El Salvador tendrá una nueva planta solar fotovoltaica en el municipio de La Libertad Norte. La Asamblea Legislativa autorizó este miércoles, con 56 votos, al Ministerio de Hacienda a suscribir un contrato de préstamo con el Fondo de Kuwait para el Desarrollo Económico Árabe por hasta 3 millones de dinares kuwaitíes, equivalentes a $9,689,609.51, para financiar el proyecto Planta Solar Fotovoltaica de San Matías.
La decisión es técnicamente razonable. Según proyecciones de Hacienda, la planta generará alrededor de 20,000 megavatios hora anuales y reduciría hasta 13,000 toneladas de emisiones de dióxido de carbono. Las condiciones financieras del crédito son favorables: plazo de hasta 25 años, tres años de gracia y una tasa fija de interés del 2.5 % anual sobre el saldo principal, más una comisión administrativa del 0.5 % sobre los montos desembolsados.
Un proyecto con fundamento energético claro
El país tiene una razón estructural para avanzar en energía solar. El crédito busca fortalecer la capacidad instalada de fuentes renovables, reducir la vulnerabilidad estacional derivada de la dependencia hídrica y fomentar condiciones sostenibles para el desarrollo económico y social. La dependencia de la hidroeléctrica es un problema real: en época seca, cuando los embalses bajan su nivel, el país debe compensar con generación más cara o importaciones regionales.
A junio de 2025, la capacidad instalada total de El Salvador alcanzaba los 3,137.82 megavatios; de ese total, la fuente fotovoltaica representaba 764.5 megavatios, equivalentes al 24.3 %, y la hidroeléctrica, 639.8 megavatios. Ampliar la participación solar reduce esa vulnerabilidad y es coherente con los compromisos climáticos del país.
La obra incluye instalación de paneles fotovoltaicos terrestres, estaciones de inversores, una subestación con dos transformadores, interconexión a la red nacional y la infraestructura civil de soporte. La subdirectora de Inversión y Crédito de Hacienda, Delia Reyes, presentó el proyecto ante la Comisión de Hacienda y lo respaldó con los argumentos técnicos descritos.
La tensión con el discurso fiscal del gobierno
Lo que resulta difícil de conciliar es la aprobación de este préstamo —y de otros similares— con el discurso oficial sobre disciplina fiscal.
En septiembre de 2024, el presidente Nayib Bukele anunció ante la Asamblea un compromiso sin precedentes: el presupuesto de 2025 no emitiría «ni un centavo de deuda» y El Salvador funcionaría únicamente con recursos propios. Para 2026, el gobierno repitió el mensaje: el ministro de Hacienda, Jerson Posada, presentó el proyecto de Presupuesto 2026 por $10,555.6 millones señalando que, por segundo año consecutivo, se presentaba sin brecha presupuestaria y con «cero dólares de financiamiento adicional».
Sin embargo, los datos del Banco Central de Reserva (BCR) cuentan una historia diferente. Durante los siete años de la gestión Bukele, la deuda pública ha crecido al menos $14,500 millones —un 72 %—, tres veces más que el aumento registrado durante los tres gobiernos anteriores juntos, hasta alcanzar un total cercano a los $34,000 millones, equivalentes al 92 % del PIB.
La deuda externa, en particular, no se ha detenido. Entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, la deuda externa ascendió de $12,922.4 millones a $14,541.6 millones, aproximadamente el 39.7 % del PIB. El economista Rafael Lemus es directo en su lectura: «lo preocupante es que se partió de un nivel del 87 % del PIB en el 2024 y lo más probable es que se cierre cercano al 90 % en el 2025. El presupuesto de 2026 es más continuidad de desviaciones».
El marco del FMI: ajuste con endeudamiento simultáneo
El telón de fondo es el acuerdo que El Salvador firmó con el Fondo Monetario Internacional. El FMI reconoció que El Salvador sigue afrontando profundos desequilibrios macroeconómicos derivados de un elevado endeudamiento y débiles colchones externos y financieros, así como obstáculos a la inversión y la productividad. El programa busca situar la deuda en una «firme senda descendente», pero las metas son de largo aliento: la meta es que la deuda sea del 80 % del PIB en 2030, del 75 % en 2035 y por debajo del 70 % en 2045.
Mientras tanto, el gobierno continúa autorizando préstamos para proyectos de infraestructura, como el de San Matías. Individualmente, cada uno tiene condiciones razonables. En conjunto, configuran una dinámica de endeudamiento que los propios técnicos del FMI han calificado como desviada respecto a las metas acordadas.
En síntesis
La planta solar de San Matías es un proyecto energéticamente justificado, con financiamiento en condiciones favorables y un impacto ambiental positivo medible. No hay razón técnica para cuestionarlo.
Lo que sí merece seguimiento es la distancia entre la narrativa de «presupuesto sin deuda» y la práctica sostenida de contratar créditos externos, algunos de ellos para inversión productiva como este, otros para cubrir gasto corriente y obligaciones previsionales. Esa brecha entre el discurso y los números del BCR es el dato que el gobierno no ha explicado con la misma claridad con que anunció su compromiso de no endeudarse.