La Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada por el partido oficialista Nuevas Ideas y sus aliados, ha autorizado durante los dos primeros años de la actual legislatura —instalada el 1 de mayo de 2024— más de 4 mil millones de dólares en nueva deuda pública para el gobierno del presidente Nayib Bukele, mediante préstamos internacionales, emisiones de títulos valores y otras operaciones financieras destinadas tanto al financiamiento del presupuesto estatal como al manejo de pasivos.
Documentos legislativos, registros oficiales y reportes de prensa económica coinciden en que las autorizaciones aprobadas desde mayo de 2024 superan ampliamente los $4,000 millones, consolidando uno de los períodos de mayor contratación de deuda pública en la historia salvadoreña.
Uno de los movimientos financieros más grandes ocurrió el 22 de mayo de 2024, cuando la Asamblea autorizó al Ejecutivo emitir hasta $1,500 millones en títulos valores de crédito. La iniciativa fue aprobada con 57 votos de 60 diputados y facultó al Ministerio de Hacienda a colocar deuda tanto en mercados nacionales como internacionales. El decreto estableció que los fondos servirían para cubrir “necesidades urgentes e ineludibles” del presupuesto estatal y operaciones de manejo de deuda.
La emisión fue cuestionada por economistas y sectores de oposición debido a que el decreto no detalló con precisión el destino específico de los recursos ni los programas concretos que serían financiados. Analistas financieros advirtieron además sobre el elevado costo de financiamiento que enfrenta El Salvador en mercados internacionales, donde los bonos soberanos salvadoreños han llegado a colocarse con tasas cercanas o superiores al 12 %.
Meses después, el 31 de julio de 2024, la Asamblea incorporó al presupuesto general otros $1,274 millones provenientes de deuda previamente autorizada, incluyendo emisiones de bonos y préstamos multilaterales. Parte de esos recursos fueron distribuidos entre diversas instituciones públicas sin que se detallara públicamente el uso específico de cada asignación presupuestaria.
Durante 2025, el oficialismo continuó aprobando nuevas operaciones financieras. En noviembre de ese año, el Legislativo autorizó otra emisión de títulos valores por $344 millones para “fortalecer las capacidades financieras del Estado” y atender obligaciones generales del gobierno. El decreto facultó nuevamente al Ejecutivo a colocar deuda en mercados nacionales e internacionales.
A ello se sumaron nuevas aprobaciones en 2026. Según un recuento publicado este 11 de mayo por el periódico Diario El Mundo, la Asamblea había aprobado hasta el 8 de mayo seis préstamos internacionales y una nueva emisión de títulos valores que, en conjunto, sumaban $1,172 millones solamente en lo que va de 2026.
Entre esas operaciones recientes figura una autorización aprobada el 15 de abril de 2026 para emitir hasta $100 millones en títulos valores destinados a “prioridades estratégicas” del gobierno y obligaciones generales del Estado. La iniciativa fue aprobada nuevamente con 57 votos oficialistas.
En paralelo, la administración Bukele ha continuado suscribiendo préstamos con organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), bajo argumentos relacionados con infraestructura, educación, sostenibilidad fiscal y fortalecimiento institucional.
Los datos reflejan que la Asamblea Legislativa se ha convertido en un mecanismo prácticamente automático de aprobación financiera para el Ejecutivo. Desde 2021, las solicitudes de endeudamiento del gobierno han sido aprobadas casi sin modificaciones y, en numerosos casos, mediante dispensa de trámite, un procedimiento que evita el análisis prolongado en comisiones legislativas.
Diputados opositores y organizaciones civiles han denunciado reiteradamente falta de transparencia sobre el destino real de parte de los fondos aprobados. La diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, ha cuestionado en varias sesiones plenarias que muchas autorizaciones se aprueban sin documentación detallada ni mecanismos claros de fiscalización pública.
Mientras tanto, el gobierno sostiene que la contratación de deuda ha permitido mantener estabilidad financiera, ejecutar programas sociales, ampliar infraestructura y enfrentar obligaciones heredadas de administraciones anteriores. El presidente Nayib Bukele ha defendido públicamente el uso del endeudamiento argumentando que el país mantiene capacidad de pago y crecimiento económico.
Sin embargo, organismos financieros internacionales y analistas independientes continúan alertando sobre el acelerado incremento de la deuda salvadoreña. Reportes económicos citados por agencias internacionales señalan que la deuda externa salvadoreña superó los $15,200 millones en 2025, mientras la deuda interna alcanzó más de $7,300 millones.