El político mexicano, Javier Duarte de Ochoa, dio un sorpresivo cambio a su situación legal en este país y, aunque aceptó ser extraditado a México, y lo hizo sólo para someterse a la justicia del estado de Veracruz por seis presuntos delitos, logró que su retorno quede sujeto a un fallo apelable de un tribunal guatemalteco que el próximo martes decidirá si es o no repatriado en contra de su voluntad para que enfrente cargos federales por delincuencia organizada y lavado de dinero.
En una audiencia realizada de las 12:42 a las 13:31, hora local, en el Tribunal Tercero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, en la capital guatemalteca, el ex gobernador de Veracruz aprobó ser extraditado por el uso de un helicóptero de ese estado en octubre de 2016, tras dejar su puesto, y por un movimiento de dinero en un negocio de aguas.
A la pregunta directa del tribunal —presidido por Saúl Orlando Álvarez y con los jueces Julio Jerónimo y César Augusto Amézquita—, acerca de si se allana o no a la extradición, Duarte anunció que la acepta «por considerar estas acusaciones infundadas, ligeras, vagas e imprecisas».
Al anunciar que en el asunto legal que se le atribuye en Veracruz optó por someterse a «las autoridades judiciales de mi país», explicó: «Es decir, en términos coloquiales, acepto la extradición que el gobierno de la administración actual [de Veracruz], gobierno fallido por cierto, está haciéndome en torno a este caso».
Álvarez le preguntó de inmediato: «¿Usted renuncia a plantear cualquier acción ordinaria o constitucional en esta nación?». El ex gobernador, de 43 años, respondió: «Sí, renuncio».
El tribunal escuchó y aceptó una solicitud del Ministerio Público de Guatemala de aprobar, «sin más trámite», el allanamiento admitido por Duarte, y que su entrega a México «sea aplazada o diferida», porque en contra del requerido hay otro mecanismo de extradición en el Tribunal Quinto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente.
Álvarez resolvió que, según el tratado de extradición Guatemala-México, aprobó la medida de allanarse; suspendió el proceso que, de lo contrario, habría proseguido por los seis delitos, y ordenó mantener preso a Duarte pero diferir su entrega a México hasta que el Tribunal Quinto la resuelva «en forma definitiva».
En nota verbal del 7 de junio pasado, México pidió a Guatemala la extradición de Duarte por dos supuestos delitos de tráfico de influencias y por incumplimiento del deber legal, abuso de autoridad, peculado y coalición, en hechos basados en órdenes de captura dictadas en marzo de 2017 por la Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de Xalapa.
Todo quedó supeditado al fallo que el próximo 4 de julio, en una audiencia a partir de las 08:30 horas, dicte el Tribunal Quinto, que tramita el proceso por los presuntos delitos federales de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y que se basa en una orden de aprehensión emitida en octubre de 2016 por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México.
El abogado guatemalteco Carlos Velásquez, defensor de Duarte, dijo ayer a periodistas, tras la comparecencia del ex gobernador, que si el Tribunal Quinto decide el próximo martes que procede la extradición por esos cargos, su cliente puede rechazar ese fallo y primero apelar, luego presentar un recurso de amparo y después recurrir a las vías de casación, por lo que el trámite se prolongaría unos ocho meses. Por ahora se desconoce si Duarte se allanará el próximo martes, aseguró.
Por una solicitud de México, el político fue arrestado el 15 de abril pasado en Guatemala, luego de seis meses en fuga, y en la madrugada del 16 ingresó a Matamoros, una prisión en un cuartel militar. En una comparecencia el 19 de ese mes, en el Tribunal Quinto, rechazó la opción de ser extraditado y condicionó acogerse a esa posibilidad a conocer primero la petición formal del gobierno de México, que la entregó el 7 de junio al de Guatemala.
«Ataque político». Al comunicarle al juez Álvarez que se allana, Duarte atacó al gobierno de Veracruz. Sin citar al gobernador, Miguel Ángel Yunes, afirmó que «la actual administración me acusa y hace uso de recursos, inclusive vino hasta acá el fiscal general del estado [Jorge Winckler] gastando recursos del erario, con dos acusaciones que verdaderamente son irrisorias.