Por Luis Vazquez-BeckerS
António Guterres lleva meses jugando un juego de equilibrista que ningún secretario general de las Naciones Unidas había tenido que jugar con esta intensidad desde los años de la Guerra Fría: criticar frontalmente a su principal financiador mientras, al mismo tiempo, le ruega que pague sus cuentas atrasadas. Es una posición incómoda, contradictoria en apariencia, y sin embargo perfectamente coherente con la lógica institucional de una organización que se está quedando sin dinero precisamente porque el país al que más critica es también el que más le debe.
Esta semana, Guterres volvió a hacer las dos cosas al mismo tiempo, y el mundo lo observó con la mezcla de fascinación e inquietud que provoca ver a alguien caminar sobre la cuerda sin red.
El secretario general no ha moderado su tono frente a la política exterior de la administración Trump a pesar de la dependencia financiera que la ONU mantiene con Washington. En los últimos días, Guterres alertó sobre el agravamiento de las consecuencias económicas del cierre del estrecho de Ormuz debido a la guerra de Estados Unidos contra Irán, advirtiendo que el cierre de esta vía marítima vital está «estrangulando la economía mundial». «Aunque las restricciones se levantaran hoy, las cadenas de suministro tardarán meses en recuperarse, prolongando una menor producción económica y los precios altos», afirmó.
No es la primera vez que el secretario general apunta directamente a Washington en el contexto del conflicto con Irán. Las críticas se enmarcan en un patrón sostenido de fricciones que arrancó con el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025 y que desde entonces no ha hecho más que profundizarse. Trump firmó una orden ejecutiva para retirar a su país de 66 organizaciones internacionales, incluyendo 31 de la ONU, por considerar que son contrarias a los intereses nacionales, incluyendo la Organización Mundial de la Salud y el Consejo de Derechos Humanos.
Ante esa decisión, Guterres respondió con la firmeza que caracteriza su posición: «Todas las entidades de las Naciones Unidas seguirán adelante con la implementación de sus mandatos, tal como les han sido otorgados por los estados miembros. Las Naciones Unidas tienen la responsabilidad de cumplir para quienes dependen de nosotros. Continuaremos llevando a cabo nuestros mandatos con determinación.»
La confrontación alcanzó uno de sus picos más visibles el pasado septiembre, cuando ambos hombres compartieron el mismo escenario en la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Trump cargó contra el organismo ante más de 150 líderes mundiales: «Siempre dije que la ONU tiene un potencial tremendo, tremendo. Pero ni siquiera se acerca a cumplirlo. Lo único que hacen es escribir cartas con palabras vacías, y las palabras vacías no detienen guerras.» Guterres, sentado a metros del presidente estadounidense, había abierto esa misma sesión con palabras sobre Gaza que iban en dirección exactamente opuesta a la política de Washington en Medio Oriente: «En Gaza, los horrores son el resultado de decisiones que desafían la humanidad básica. La magnitud de la muerte y la destrucción supera la de cualquier otro conflicto en mis años como secretario general.»
Pero la retórica de la confrontación tiene sus límites. Porque cuando los periodistas preguntaron a Trump sobre Guterres tras ese mismo discurso, el presidente respondió con una frase que resume la naturaleza ambigua de la relación entre ambas instituciones: «Nuestro país respalda a las Naciones Unidas al 100%. Puede que a veces discrepe, pero lo apoyo totalmente porque el potencial de paz en esta institución es enorme.» Apoyo verbal ilimitado. Pagos, ninguno o casi ninguno.
Porque el verdadero campo de batalla entre Guterres y Washington no es el de los discursos: es el de las cuentas bancarias. Y esas cuentas, en este momento, cuentan una historia de impago sin precedentes.
La ONU terminó 2025 con $1,600 millones en contribuciones impagadas, más del doble que en 2024. «La trayectoria actual es insostenible. Deja a la organización expuesta a un riesgo financiero estructural», escribió Guterres en una carta a los 193 Estados miembros.
El deudor principal tiene nombre y es imposible no nombrarlo. Entre los países con mayor deuda figuran Estados Unidos, China, Rusia, Venezuela, Brasil, Argentina, México e Irán. Estados Unidos es el principal deudor y ha implementado recortes considerables a la financiación voluntaria de diversas agencias de Naciones Unidas, lo que ha debilitado especialmente la capacidad de acción en áreas de ayuda humanitaria y desarrollo.
La ONU afirmó que Estados Unidos había pagado unos $160 millones de los más de $4,000 millones que debe al organismo mundial. El contraste entre esa cifra y la deuda total es elocuente: Washington ha cubierto menos del 4% de lo que adeuda. Y eso en un año en que la ONU advirtió que podría quedarse sin liquidez en julio.
La posición de Guterres frente a esa situación ha sido de firmeza jurídica: «El dinero del que hablamos se conoce como cuotas», explicó a los periodistas cuando se le preguntó por las informaciones. «Las cuotas son una obligación de los Estados miembros. No son negociables.»
El portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, lo expresó en términos igualmente tajantes cuando se conoció el retiro de Washington de decenas de organismos internacionales: la contribución de Washington es una «obligación legal que no se negocia». Además, recordó que la Carta de la ONU penaliza a los estados miembros morosos sin el derecho a voto en la Asamblea General. Una amenaza que, en la práctica, Estados Unidos difícilmente teme.
Para entender la gravedad de lo que está en juego, hay que dimensionar el colapso financiero que describe Guterres, sin eufemismos. De acuerdo con las normas de la ONU, las contribuciones dependen del tamaño de la economía de cada Estado miembro. Estados Unidos representa el 22% del presupuesto central, seguido por China con 20%. Eso significa que cuando el mayor contribuyente no paga, el sistema entero tiembla.
Los elevados atrasos a finales de 2025, que ascendían a $760 millones, sumados a la obligación de devolver $300 millones en créditos a los Estados miembros a principios de 2026, eliminaron casi el 10% del presupuesto de los fondos disponibles. «Cualquier retraso en la recaudación a principios de año nos obligará a reducir aún más el gasto», advirtió Guterres.
La respuesta institucional fue draconiana pero insuficiente. La Asamblea General adoptó el presupuesto de la organización para 2026: $3,450 millones, una disminución de más del 7% respecto al año anterior. Los Estados miembros también aprobaron la eliminación de unos 2,900 puestos, culminando una de las negociaciones presupuestarias más difíciles de los últimos años.
Los recortes de personal son los más severos en décadas. El presupuesto revisado reduce la dotación de personal de 13,809 puestos a 11,594, lo que representa un recorte del 18.8% en comparación con 2025. Miles de funcionarios internacionales que trabajan en programas de salud, ayuda humanitaria, derechos humanos y desarrollo perdieron o perderán sus empleos, en gran medida porque Washington dejó de pagar sus cuotas.
El diagnóstico de Guterres no podría ser más sombrío. «La realidad práctica es cruda: a menos que las recaudaciones mejoren drásticamente, no podremos ejecutar por completo el presupuesto por programas para 2026 aprobado en diciembre. Peor aún, basándonos en las tendencias históricas, el efectivo del presupuesto ordinario podría agotarse en julio.» Y añadió la metáfora que mejor resume la situación financiera de la ONU: «Estamos atrapados en un ciclo kafkiano en el que se espera que devolvamos un dinero que no existe.»
Detrás de la confrontación pública, existe una negociación más pragmática y menos visible. Estados Unidos no ha dejado de participar completamente: ha reconfigurado la forma en que contribuye, imponiendo sus propias condiciones. Estados Unidos pactó con la ONU un aporte de $2,000 millones para ayuda humanitaria en 2026, mediante un memorando de entendimiento firmado en Ginebra entre el Departamento de Estado y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU. El acuerdo establece la creación de un fondo general desde el cual se canalizarán los recursos estadounidenses hacia distintas agencias y crisis, en lugar del esquema previo de contribuciones dispersas.
Pero ese acuerdo tiene trampa. El secretario de Estado, Marco Rubio, defendió el nuevo modelo como una forma de «compartir mejor la carga» entre los países desarrollados y de obligar a Naciones Unidas a reducir duplicaciones, estructuras sobredimensionadas y mecanismos que Washington considera ineficientes. El subsecretario estadounidense de Asuntos Humanitarios afirmó que las agencias de la ONU deberán «adaptarse, reducirse o desaparecer».
La cifra de $2,000 millones parece generosa hasta que se contrasta con los niveles históricos. Según datos de Naciones Unidas, Estados Unidos llegó a aportar hasta $17,000 millones anuales para programas humanitarios respaldados por la ONU en los últimos años. Washington pasó de contribuir $17,000 millones a $2,000 millones y lo presenta como un logro de eficiencia. La ONU lo acepta porque no tiene otra opción.
Estados Unidos estableció una línea clara: el acuerdo de 2026 es, en su opinión, solo un primer paso. Ahora espera propuestas «ambiciosas» para 2027 y 2028, con el fin de lograr cambios estructurales más profundos. En el idioma diplomático, eso significa: si quieren el dinero, sigan reformando en la dirección que nosotros indicamos.
Lo que hace peculiar la posición de Guterres en este momento es su carácter estructuralmente contradictorio, aunque no inédito. El secretario general representa a 193 países, pero depende de la billetera de uno de ellos más que de ningún otro. Y ese uno, en este momento, es precisamente el que acumula la mayor deuda, ha retirado su participación de decenas de organismos del sistema ONU y conduce una política exterior que Guterres considera incompatible con los principios de la Carta que él tiene el mandato de defender.
Guterres deja el cargo a finales de 2026, habiendo pronunciado ya lo que describió como su último discurso anual de prioridades, en el que afirmó que el mundo estaba desgarrado por «divisiones geopolíticas autodestructivas y violaciones descaradas del derecho internacional.» No mencionó a Estados Unidos por nombre. No necesitó hacerlo.
La pregunta que queda abierta es la que ningún comunicado oficial responde: ¿Puede una organización multilateral cumplir con su mandato de paz y desarrollo cuando su principal financiador le debe $4,000 millones, ha abandonado decenas de sus agencias, conduce una guerra en el estrecho de Ormuz que el propio secretario general dice que está «estrangulando la economía mundial» y exige reformas estructurales como condición para pagar lo que jurídicamente ya debe?
Guterres parece creer que sí. O al menos, que no hay alternativa a intentarlo. En eso, el secretario general y la organización que encabeza se parecen más de lo que quisieran admitir a los millones de personas que dependen de los programas de la ONU para sobrevivir: hacen lo que pueden, con lo que tienen, esperando que quien debe pagar, eventualmente, pague.
Las cuotas, recuerda Guterres cada vez que le preguntan, no son negociables. Que lo sean o no en la práctica es otra conversación —la que Washington lleva meses ganando sin decir una sola palabra.
Nota elaborada con base en información de Noticias ONU, CNN en Español, El Destape, Infobae, Euronews, La Nación de Argentina, El Universal de México, BioBio Chile y comunicados oficiales de la Secretaría General de Naciones Unidas. Nueva York / Ginebra, 29 de abril de 2026.