho internacional y los derechos humanos.
La agencia también recogió las advertencias de Romain Le Cour, responsable del Observatorio de Haití de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, quien señaló que todavía no se conocen con claridad los términos del acuerdo con el Gobierno haitiano, quién manda a los soldados salvadoreños, bajo qué reglas actúan ni cuánto tiempo permanecerán en el país.
El experto advirtió que la ausencia de información puede generar problemas de transparencia y responsabilidad si ocurren incidentes con civiles.
El primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, afirmó que su Gobierno dirige las fuerzas extranjeras y que estas están en el país para apoyar al Estado, no para sustituirlo. Sin embargo, esa declaración general no despeja por sí sola las preguntas sobre el mando operativo específico del contingente salvadoreño.
La GSF, por su parte, es una fuerza multinacional autorizada por el Consejo de Seguridad, pero no constituye una operación de mantenimiento de paz bajo mando directo de Naciones Unidas. Esta diferencia hace todavía más importante identificar las estructuras de mando y supervisión de cada contingente.
Bukele admite que El Salvador paga el 90 % de la operación
El segundo eje de la denuncia de Lira es financiero.
El presidente Nayib Bukele reconoció públicamente que El Salvador está cubriendo el 90 % de los gastos de la operación militar en Haití. En una publicación difundida en redes sociales, afirmó que el país recibe alguna ayuda logística de otras naciones, pero que la mayor parte del costo sale del presupuesto salvadoreño.
“Somos casi los únicos que estamos pagando por esta operación”, expresó el mandatario, quien también reconoció que el despliegue resulta costoso, aunque justificó el gasto al señalar que la justicia y la paz no tienen precio.
Sin embargo, no precisó cuánto representa ese 90 %, cuál es el costo total estimado, qué instituciones están financiando las operaciones ni de qué partidas presupuestarias provienen los recursos.
Tampoco se ha divulgado un desglose público que permita conocer el gasto en transporte aéreo, combustible, alimentación, alojamiento, mantenimiento de aeronaves y vehículos blindados, municiones, equipos de comunicación, seguros, atención médica y remuneraciones o compensaciones del personal desplegado.
La pregunta es relevante porque el envío de más de 2,000 militares, helicópteros y vehículos tácticos implica costos que van más allá del traslado inicial. La permanencia de un contingente de esa magnitud en el extranjero requiere recursos continuos para sostener las operaciones y garantizar la logística.
Los datos presupuestarios disponibles ofrecen una referencia sobre la dimensión de los recursos administrados por Defensa, pero no permiten determinar cuánto se ha destinado a Haití. Con base en la memoria de labores del Ministerio de la Defensa, la Fuerza Armada devengó aproximadamente 366.8 millones de dólares entre junio de 2025 y mayo de 2026. De ese monto, 327.4 millones correspondieron a remuneraciones.
El presupuesto aprobado para el ramo de Defensa en 2026 fue de aproximadamente 334.6 millones de dólares, aunque las modificaciones presupuestarias elevaron la programación del período analizado.
Esos datos no deben confundirse con el costo de la misión haitiana. Precisamente, la ausencia de una cuenta separada o de un informe público de gastos impide conocer su impacto real sobre las finanzas nacionales.
Una ley que también establece excepciones en las compras militares
La discusión sobre el dinero tiene otro elemento relevante: la ley aprobada en septiembre para la participación salvadoreña en la GSF establece que las compras que realice el Ministerio de Defensa para equipar, entrenar, preparar y enviar al personal a la misión no estarán sujetas a la Ley de Compras Públicas.
Esa disposición no significa que los recursos puedan utilizarse sin control ni que desaparezcan las obligaciones de rendición de cuentas. Pero sí establece un régimen especial para las adquisiciones relacionadas con la misión, lo que vuelve especialmente importante que el Ministerio de Defensa publique información sobre montos, conceptos de gasto y mecanismos de auditoría, respetando las reservas legítimas que puedan aplicarse a determinados aspectos militares.
La ciudadanía tiene derecho a conocer cuánto cuesta una operación financiada con fondos públicos, aunque ciertos detalles tácticos o de seguridad deban mantenerse bajo reserva.
La transparencia presupuestaria no exige revelar rutas, posiciones o planes operativos que pongan en riesgo a los militares. Sí exige informar sobre los recursos autorizados, los gastos ejecutados y los mecanismos institucionales que verifican su utilización.
La narrativa oficial: rescate, combate a las pandillas y proyección internacional
Desde que se conoció la desaparición de los cuatro aerotécnicos el 18 de octubre, el Gobierno ha presentado el despliegue como una respuesta para recuperarlos y enfrentar a las estructuras criminales que controlan amplias zonas de Haití.
Bukele ha difundido videos del traslado de soldados, helicópteros y vehículos blindados, y ha dirigido mensajes a la población haitiana en los que asegura que El Salvador no pretende ocupar el país ni apropiarse de sus recursos. También ha vinculado la operación con la experiencia salvadoreña en el combate a las pandillas y ha prometido que los militares regresarán cuando concluya la misión.
El mensaje oficial ha enfatizado la solidaridad con Haití, la capacidad militar salvadoreña y la determinación de enfrentar a los grupos armados. El presidente ha llegado a afirmar que su país está dispuesto a ayudar a los haitianos a recuperar el control de sus comunidades.
Sin embargo, esa comunicación pública no ha venido acompañada de información equivalente sobre los límites jurídicos de la operación, el mando de las tropas, los riesgos para la población civil, el presupuesto comprometido o los resultados concretos de la búsqueda.
La presentación de la misión como una demostración de la eficacia del modelo salvadoreño de seguridad también ha alimentado cuestionamientos sobre su utilización como instrumento de proyección política internacional.
Lira expresó preocupación por que una operación de esta magnitud termine sirviendo para reforzar la imagen internacional del presidente, mientras las necesidades internas quedan relegadas.
Su señalamiento no demuestra por sí mismo que ese sea el propósito del despliegue, pero introduce un debate legítimo sobre la relación entre las decisiones de política exterior, la comunicación gubernamental y la rendición de cuentas por el uso de recursos públicos.
Los cuatro militares continúan desaparecidos
La operación se originó después del ataque del 18 de octubre contra los cuatro aerotécnicos salvadoreños que realizaban labores relacionadas con evacuaciones médicas en Haití.
La Policía Nacional de Haití informó posteriormente del hallazgo del vehículo calcinado en el que se desplazaban los militares, en el sector de Santo, dentro de la comunidad de Croix-des-Bouquets. La operación de búsqueda en la que fue localizado el vehículo contó con la participación de la Policía haitiana, la GSF y soldados salvadoreños.
Associated Press informó que el hallazgo no permitió localizar a los cuatro hombres ni confirmar su destino.
La desaparición de los militares constituye una situación grave que exige una respuesta efectiva del Estado salvadoreño y la cooperación de las autoridades haitianas. Pero el deber de proteger a los integrantes de la Fuerza Armada no elimina la obligación de explicar las decisiones adoptadas, sus fundamentos legales y el uso de los recursos nacionales.
Las preguntas que el Gobierno debe responder
La denuncia de Francisco Lira coincide con interrogantes que también han sido planteados por organismos internacionales y medios de comunicación:
- ¿Qué instrumento jurídico autoriza el despliegue extraordinario de más de 2,000 militares y cuál es su relación con la ley aprobada para participar en la GSF?
- ¿Existe un nuevo acuerdo bilateral entre El Salvador y Haití? ¿Cuál es su contenido y qué autoridad lo suscribió?
- ¿El acuerdo constituye un tratado o pacto internacional sujeto a ratificación legislativa, o es un instrumento operativo de otra naturaleza?
- ¿Quién ejerce el mando directo sobre los efectivos salvadoreños que no están bajo el marco de la GSF?
- ¿Cuáles son las reglas de enfrentamiento y los mecanismos para investigar posibles daños a civiles?
- ¿Cuánto cuesta la operación, qué partidas presupuestarias la financian y qué países aportan apoyo logístico?
- ¿Qué institución fiscaliza los gastos y cuándo se presentará un informe de ejecución presupuestaria?
Hasta ahora, las declaraciones presidenciales han confirmado la magnitud general del despliegue y la proporción del gasto que El Salvador dice asumir, pero no han proporcionado el monto total ni un desglose verificable de los recursos comprometidos.
La controversia no se resuelve calificando la operación como una misión de rescate ni presentándola como una demostración de fuerza contra las pandillas. La legitimidad de una acción militar en el extranjero también depende de su fundamento jurídico, de la autoridad que la dirige, del respeto al derecho internacional y de la rendición de cuentas ante la población que la financia.
La solidaridad con Haití y la búsqueda de los cuatro militares desaparecidos pueden contar con respaldo nacional. Pero, como advierte Lira, no deben convertirse en razones para dejar sin respuesta las obligaciones constitucionales de transparencia y control del gasto público.