El martes 3 de noviembre, los demócratas arrebataron a los republicanos el control del Congreso. Los resultados en Alaska, Kansas y Mississippi siguen cerrados, pero la escala del triunfo demócrata ya asegura que el partido controlará ambas cámaras el próximo año. Según un reporte del 5 de noviembre, el Senado quedó en 54 escaños demócratas, con Mississippi y Alaska aún indefinidos. Un triunfo en cualquiera de los dos subiría la cifra a 55, y en ambos a 56. En la Cámara Baja, se proyectaban 240 escaños demócratas al jueves por la mañana, con 48 todavía abiertos.
Para El Salvador, la pregunta es qué cambia en una relación que la actual administración presenta como estratégica y que se refrendó en julio, cuando Trump recibió a Bukele en la Casa Blanca días después de que este fuera proclamado aspirante a un tercer mandato.
Primero, el calendario
Nada cambia de inmediato. Los demócratas siguen en minoría hasta que el nuevo Congreso se instale el 3 de enero de 2027, aunque los futuros presidentes de comités ya pueden enviar cartas y solicitudes de preservación de documentos. El presidente Trump, por su parte, ha dicho que puede trabajar con los demócratas.
Lo que SÍ pueden hacer
1. Investigar. Con la mayoría vienen la presidencia de comités, las audiencias y la facultad de citar documentos y funcionarios. Un análisis legal prevé que las investigaciones se multiplicarán en el nuevo Congreso. El tema salvadoreño ya tiene antecedentes. El comité de Relaciones Exteriores del Senado, en su bancada demócrata, publicó un informe que sostiene que el gobierno de Trump gastó millones en acuerdos de deportación a terceros países con poca supervisión, entre ellos El Salvador. Esos reclamos pasarían de ser cartas de la minoría a audiencias con poder de citación.
2. Condicionar el dinero. El control del presupuesto es la herramienta constitucional más fuerte del Congreso. Hay un precedente concreto: en 2025, senadores demócratas impulsaron una medida bajo la Ley de Asistencia Exterior que exigiría informes sobre el cumplimiento de órdenes judiciales y una evaluación de los derechos humanos en El Salvador, y prohibiría la asistencia de seguridad si el Ejecutivo no los entrega. Esa medida fue rechazada por el Senado sin votos republicanos. Con otra aritmética, una iniciativa así tendría un camino distinto.
3. Dar visibilidad política. Audiencias, resoluciones y cartas pueden poner en el centro temas como el trato a los deportados en el CECOT, que mantuvo incomunicados cuatro meses a 252 venezolanos deportados, o la reelección indefinida en El Salvador. Son instrumentos de presión reputacional, no de coerción.
4. Usar la confirmación de nominados. El Senado confirma embajadores y altos cargos del Departamento de Estado, lo que le da palanca para exigir compromisos sobre políticas hacia Centroamérica. Es una facultad constitucional real, aunque indirecta.
Lo que NO pueden hacer
1. Dirigir la política exterior. Las relaciones diplomáticas, los acuerdos ejecutivos y la política de deportaciones siguen en manos del Ejecutivo. El Congreso puede legislar, pero no ejecutar ni cancelar por su cuenta lo pactado con Bukele.
2. Imponerse al veto presidencial. Cualquier ley que condicione la relación con El Salvador necesita la firma de Trump. Superar un veto exige dos tercios en ambas cámaras, es decir, 67 votos en el Senado, y las cifras actuales (54 a 56 escaños) quedan lejos.
3. Actuar antes de enero. Hasta el 3 de enero los republicanos siguen controlando los comités.
4. Contar con un frente unido. El Caucus de El Salvador en el Congreso ha sido bipartidista: entre quienes visitaron a Bukele y el CECOT figuraba el demócrata Vicente González, de Texas. La cooperación en seguridad y migración tiene apoyo en ambos partidos, y eso modera cualquier ruptura.
Escenario más probable
Visto con rigor, lo más verosímil es más escrutinio, no ruptura: audiencias y pedidos de información sobre pagos, detenidos y uso de fondos de seguridad, posibles condicionamientos puntuales en las leyes de presupuesto y un costo reputacional creciente para ambos gobiernos. Un cambio estructural en la alianza antes de 2029 sería improbable mientras Trump conserve el veto y el control de la política exterior.
Para Bukele, el riesgo está en que su principal capital, la cercanía con la Casa Blanca, deje de ser un blindaje ante un Congreso que ya no es aliado. La candidatura que busca en febrero de 2027 también será observada desde Washington.