Guatemala: Arévalo asegura colusión entre narcotráfico, políticos locales y bloqueos para desestabilizar su gobierno

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, denunció una presunta colusión entre narcotráficoactores políticos grupos criminales para promover bloqueos de rutas, en medio del malestar por el aumento de los combustibles.

En un mensaje a la población la noche de este domingo 13 de septiembre, el mandatario guatemalteco afirmó que esas acciones buscarían desestabilizar al país y anunció denuncias ante el Ministerio Público (MP).

Además, sostuvo que la subida del petróleo responde a una crisis energética internacional vinculada al conflicto en Oriente Medio. Según señaló, el encarecimiento del barril impactó en los precios de los combustibles de numerosos países y afecta la economía diaria de los hogares guatemaltecos.

Arévalo recordó que el Congreso, con el aval del Gobierno impulsó una ley de precios tope al consumidor que, de acuerdo con el presidente, establece topes de Q39 (USD 5.06) el diésel y la gasolina regular, y de Q41 (USD 5.32) para la gasolina superior.

La medida recibió aprobación del Congreso de la República, aunque el mandatario cuestionó que un diputado hubiera demorado su entrada en vigor, tras presentar una oposición que deberá conocer el Pleno del Congreso.

El Ejecutivo aseguró que cuenta con los recursos para aplicar el mecanismo y que prepara medidas complementarias junto al Congreso, entre ellas un fondo de compensación. El objetivo oficial es que los consumidores no absorban nuevas subas internacionales por encima de los valores fijados.

El Gobierno atribuyó los bloqueos a intereses políticos y criminales

El presidente afirmó que sectores políticos aprovecharon la preocupación por los precios de los combustibles para convocar bloqueos y episodios violentos. Diferenció esas acciones de las manifestaciones pacíficas y dijo que los bloqueos buscaban “sembrar el caos y el desorden”.

En particular, denunció que en Río Hondo, Zacapa, políticos locales habrían coordinado acciones con actores vinculados al narcotráfico y habrían pagado a personas para participar de los bloqueos.

También mencionó situaciones en Cuyotenango y Villa Nueva, donde, según su versión, confluyeron dirigentes políticos, pandilleros organizaciones criminales.

“Los intereses electorales espurios de unos y los intereses criminales de los otros convergen” para intentar desestabilizar el país, sostuvo. Aunque no presentó públicamente pruebas ni identificó a los supuestos responsables durante el mensaje.

El mandatario indicó que el Gobierno inició averiguaciones y que llevará los casos al Ministerio Público para que investigue eventuales delitos.

La acusación coloca el foco en una posible articulación entre estructuras criminales y sectores políticos locales, una hipótesis que deberá ser determinada por las autoridades judiciales.

Policía y Ejército quedaron en apresto para despejar las rutas

El presidente instruyó a la Policía Nacional Civil para garantizar el orden y la libre circulación, con apoyo del Ejército de Guatemala y dentro del marco constitucional. También anunció “tolerancia cero” contra quienes, según afirmó, vulneren la libertad de locomoción, los servicios esenciales y la actividad productiva.

Las fuerzas de seguridad mantendrán operativos conjuntos ante posibles nuevos cortes. A la vez, el Ministerio de Energía y Minas recibió la orden de facilitar el restablecimiento del transporte de combustibles hacia las estaciones de servicio.

Los bloqueos afectaron el abastecimiento de combustibles y la circulación

Las protestas y cortes de rutas incidieron en el traslado de carburantes hacia las gasolineras, de acuerdo con el Gobierno. El presidente aseguró que las fuerzas de seguridad permitieron que cerca de 400 vehículos retomaran el abastecimiento de unas 1.200 estaciones de servicio.

El Ejecutivo afirmó que el suministro quedó garantizado para familias, comercios y sectores productivos. En su discurso, el mandatario vinculó la respuesta estatal con la necesidad de evitar nuevas interrupciones en el transporte, contener el impacto económico de los bloqueos y asegurar la vigencia de los precios máximos de los combustibles.

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