La promesa de una jubilación capaz de garantizar una vejez digna sigue lejos de la realidad para una parte importante de la población salvadoreña. La baja cobertura previsional, los ingresos que no alcanzan para cubrir las necesidades básicas y las dificultades para completar los años de cotización configuran un panorama que exige respuestas estructurales, mientras el Gobierno de Nayib Bukele ha pospuesto hasta 2027 la reforma del sistema comprometida con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), realizada entre abril y mayo de 2026, muestra la dimensión social del problema. El 68.9 % de las personas pensionadas consultadas considera que el dinero que recibe no alcanza para cubrir sus necesidades básicas. En promedio, estima que necesitaría $852.90 al mes para mantener un buen nivel de vida.
El estudio, basado en 453 entrevistas telefónicas válidas y con un margen de error de ±4.60 %, también revela que el 63.7 % de los pensionados encuestados tiene deudas pendientes. La jubilación, que debería proporcionar estabilidad después de décadas de trabajo, no siempre permite cubrir los gastos cotidianos ni evitar el endeudamiento.
Los resultados no constituyen un censo de pensionados ni una medición oficial de la pobreza en la vejez. Son, sin embargo, una señal documentada de las dificultades económicas que enfrenta esta población y de la brecha entre los ingresos previsionales y las necesidades que los propios ciudadanos identifican.
Cotizar durante años no garantiza tranquilidad económica
La incertidumbre no afecta únicamente a quienes ya se retiraron. El informe del Iudop advierte que las expectativas de los trabajadores que todavía cotizan también están lejos de ofrecer seguridad.
Según el ejercicio de estimación incluido en el estudio, la pensión futura promedio de los cotizantes consultados se situaría en $449.84 mensuales. Para cubrir sus necesidades básicas y alcanzar un nivel de vida adecuado, esas mismas personas consideran necesario recibir $662.27. La diferencia supera los $212 mensuales.
El problema se agrava por la dificultad de completar los requisitos de cotización. En el sistema vigente, el acceso ordinario a una pensión por vejez exige, como regla general, haber cumplido 60 años en el caso de los hombres y 55 en el de las mujeres, además de acreditar 25 años de cotizaciones, con las particularidades legales que correspondan a cada régimen.
El Iudop estimó que el 52.5 % de los cotizantes encuestados tiene pocas probabilidades de completar los 25 años requeridos, mientras que el 11.4 % no lograría alcanzarlos antes de llegar a la edad de jubilación, según el cálculo aplicado por el estudio.
Esto significa que una parte de los trabajadores podría llegar a la edad de retiro sin cumplir las condiciones necesarias para recibir una pensión contributiva ordinaria. La situación resulta especialmente preocupante para quienes alternan períodos de empleo formal, trabajo independiente, desempleo y actividades informales, durante los cuales las aportaciones pueden interrumpirse.
El problema no se limita, por tanto, a cuánto dinero recibirá cada pensionado. También afecta a quienes, después de años de actividad económica, podrían descubrir que no reúnen los requisitos para acceder a una prestación mensual de vejez.
Una cobertura que deja fuera a buena parte de la población
La insuficiencia de las pensiones está acompañada por una cobertura limitada. En los resultados de la encuesta, el 32.8 % de las personas en edad de jubilación consultadas declaró recibir alguna pensión, mientras que el 67.2 % dijo no recibirla.
El propio boletín del Iudop cita, en su introducción, una cifra del Banco Central de Reserva de 19.2 % para la proporción de personas en edad de jubilación que cuentan con una pensión. Ambos datos proceden de fuentes y metodologías diferentes, por lo que no deben confundirse ni presentarse como una sola estadística oficial.
La diferencia no elimina el problema de fondo: una parte importante de la población llega a la vejez sin un ingreso previsional periódico. Para quienes trabajaron durante años en actividades informales, se dedicaron al cuidado del hogar o tuvieron trayectorias laborales intermitentes, la posibilidad de una jubilación contributiva puede resultar particularmente limitada.
La encuesta también encontró que el 52.1 % de las personas en edad de jubilación consultadas seguía trabajando. Dentro de ese grupo, tres de cada cuatro lo hacían en el sector informal.
El dato cuestiona la idea de que alcanzar la edad de retiro significa necesariamente dejar de trabajar. Para numerosos adultos mayores, continuar generando ingresos puede ser una necesidad económica, incluso cuando la edad, las enfermedades o el desgaste físico dificultan mantener una actividad laboral.
El Iudop registró, además, que el 66.9 % de las personas en edad de jubilación identificó cambios negativos después de alcanzar esa etapa de la vida. Entre las dificultades mencionadas destacaron la fatiga, las enfermedades y el deterioro físico asociados al envejecimiento.
Las obligaciones del Estado añaden presión a las finanzas públicas
La crisis previsional también tiene una dimensión fiscal. Durante años, el Estado salvadoreño ha recurrido a recursos provenientes de los fondos de pensiones para financiar obligaciones públicas, mediante instrumentos de deuda previsional. Esa relación ha generado compromisos financieros cuyo tratamiento vuelve a cobrar relevancia ante el vencimiento del período de gracia previsto para 2027.
En su revisión del programa económico salvadoreño, aprobada el 1 de octubre de 2026, el FMI incluyó el reconocimiento de aproximadamente $2,300 millones en intereses acumulados y no pagados a los fondos privados de pensiones dentro de sus proyecciones de deuda pública para 2027.
La cifra no equivale al total de la deuda previsional ni significa que todo ese monto deba desembolsarse necesariamente en efectivo de una sola vez. Se trata del reconocimiento contable de intereses acumulados, cuyo tratamiento tendrá consecuencias sobre las cuentas públicas.
La discusión ya llegó a la Asamblea Legislativa durante el estudio del presupuesto estatal para 2027. El ministro de Hacienda, Jerson Posada, afirmó el 9 de octubre que el proyecto presupuestario contempla $250 millones como aporte estatal al sistema previsional. También sostuvo que los compromisos relacionados con los intereses están incluidos en las proyecciones fiscales de mediano plazo, aunque no detalló el mecanismo con el que el Ejecutivo pretende atenderlos.
El funcionario aseguró que el Gobierno presentará los instrumentos necesarios ante la Asamblea Legislativa, pero reconoció que la estrategia todavía estaba en definición.
La diferencia entre las asignaciones presupuestarias anunciadas y las obligaciones previsionales proyectadas hace indispensable que el Ejecutivo explique cómo piensa cumplir sus compromisos sin trasladar una carga desproporcionada a los trabajadores, a los futuros pensionados o al conjunto de los contribuyentes.
La reforma vuelve a quedar pendiente
El calendario del FMI sitúa en 2027 la presentación de una reforma paramétrica del sistema de pensiones. La iniciativa forma parte del programa de ajuste económico acordado con El Salvador y busca fortalecer la sostenibilidad financiera del sistema y contener los riesgos fiscales asociados.
Entre las variables que han sido objeto de discusión pública figuran la edad de jubilación, el tiempo de cotización y las contribuciones. Sin embargo, no debe darse por hecho que todas las modificaciones propuestas por economistas o contempladas en análisis técnicos serán incorporadas a la futura ley.
El FMI ha señalado que la reforma previsional y el control de las obligaciones públicas son elementos importantes para la sostenibilidad fiscal. Al mismo tiempo, el organismo ha insistido en la necesidad de proteger el gasto social prioritario.
El reto del Gobierno consiste en conciliar esos objetivos con la obligación de ofrecer una protección efectiva a las personas mayores. Una reforma centrada exclusivamente en reducir el costo fiscal, sin abordar la insuficiencia de las pensiones y la exclusión de quienes no logran cotizar durante 25 años, dejaría sin resolver buena parte del problema social.
La discusión adquiere especial relevancia porque las decisiones que se adopten afectarán tanto a los pensionados actuales como a los trabajadores que todavía están lejos de la edad de retiro. Una modificación de los requisitos o de las aportaciones puede tener efectos duraderos sobre sus ingresos y sus posibilidades de jubilación.
La ciudadanía reclama protección para quienes quedan fuera
Los resultados del Iudop reflejan un respaldo amplio a medidas de protección para los adultos mayores que no cuentan con ingresos suficientes.
El 92.8 % de los encuestados apoyó financiar con impuestos la alimentación de personas mayores que viven solas. El 92.4 % respaldó mantener hogares de ancianos y el 84.4 % estuvo de acuerdo con brindar ayuda económica a adultos mayores sin pensión ni ingresos propios.
También hubo respaldo mayoritario a establecer pensiones para personas que trabajaron en la informalidad o por cuenta propia, con un 75.3 %, y para quienes dedicaron su vida al cuidado de los hijos y al trabajo doméstico no remunerado, con un 78 %.
Estas respuestas muestran que la protección económica durante la vejez no se percibe únicamente como una responsabilidad individual. Una mayoría de los consultados considera que el Estado debe intervenir para atender a quienes quedaron excluidos de los mecanismos tradicionales de cotización.
Ese respaldo ciudadano no resuelve por sí mismo el problema de financiamiento, pero establece un punto de partida para la discusión pública: el diseño de la reforma no puede limitarse a equilibrar las cuentas, sino que debe considerar la cobertura, la suficiencia de los beneficios y la protección de las personas sin capacidad de ahorro.
Transparencia y soluciones, más allá de las promesas
El desafío previsional de El Salvador exige conocer con precisión la deuda acumulada, el costo futuro de las prestaciones, el rendimiento de los fondos y el alcance real de la cobertura. También requiere explicar qué alternativas tendrán las personas que no logren completar los años de cotización y cómo se financiará la protección de quienes trabajaron durante décadas fuera del empleo formal.
La experiencia descrita por los pensionados consultados por el Iudop evidencia una brecha entre el propósito de la jubilación y la realidad económica. Una prestación que no cubre las necesidades básicas difícilmente puede garantizar independencia financiera, mientras que la ausencia de pensión obliga a muchas personas a depender de sus familias o a continuar trabajando en la vejez.
El Gobierno tiene pendiente presentar una reforma que responda a los compromisos fiscales y a las necesidades sociales. La Asamblea Legislativa, por su parte, deberá examinar sus efectos sobre los trabajadores, los pensionados y las generaciones que todavía no han ingresado al mercado laboral.
El aplazamiento hasta 2027 no elimina la urgencia de esas decisiones. Por el contrario, aumenta la necesidad de transparencia sobre los compromisos estatales y de un debate público que no reduzca el sistema previsional a una operación contable.
La sostenibilidad financiera es indispensable, pero no constituye por sí sola una garantía de bienestar. El éxito de cualquier reforma deberá medirse también por su capacidad para ampliar la cobertura, reducir la incertidumbre y permitir que más salvadoreños lleguen a la vejez sin depender exclusivamente de la ayuda familiar ni de la obligación de seguir trabajando cuando sus condiciones físicas ya no se lo permitan.