El paquete de reformas aprobado por la Asamblea Legislativa el martes, que permite imponer cadena perpetua a menores de edad condenados por delitos graves, se convierte en una medida que genera amplio debate en el país.
La modificación a la Ley Penal Juvenil establece que los adolescentes que reciban esta condena podrán solicitar una revisión de la pena al cumplir la mayoría de edad, lo que abre la posibilidad de evaluar su reinserción social.
El oficialismo defendió la iniciativa como un paso necesario para enfrentar la criminalidad juvenil vinculada a estructuras delictivas. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos advirtieron que la reforma podría contravenir tratados internacionales de protección a la niñez y pidieron al Estado garantizar que la justicia juvenil no pierda su carácter rehabilitador.
La medida marca un giro en la política penal salvadoreña, colocando la seguridad pública en el centro de la agenda legislativa, aunque con fuertes cuestionamientos sobre su impacto en los derechos fundamentales.