El Gobierno de Guatemala, presidido por Bernardo Arévalo, decretó estado de sitio durante 30 días en los departamentos de Zacapa e Izabal, al oriente y nororiente del país, respectivamente, como respuesta a una escalada de violencia atribuida por las autoridades a estructuras criminales vinculadas al narcotráfico y a organizaciones delictivas transnacionales.
La decisión fue adoptada el sábado 14 de noviembre, durante una reunión del Consejo de Ministros, mediante el Decreto Gubernativo 8-2026, publicado el domingo 15 en el Diario de Centro América, órgano oficial del Estado.
El Ejecutivo justificó la medida en informes de seguridad que advierten sobre la actuación de grupos criminales que estarían cometiendo ataques armados, amenazas e intimidaciones contra la población civil y las autoridades.
Según el Gobierno, estas actividades representan una amenaza para el orden público, la vida y la seguridad de los habitantes, por lo que consideró necesario recurrir a facultades extraordinarias para fortalecer las operaciones policiales y militares.
La declaratoria se produce después de una sucesión de hechos violentos registrados desde finales de septiembre, principalmente en Zacapa, donde los ataques han alcanzado a civiles, funcionarios públicos y miembros de la Policía Nacional Civil (PNC).
Asesinato de un diputado y policías elevó la alarma de seguridad
Uno de los episodios más graves ocurrió el 6 de noviembre en el municipio de Río Hondo, Zacapa, cuando un grupo armado atacó al diputado Julio César Portillo Paz y a los agentes policiales que lo acompañaban.
El legislador murió posteriormente a consecuencia de las heridas, al igual que tres integrantes de la Policía Nacional Civil.
El asesinato provocó una fuerte reacción del presidente Arévalo, quien condenó el ataque y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas.
Otro hecho de extrema violencia había ocurrido el 27 de septiembre en el municipio de Huité, Zacapa, donde ocho personas fueron asesinadas en distintos escenarios del crimen. Entre las víctimas se encontraban tres mujeres y un menor de edad, según los reportes periodísticos.
La violencia volvió a intensificarse el viernes 13 de noviembre. En el caserío El Tocino, aldea La Majada, Zacapa, un ataque armado dejó cinco personas fallecidas y tres mujeres heridas, de acuerdo con las informaciones difundidas por medios guatemaltecos.
Ese mismo día se reportó otro ataque armado en Puerto Barrios, Izabal, que dejó dos personas muertas.
La sucesión de estos acontecimientos llevó al Gobierno a considerar que la situación había superado las condiciones ordinarias de seguridad y requería una respuesta extraordinaria.
El medio guatemalteco La Hora informó que los hechos violentos considerados por las autoridades habían dejado al menos 17 víctimas mortales en el período analizado. Por su parte, las agencias internacionales EFE y Reuters destacaron el asesinato del diputado y los tres policías como uno de los principales detonantes de la decisión gubernamental. La Hora+2
Qué implica el estado de sitio y qué derechos podrán restringirse
El estado de sitio es uno de los regímenes de excepción contemplados en la Constitución guatemalteca. Su aplicación permite al Ejecutivo adoptar medidas extraordinarias para enfrentar situaciones que amenacen gravemente la seguridad y el orden público.
El Decreto Gubernativo 8-2026 establece restricciones temporales a las garantías reconocidas en los artículos 5, 6, 26, 33 y segundo párrafo del artículo 38 de la Constitución.
Entre ellas figuran aspectos relacionados con la libertad de acción, las garantías de detención, la libertad de locomoción, el derecho de reunión y manifestación, y la tenencia y portación de armas.
En términos prácticos, las autoridades podrán restringir reuniones al aire libre, manifestaciones públicas y espectáculos, incluso cuando tengan carácter privado. También podrán disolver concentraciones no autorizadas o aquellas en las que se produzcan actos de violencia o se utilicen armas.
El decreto contempla restricciones a la circulación y estacionamiento de vehículos en determinadas zonas y horarios, así como la posibilidad de impedir su salida de determinadas poblaciones.
Una de las disposiciones más delicadas es la autorización para realizar allanamientos en viviendas y otros inmuebles cerrados sin necesidad de una orden judicial escrita, bajo los supuestos establecidos en el decreto, entre ellos la búsqueda de personas con órdenes de captura relacionadas con los hechos que motivaron la emergencia o la existencia de armas y objetos vinculados con delitos.
También se contemplan detenciones de personas sospechosas de alterar el orden público, sin necesidad de mandamiento judicial, en los términos establecidos por el régimen excepcional.
No obstante, el propio decreto establece límites a la actuación de las autoridades. Señala que ninguna persona podrá ser perseguida o molestada por sus opiniones o por actos que no constituyan infracciones a la ley.
Las actividades culturales, religiosas y deportivas podrán continuar, al igual que las ferias patronales, de acuerdo con las disposiciones aplicables.
Despliegue de mil soldados en Zacapa e Izabal
Paralelamente a la declaratoria, el Ejército guatemalteco reforzó su presencia en ambos departamentos.
De acuerdo con información publicada por Prensa Libre, las fuerzas militares movilizaron aproximadamente 400 soldados hacia Zacapa y 600 hacia Izabal.
El despliegue contempla patrullajes, puestos de registro y control, vigilancia de carreteras y reconocimiento aéreo, en coordinación con la Policía Nacional Civil.
El Ministerio de la Defensa informó que las operaciones de seguridad también comprenden el departamento de Chiquimula, vecino de Zacapa, mediante acciones de vigilancia en corredores estratégicos.
La presencia militar busca reforzar el control territorial y apoyar las investigaciones contra las organizaciones criminales que operan en la región.
La ubicación geográfica de Zacapa e Izabal resulta estratégica por sus conexiones con Honduras, sus corredores comerciales y las rutas que, según las autoridades, son utilizadas por estructuras vinculadas al narcotráfico.
Sin embargo, es importante precisar que el estado de sitio comprende únicamente Zacapa e Izabal. La realización de operaciones militares en Chiquimula no significa que ese departamento esté incluido en la declaratoria.Prensa Libre+2
La influencia del narcotráfico en la región
La justificación oficial del Gobierno apunta a la presencia de organizaciones criminales transnacionales y estructuras vinculadas al narcotráfico, cuyas actividades representarían una amenaza para la seguridad de las comunidades.
La situación también coincide con recientes acciones de Estados Unidos contra organizaciones criminales guatemaltecas.
Washington anunció la designación de estructuras delictivas que operan en Guatemala como organizaciones terroristas, al señalar sus presuntos vínculos con redes internacionales del narcotráfico y con cárteles mexicanos.
Entre las organizaciones que aparecen en los antecedentes de seguridad de la región figuran estructuras como Los Lorenzana, históricamente vinculadas al tráfico de drogas y con presencia en el departamento de Zacapa.
La región oriental de Guatemala ha sido considerada un corredor importante para las actividades del narcotráfico debido a su conexión con Honduras y otras rutas de tránsito regional.
No obstante, hasta el momento de la declaratoria, las autoridades no habían identificado públicamente a los responsables de todos los ataques armados ni confirmado que los distintos episodios respondieran a una misma organización criminal.
Esta distinción es relevante para evitar atribuir responsabilidades sin resultados concluyentes de las investigaciones judiciales.Reuters+2
El Congreso tendrá que revisar la medida
La declaratoria también está sometida al control del Congreso de la República de Guatemala.
De acuerdo con la Constitución y el propio decreto, el Legislativo deberá conocer la disposición dentro de los tres días siguientes a su emisión y tendrá la facultad de ratificarla, modificarla o improbarla.
El estado de sitio representa la segunda ocasión durante la administración de Bernardo Arévalo en que se recurre a este régimen excepcional.
En enero de 2026, el mandatario había decretado una medida similar después de una serie de ataques atribuidos a integrantes del Barrio 18 contra agentes policiales y de disturbios registrados en centros penitenciarios.
La nueva declaratoria evidencia la presión que enfrenta el Gobierno guatemalteco para contener la violencia de las organizaciones criminales y recuperar la seguridad en territorios donde los ataques armados han alcanzado tanto a la población civil como a representantes de las instituciones del Estado.
La efectividad de las medidas deberá evaluarse no solamente por el número de operativos y detenciones, sino también por su capacidad para reducir los homicidios, desarticular las estructuras criminales y garantizar que las comunidades puedan desarrollar sus actividades sin temor a nuevos ataques.
Los próximos 30 días serán determinantes para establecer si el despliegue militar y las facultades extraordinarias permiten recuperar el control territorial en Zacapa e Izabal o si la violencia continúa evidenciando las limitaciones del Estado guatemalteco frente al crimen organizado.
Con informacion de AdN