El presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, vetó las reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) que le darían autonomía a la Unidad de Investigación Financiera (UIF).
Con el veto presidencial el país podría ser relegado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y dejar de acceder a la información de personas investigadas por los delitos de lavado de dinero, así como a pagar más intereses por los créditos, según opiniones de diputados pertenecientes a los partidos de ARENA y del PCN.
En el decreto presidencial se especifica entre otras razones para vetar las reformas las siguientes:
1. Le da autonomía a un funcionario diferente al fiscal general de la República.
Para el presidente el veto se fundamenta en el hecho de que se cuestiona la independencia del Fiscal General y se crea una dualidad de funciones.
Además, según el veto enviado a la Asamblea, se eliminan funciones de origen constitucional al Fiscal y se transfieren a otro funcionario “no reconocido” en la Constitución y por ello se rompe el esquema donde el Fiscal puede delegar en sus agentes auxiliares ciertas competencias, algo que no implica su desvinculación de las atribuciones conferidas.
2. Se rompe el diseño constitucional y el funcionamiento orgánico de la fiscalía.
Según Sánchez Cerén, el artículo 193 de la Constitución no reconoce la existencia de entidades “autónomas” dentro de la Fiscalía General de la República y que los diputados están inhibidos, por mandato de ley, a cambiar el diseño institucional de la Fiscalía. “La regulación contraría la Constitución, trastoca la esencia de la Fiscalía y rompe el diseño constitucional, altera el rol conferido al Fiscal General, aunque sea una recomendación atribuida a un organismo supranacional”, dice el veto.
3. La recomendación que hizo el GAFIC se puede cumplir sin modificar la ley de la FGR.
Para el Presidente, dotar de autonomía funcional y operativa a la Unidad de Inteligencia Financiera puede ser lograda respetando el marco constitucional y a través de la vía administrativa, porque no se requieren nombramientos especiales ni modificaciones. “Aunque se hable de nombramiento de comisiones especiales en las recomendaciones hechas por el GAFIC no se tiene vinculación con el objeto de las reformas hechas por la Asamblea”, puntualiza el veto.