Entre un expresidiario convertido en opositor tanzano, la Corte Penal Internacional, una organización pacifista israelí-palestina, un médico de Gaza, dos gemelas iraníes condenadas a muerte y prisión, y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se decidirá este año quién recibe el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia, el máximo galardón de derechos humanos que entrega anualmente el Parlamento Europeo. La inclusión de Bukele en esa lista de seis nombres, presentada esta semana ante las comisiones de Exteriores, Desarrollo y Derechos Humanos de la Eurocámara, ha generado más preguntas que consensos sobre lo que realmente mide este reconocimiento, cuando su nominación corre a cargo del grupo más pequeño y más a la derecha del hemiciclo europeo.
La propuesta llegó de Europa de las Naciones Soberanas (ESN), una bancada ultraconservadora que agrupa a formaciones como Alternativa por Alemania, y que justificó su elección citando la caída radical de los homicidios en El Salvador, de una tasa cercana a 100 por cada 100,000 habitantes en 2015 a 1.3 en 2025. El eurodiputado alemán René Aust, quien presentó la candidatura, resumió el argumento de su bancada afirmando que Bukele merece el reconocimiento por defender el derecho básico de poder caminar por una calle sin temor. En declaraciones posteriores recogidas por agencias europeas, la justificación formal del grupo fue todavía más contundente: Bukele habría “roto con el imperio del terror” que, según ESN, mantenía secuestrada a la sociedad salvadoreña antes de su llegada al poder.
Esa narrativa, centrada casi exclusivamente en la estadística de homicidios, choca con la lectura que ofrecen organismos especializados en la región. Un estudio reciente de la Fundación Carolina concluye que el modelo salvadoreño produjo resultados visibles mediante el encarcelamiento masivo, la militarización de la seguridad pública y la suspensión prolongada de garantías constitucionales, pero sin atender las causas estructurales de la violencia, como la pobreza, la desintegración familiar o la falta de oportunidades. Consultado sobre si su partido cuestiona que esos resultados se hayan alcanzado mediante un régimen de excepción prorrogado de forma ininterrumpida por más de cuatro años, Aust evitó pronunciarse sobre el método, argumentando que la configuración de la política de seguridad de cada Estado es un asunto que corresponde decidir internamente, y que su bancada se limita a valorar los resultados.
Esa misma lógica se repitió cuando se le preguntó por otro dato que rara vez aparece en los argumentos a favor de la candidatura: cerca del 1.9% de la población salvadoreña se encuentra actualmente privada de libertad, una de las tasas de encarcelamiento más altas del planeta. Para Aust, lo decisivo es el derecho a no ser asesinado ni secuestrado, y la posibilidad de que los padres salvadoreños tengan la certeza de que sus hijos regresarán a casa por la noche; sobre el trato que reciben los detenidos, el eurodiputado dijo partir del supuesto de que son tratados de manera humana, sin que su argumentación abordara las denuncias documentadas sobre la saturación del sistema penitenciario —que, según la propia Fundación Carolina, duplica su capacidad instalada— ni los señalamientos de juicios masivos sin las garantías mínimas del debido proceso que ha documentado la organización WOLA.
La competencia que enfrenta Bukele por el galardón no es menor. Entre los otros cinco nominados figuran la Corte Penal Internacional, propuesta por los Socialistas y Demócratas; Standing Together, una organización israelí que moviliza conjuntamente a ciudadanos judíos y palestinos contra la ocupación; el médico palestino Hussam Abu Safiya, candidato de Los Verdes y La Izquierda; el opositor tanzano Tundu Lissu, respaldado por el Partido Popular Europeo y los Conservadores y Reformistas; y las gemelas iraníes Taraneh y Romina Rahimi, de 21 años, condenadas respectivamente a muerte y a 25 años de prisión tras participar en protestas antigubernamentales en Isfahán a inicios de este año. El proceso de selección continuará el 19 de octubre, cuando los eurodiputados de las comisiones competentes reduzcan la lista a tres finalistas, y culminará el 22 de octubre, cuando la Conferencia de Presidentes del Parlamento Europeo —integrada por la presidenta de la institución y los líderes de cada bloque político— decida al ganador a puerta cerrada, antes de la ceremonia de entrega prevista para el pleno de diciembre en Estrasburgo.
Para Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal, la organización salvadoreña de derechos humanos que opera en el exilio desde julio de 2025 después de que su directora, la abogada Ruth López, fuera detenida bajo reserva judicial, la sola posibilidad de que Bukele figure junto a nombres como el del obispo nicaragüense Rolando Álvarez o las memorias de Marielle Franco y Berta Cáceres resulta difícil de conciliar con la trayectoria pública del propio mandatario, quien en más de una ocasión ha calificado los derechos humanos como una fórmula fallida impuesta por la comunidad internacional. Bullock planteó que, de avanzar en el proceso, la nominación podría convertirse en una oportunidad de enmienda: podría comenzar por identificar a los responsables de denuncias de tortura, crear programas de reparación para las familias de las personas fallecidas bajo custodia estatal durante el régimen de excepción, y garantizar el debido proceso a los miles de detenidos, entre ellos la propia López, procesada después de documentar casos de corrupción y acompañar a víctimas de abuso de poder.
Aunque la aritmética de los bloques parlamentarios hace improbable que Bukele supere la primera ronda de selección del 19 de octubre, la sola inclusión de su nombre en la lista ya cumplió, según Bullock, una función: poner bajo los reflectores de Bruselas la situación de miles de salvadoreños que hoy pagan, en sus propias palabras, el costo de defender sus convicciones dentro de un sistema que el resto de candidaturas de este año —desde Gaza hasta Teherán— parece representar en sentido inverso.