El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, viajará a El Salvador los días 16 y 17 de noviembre para reunirse con autoridades salvadoreñas y discutir el futuro de los aproximadamente 2,500 militares desplegados en territorio haitiano, en una operación que ha ampliado su alcance desde la desaparición de cuatro técnicos aeronáuticos salvadoreños el pasado 18 de octubre.
El vicepresidente Félix Ulloa confirmó a periodistas que Fils-Aimé participará en una conferencia internacional sobre el estado de la democracia y que el encuentro permitirá abordar la continuidad de la presencia militar salvadoreña. “Ya me confirmó (su asistencia) el primer ministro y ahí vamos a tener la oportunidad de discutir cuál es el futuro de esta fuerza”, declaró.
La información coincide con una publicación de Associated Press, que el 9 de noviembre informó que el jefe del Gobierno haitiano viajaría a San Salvador para tratar el futuro de las tropas. La agencia precisó, sin embargo, que no estaba confirmado si Fils-Aimé sostendría una reunión directa con el presidente Nayib Bukele.
La visita se produce en un momento decisivo. El contingente salvadoreño participa en operaciones contra organizaciones armadas que controlan sectores de Puerto Príncipe y otras zonas del país, pero todavía no existe una fecha pública para su retirada ni se conocen íntegramente los términos del acuerdo bilateral que ampara parte de su despliegue.
El futuro de los efectivos también está relacionado con una cuestión que continúa sin resolverse: el paradero de los cuatro técnicos aeronáuticos desaparecidos después de una emboscada en la zona de Croix-des-Bouquets. El vicepresidente Ulloa reconoció en una entrevista difundida el 8 de noviembre que las autoridades todavía no tienen rastros que permitan determinar si los cuatro están vivos o muertos.
El dirigente de la pandilla 400 Mawozo, Wilson Joseph, conocido como Lanmò San Jou, aseguró que los salvadoreños habían muerto, pero esa versión no ha sido confirmada mediante pruebas independientes. El Gobierno salvadoreño ha mantenido que su prioridad es encontrarlos y recuperarlos.
La ofensiva alcanzó una propiedad atribuida al jefe de 400 Mawozo
Mientras se prepara la reunión entre los dos gobiernos, las operaciones de seguridad en Haití han adquirido mayor intensidad. Durante la madrugada del domingo 8 de noviembre, una unidad especial de la Policía Nacional Haitiana atacó y destruyó una vivienda vinculada a Wilson Joseph, uno de los principales dirigentes de 400 Mawozo, una de las organizaciones criminales más poderosas del país.
La operación fue reportada inicialmente por The Miami Herald, que citó fuentes con conocimiento de la intervención. Según el periódico, el ataque ocurrió aproximadamente a las 2:30 de la madrugada e incluyó drones explosivos operados por policías haitianos, apoyo de contratistas privados de seguridad y cuatro helicópteros. Dos de las aeronaves habrían sido operadas por militares salvadoreños y las otras dos por la unidad especial haitiana.
Las fuentes consultadas por el diario estadounidense señalaron que varios hombres armados murieron dentro de la propiedad. No obstante, no se difundió un balance oficial verificable del número de víctimas y Wilson Joseph no fue capturado ni abatido durante la incursión.
El presidente Bukele había publicado días antes un mensaje en criollo haitiano en el que solicitaba la ubicación exacta de la residencia del jefe criminal y advertía que sería destruida. Después de la operación, anunció en sus redes sociales que la vivienda y el cuartel general de 400 Mawozo habían sido destruidos.
El episodio tiene importancia porque evidencia la participación salvadoreña en operaciones que van más allá de la búsqueda de los cuatro técnicos desaparecidos. Sin embargo, es necesario distinguir las responsabilidades: según la información publicada por The Miami Herald, los drones explosivos fueron operados por la unidad policial haitiana, mientras que los militares salvadoreños proporcionaron apoyo aéreo con helicópteros.
Esta precisión también es relevante porque Igor Rugwiza, portavoz de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), había declarado que la fuerza multinacional no utiliza drones explosivos en sus operaciones. La información disponible no permite atribuir automáticamente a la GSF el ataque descrito por el periódico estadounidense, ni confundir las acciones de la unidad especial haitiana con las de todos los contingentes internacionales.
Dos estructuras de mando y un acuerdo que todavía genera interrogantes
La intervención salvadoreña se desarrolla en un marco institucional complejo. Rugwiza explicó recientemente que los militares salvadoreños operan bajo dos modalidades: una parte se incorporará a la GSF y quedará sometida a su cadena de mando y reglas de enfrentamiento; otra permanece bajo mando salvadoreño, en virtud de un acuerdo bilateral entre los gobiernos de Haití y El Salvador.
La distinción no es menor. La resolución 2793 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas autorizó la Fuerza de Supresión de Pandillas para apoyar a las autoridades haitianas en la lucha contra las organizaciones armadas. Sin embargo, la ONU ya había advertido que la mayoría de los refuerzos salvadoreños no estaba desplegada dentro del marco operativo de esa fuerza multinacional.
La existencia de un componente bajo mando salvadoreño ha generado preguntas sobre el contenido del acuerdo bilateral, las facultades concedidas a los militares, las reglas de enfrentamiento, los mecanismos de supervisión y la duración de la misión.
El primer ministro haitiano ha defendido públicamente la presencia de fuerzas extranjeras y ha sostenido que su función es apoyar al Estado haitiano, no reemplazarlo. Pero esa declaración no sustituye la necesidad de conocer los instrumentos jurídicos que regulan la intervención ni de precisar qué autoridad dirige cada operación.
En El Salvador, la Asamblea Legislativa aprobó el 29 de septiembre una ley especial que autorizó la participación de la Fuerza Armada en la GSF durante un periodo inicial de 12 meses. La normativa contempla personal, aeronaves y recursos para la misión internacional. Sin embargo, la confirmación de que existe un contingente separado, bajo mando salvadoreño, plantea la necesidad de determinar si todas sus actividades están cubiertas por esa autorización o si requieren un fundamento jurídico adicional.
La Constitución salvadoreña reserva a la Asamblea Legislativa la ratificación de los tratados o pactos celebrados por el Ejecutivo con otros Estados u organismos internacionales. Esto no significa que todo acuerdo operativo de cooperación militar deba necesariamente someterse a ratificación como tratado: su naturaleza jurídica es la que determina el procedimiento aplicable. Por ello, la publicación del convenio bilateral y una explicación oficial sobre su alcance permitirían evaluar con mayor precisión la legalidad del despliegue.
Ulloa cuestiona el legado de las misiones de Naciones Unidas
En medio de la discusión sobre el futuro de las tropas, el vicepresidente Félix Ulloa cuestionó las restricciones que, a su juicio, limitaron la actuación de las fuerzas internacionales desplegadas anteriormente en Haití.
En una entrevista con la periodista Elena Berberana, difundida el 8 de noviembre, Ulloa relató su experiencia de ocho años en el país caribeño durante el periodo de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), establecida en 2004.
El funcionario sostuvo que las fuerzas de Naciones Unidas tenían un mandato que limitaba su capacidad para iniciar operaciones contra grupos armados y que esa situación provocó frustración entre los haitianos, quienes reclamaban que los cascos azules no intervenían cuando se producían actos de violencia frente a ellos.
Ulloa comparó los recursos destinados a la MINUSTAH con los que, según afirmó, utiliza El Salvador para su actual operación. “Es el dinero del pueblo salvadoreño que lo estamos usando para rescatar a los soldados salvadoreños”, manifestó. También aseguró que los resultados de la intervención salvadoreña debían compararse con los recursos que habían utilizado las misiones internacionales.
El vicepresidente mencionó una cifra de 500 millones de dólares al referirse al presupuesto de la antigua misión. Sin embargo, no precisó el periodo presupuestario al que correspondía esa cantidad ni presentó un desglose que permita compararla con el costo de la actual operación salvadoreña. Tampoco divulgó el gasto total de El Salvador en Haití.
La comparación requiere contexto. MINUSTAH fue establecida mediante la resolución 1542 del Consejo de Seguridad, del 30 de abril de 2004, y concluyó su mandato el 15 de octubre de 2017. Su misión no consistía únicamente en mantener la paz o responder en defensa propia. Incluía apoyar la estabilización del país, colaborar en la reforma de la Policía Nacional Haitiana, contribuir al restablecimiento del orden público y proteger a civiles bajo amenaza inminente de violencia.
La resolución también autorizó a la misión a utilizar los medios necesarios para cumplir sus tareas dentro de su mandato. Por tanto, no es correcto afirmar que los cascos azules tenían prohibido iniciar cualquier operación de seguridad. Sus facultades estaban delimitadas por las resoluciones del Consejo de Seguridad, las reglas de enfrentamiento y las condiciones operativas de una misión internacional de paz.
La crítica de Ulloa refleja su interpretación de las limitaciones que encontró durante su experiencia en Haití, pero no constituye por sí misma una descripción completa del mandato jurídico de MINUSTAH.
La comparación entre ambas intervenciones también debe considerar que se trata de operaciones distintas, desplegadas en momentos históricos diferentes y con estructuras de mando, recursos, objetivos y mecanismos de supervisión que no son equivalentes.
El Gobierno salvadoreño dice financiar la operación, pero no publica el costo
Ulloa confirmó que la operación salvadoreña se financia con recursos del presupuesto nacional. El presidente Bukele había afirmado anteriormente que El Salvador cubre el 90 % de los gastos de la misión.
Hasta ahora, sin embargo, el Gobierno no ha presentado un desglose público que permita conocer cuánto cuesta mantener a los aproximadamente 2,500 efectivos, los helicópteros, los vehículos blindados, el transporte, el combustible, las comunicaciones, el mantenimiento y los demás recursos desplegados en Haití.
La ausencia de esa información dificulta evaluar la comparación planteada por el vicepresidente con las antiguas misiones de Naciones Unidas y determinar el impacto presupuestario de una operación cuyo plazo de finalización todavía no se ha anunciado.
El asunto también tiene implicaciones legislativas. La ley especial aprobada por la Asamblea autorizó la participación en la GSF, pero la transparencia del gasto y la identificación de los mecanismos de fiscalización resultan esenciales, especialmente si parte de las tropas opera mediante un acuerdo bilateral.
Una reunión que puede redefinir la intervención
La llegada de Fils-Aimé a San Salvador abre una oportunidad para que ambos gobiernos aclaren los objetivos y la duración de la presencia militar salvadoreña. La discusión deberá abordar si el contingente continuará integrado a la GSF, si se mantendrá el componente bilateral bajo mando salvadoreño y cuáles serán las condiciones para su eventual retirada.
También será necesario conocer si el Gobierno haitiano solicitará una ampliación de la cooperación, si habrá cambios en las reglas de operación y cómo se coordinarán las fuerzas extranjeras con la Policía Nacional Haitiana y las instituciones militares del país.
El encuentro se celebrará en un contexto de presión sobre el Gobierno haitiano para recuperar el control territorial, garantizar la seguridad de la población y avanzar hacia la estabilización política. Las bandas armadas mantienen una capacidad significativa de intimidación y control en Puerto Príncipe y en corredores estratégicos, mientras las instituciones nacionales continúan enfrentando graves limitaciones.
La destrucción de la vivienda atribuida a Wilson Joseph representa un golpe operativo contra una estructura criminal, pero no demuestra por sí sola que 400 Mawozo haya sido desarticulada ni que el control territorial del grupo haya desaparecido.
Para El Salvador, la reunión también tendrá que responder a preguntas que siguen pendientes: cuál es el costo real de la operación, qué autoridad ejerce el mando sobre cada contingente, qué garantías jurídicas amparan sus acciones y cuándo regresarán los militares.
La visita del primer ministro haitiano podría definir una nueva etapa de la cooperación bilateral. Pero, más allá de los anuncios políticos y los resultados de operaciones puntuales, la sostenibilidad de la intervención dependerá de que Haití recupere capacidades propias para garantizar la seguridad y de que los dos gobiernos expliquen con transparencia las condiciones bajo las cuales actúan sus fuerzas.