El expresidente Elías Antonio Saca podría recuperar la libertad tras cumplir la pena de prisión que recibió por el desvío de más de 300 millones de dólares de fondos públicos durante su gobierno, entre 2004 y 2009. Fuentes judiciales confirmaron la emisión de una orden de libertad para el exmandatario, recluido en el Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona.
Hasta la publicación de este reporte, no hay confirmación oficial de que Saca hubiese abandonado el centro penitenciario, asímismo, la Dirección General de Centros Penales declinó atender consultas periodísticas.
La razón inmediata de la orden de libertad a favor de Saca no sería un indulto, una amnistía ni una decisión que anule sus condenas. El fundamento es el cumplimiento de la pena de diez años impuesta en 2018 por peculado y lavado de dinero y activos, una vez aplicado el cómputo judicial que determinó cuándo debía terminar de cumplirla.
La cuestión tiene una particularidad: Saca recibió posteriormente otra condena, de dos años, por pagar un soborno a una empleada judicial. La forma en que se computó esa pena modificó la fecha prevista para el final de su encarcelamiento.
Del poder presidencial a la condena por el desvío de $301 millones
Saca gobernó El Salvador del 1 de junio de 2004 al 1 de junio de 2009, bajo la bandera de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). Antes de llegar a la Presidencia había construido una carrera como empresario de medios y locutor de radio.
Su caída judicial se produjo años después de abandonar el Ejecutivo. Fue detenido el 30 de octubre de 2016, durante la celebración de la boda de uno de sus hijos, junto con varios exfuncionarios y colaboradores. La investigación fiscal, conocida como Destape a la Corrupción, reconstruyó un mecanismo para retirar recursos de cuentas institucionales de Casa Presidencial, trasladarlos mediante cheques y operaciones bancarias a cuentas de terceros y, posteriormente, canalizarlos hacia cuentas particulares y sociedades vinculadas con el entorno del entonces gobernante.
Según la Fiscalía General de la República (FGR), el esquema movilizó aproximadamente $301 millones de recursos públicos. Las operaciones permitieron desviar dinero de las cuentas del Estado y ocultar su destino mediante una red de personas y sociedades.
En agosto de 2018, Saca aceptó los hechos que le atribuyó la Fiscalía y se sometió a un procedimiento abreviado. La confesión permitió que el caso se resolviera mediante una pena menor que la que podía resultar de un juicio ordinario. El 12 y 13 de septiembre de ese año, según las distintas publicaciones sobre la resolución, el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador le impuso diez años de prisión: cinco por peculado y cinco por lavado de dinero y activos.
También le ordenó pagar $260,732,171.64 en responsabilidad civil por los daños ocasionados al Estado. La condena se convirtió en un precedente histórico: Saca fue el primer expresidente salvadoreño condenado penalmente por corrupción vinculada con el ejercicio de la Presidencia.
La condena no recayó únicamente sobre el exmandatario. Seis colaboradores también fueron procesados por su participación en la estructura:
- Élmer Charlaix, exsecretario privado de la Presidencia, recibió diez años de prisión.
- Julio Rank, exsecretario de Comunicaciones, y César Funes, exsecretario de la Juventud, recibieron cinco años cada uno.
- Francisco Rodríguez Arteaga, exgerente financiero de Casa Presidencial, recibió una pena que fue modificada durante el proceso judicial.
- Jorge Herrera, extesorero institucional, recibió una condena de tres años.
- Pablo Gómez, asistente de la Unidad Financiera Institucional, recibió 16 años tras enfrentar un juicio ordinario, sin acogerse al procedimiento abreviado de los demás.
En diciembre de 2019, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó las responsabilidades civiles por el dinero extraído de Casa Presidencial. La suma atribuida a los siete condenados rondó los $300 millones, con ajustes derivados de la revisión judicial de los montos.
La segunda condena: pagar $10,000 para obtener información judicial
La pena de diez años no fue la única condena de prisión que recibió Saca.
En septiembre de 2019, el exmandatario fue condenado a dos años de cárcel por cohecho activo, en el caso conocido como Transes. Saca admitió haber pagado $10,000 a Ángela Iracema Avelar, empleada de la Cámara Primera de lo Civil, para que le filtrara información sobre el proceso civil que se seguía contra él y contra su exsecretario privado, Élmer Charlaix.
La Fiscalía investigó una estructura que presuntamente buscaba influir de forma irregular en procedimientos judiciales. En el caso de Saca, la condena se basó en su confesión sobre el pago destinado a obtener información reservada.
Esta segunda sentencia es determinante para comprender la fecha de su posible liberación.
Inicialmente, el cómputo de las penas planteó la posibilidad de que el expresidente permaneciera en prisión más allá de octubre de 2026. La discusión se centró en si debía cumplir primero los dos años por cohecho y después los diez años por peculado y lavado de dinero, lo que prolongaría el encarcelamiento, o si correspondía contabilizar los períodos de manera que no se añadieran íntegramente al final de la condena principal.
La Cámara Mixta de Tránsito y de Vigilancia Penitenciaria confirmó en 2021 una resolución favorable al cómputo aplicado a Saca. De acuerdo con los antecedentes, la pena por Transes se consideró cumplida con el tiempo de detención provisional correspondiente a ese proceso, lo que evitó que los dos años se acumularan íntegramente después de la condena principal.
En julio de 2026, el abogado Mario Machado dijo a periodistas que su cliente seguía recluido y que la condena debía cumplirse el 30 de octubre de ese año. La publicación aclaró que el vencimiento de una pena no produce necesariamente una excarcelación automática ese mismo día: la autoridad judicial competente debe declarar el cumplimiento y tramitar la orden correspondiente.
La orden reportada el 27 de octubre, por tanto, se explicaría por el cómputo judicial y el cumplimiento de la condena de prisión, no por la desaparición de los delitos por los que fue sentenciado.
Enriquecimiento ilícito: una condena civil y una deuda que no desaparece
Otro de los procesos contra Saca se originó en las inconsistencias detectadas en su patrimonio durante el quinquenio presidencial. La Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia identificó incrementos patrimoniales que el exmandatario y su esposa, Ana Ligia Mixco Sol de Saca, no lograron justificar de forma satisfactoria.
En enero de 2021, la Cámara Primera de lo Civil de San Salvador los condenó por enriquecimiento ilícito en un proceso de naturaleza civil. La resolución ordenó al expresidente devolver $3,892,698.71 al Estado y a su esposa reintegrar $589,608.82, para un total superior a $4.4 millones. Saca también quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos durante diez años.
Este proceso no debe confundirse con una segunda condena penal de diez años. Se trata de una sentencia civil que obliga a restituir dinero al Estado y establece consecuencias sobre el ejercicio de cargos públicos.
En abril de 2026, la Fiscalía informó que se había instalado una audiencia para liquidar los bienes de la expareja presidencial y determinar cuánto seguían debiendo. Según el dato divulgado por la institución, Saca había abonado solamente $5,845.75 de los $3.89 millones que le correspondía reintegrar por este concepto. La audiencia debía establecer el saldo pendiente y si los bienes cautelados podían cubrirlo.
La situación evidencia la diferencia entre cumplir una pena de cárcel y resarcir económicamente al Estado. La primera puede darse por concluida aunque las obligaciones civiles permanezcan pendientes, salvo que exista otra orden judicial que impida la excarcelación.
El caso de los fondos donados por Taiwán
Saca también quedó obligado a devolver recursos vinculados con una donación de $10 millones que Taiwán entregó a El Salvador para atender a damnificados por los terremotos de 2001. La Fiscalía sostuvo que esos fondos fueron desviados ilegalmente hacia otros fines.
En noviembre de 2021, un juzgado estableció responsabilidad civil por el total de los $10 millones. De ese monto, correspondía a Saca restituir $6 millones; los empresarios Gerardo Antonio Balzaretti Kriete y Juan Tennant Wright debían pagar $2 millones cada uno. La sentencia civil fue notificada por escrito al expresidente en agosto de 2022.
Esta obligación económica es distinta tanto de los $260.7 millones fijados en el caso Destape a la Corrupción como de los $3.89 millones correspondientes al proceso por enriquecimiento ilícito. Los montos pertenecen a procedimientos diferentes y no deben sumarse sin advertir que las formas de ejecución, los bienes recuperados y los pagos efectuados pueden afectar los saldos pendientes.
Bienes valorados en $9.6 millones pasan al Estado
La recuperación patrimonial ha continuado mientras Saca permanece en prisión.
El 11 de marzo de 2026, la Fiscalía informó que un juzgado especializado de extinción de dominio ordenó que 25 inmuebles y ocho productos financieros, vinculados con el caso de peculado y lavado de dinero, pasaran a la administración y titularidad del Estado. La institución valoró esos activos en aproximadamente $9.6 millones: unos $7.54 millones en inmuebles y $2.04 millones en productos financieros.
La Fiscalía indicó que la estructura atribuida al exmandatario utilizó siete sociedades para desviar, ocultar y transformar fondos públicos, con los que se adquirieron propiedades y otros activos. El fallo también contempló la disolución de sociedades empleadas como fachada, conforme a lo informado por la institución.
La extinción de dominio permite que determinados bienes de origen ilícito pasen al Estado mediante un procedimiento judicial. No equivale a una nueva condena de prisión y tampoco implica, por sí sola, que todas las responsabilidades económicas de Saca hayan quedado saldadas.
¿Qué significa realmente su salida de prisión?
Si se ejecuta la orden reportada, Saca habrá cumplido la pena privativa de libertad que sirve de fundamento a su encarcelamiento por el caso principal de corrupción. Eso no significa que haya sido absuelto, que sus condenas hayan sido anuladas o que el Estado haya recuperado la totalidad del dinero que reclama.
Su situación debe entenderse a partir de tres planos jurídicos distintos:
Primero, la pena penal. La condena de diez años por peculado y lavado de dinero, junto con el cómputo judicial de la pena de dos años por cohecho activo, explica la fecha fijada para su cumplimiento.
Segundo, las responsabilidades civiles. Continúan las obligaciones de restitución derivadas del desvío de fondos públicos, el enriquecimiento ilícito y el caso de los recursos provenientes de Taiwán. Su saldo debe establecerse en cada procedimiento, tomando en cuenta pagos y bienes efectivamente recuperados.
Tercero, las medidas patrimoniales. Los inmuebles, cuentas y otros activos sujetos a extinción de dominio o a medidas cautelares siguen su propio curso judicial. La libertad por cumplimiento de pena no cancela automáticamente esos procesos.
El caso de Saca deja así una cuestión central para la rendición de cuentas: la duración de la pena de prisión puede estar legalmente cumplida mientras persiste la tarea de recuperar para el Estado recursos cuyo desvío fue reconocido judicialmente. La liberación, de confirmarse oficialmente, cerraría una etapa de su condena penal, pero no necesariamente el conjunto de las consecuencias económicas de los casos que marcaron su gobierno.