El gobierno de Donald Trump reclasificó el jueves al cannabis dentro de una categoría menos restrictiva, lo que facilita su uso con fines médicos en Estados Unidos, según el fiscal general.
La marihuana fue reclasificada como una droga con un potencial moderado o bajo de dependencia física y psicológica, lo que “amplía el acceso de los pacientes a tratamientos y da a los médicos más herramientas para tomar decisiones de salud mejor fundamentadas”, afirmó el fiscal general interino, Todd Blanche, en X.
La orden firmada por Blanche no legaliza el consumo de marihuana con fines médicos o recreativos según la ley federal. Pero sí cambia la forma en que se regula, trasladando la marihuana medicinal autorizada de la Lista I —reservada para drogas sin uso médico y con alto potencial de abuso— a la Lista III, menos estrictamente regulada. También otorga a los operadores de marihuana medicinal autorizados una importante exención fiscal y elimina algunas barreras para la investigación del cannabis.
La administración Trump también dijo que estaba impulsando el proceso para reclasificar la marihuana de manera más amplia, fijando una audiencia que comenzará a finales de junio.
Trump ordenó a su administración en diciembre que trabajara lo más rápido posible para reclasificar la marihuana. El sábado, mientras el presidente republicano firmaba una orden ejecutiva no relacionada sobre sustancias psicodélicas, pareció expresar su frustración por lo mucho que estaba tardando el proceso.
Blanche dijo el jueves que el Departamento de Justicia estaba “cumpliendo la promesa del presidente Trump” de ampliar el acceso de los estadounidenses a opciones de tratamiento médico. “Esta medida de reclasificación permite investigar la seguridad y la eficacia de esta sustancia, lo que en última instancia proporcionará a los pacientes una mejor atención y a los médicos información más confiable”, dijo en un comunicado.
Qué hace la orden de reclasificación de la marihuana
La medida de Blanche legitima en gran medida los programas de marihuana medicinal en los 40 estados que los han adoptado. Establece un sistema acelerado para que los productores y distribuidores de marihuana medicinal con licencia estatal se registren ante la Administración para el Control de Drogas de EE.UU.
Deja claro que los investigadores del cannabis no serán sancionados por obtener marihuana con licencia estatal o productos derivados de la marihuana para su uso en su trabajo, y otorga a las empresas de marihuana medicinal con licencia estatal un beneficio inesperado al permitirles, por primera vez, deducir los gastos comerciales de sus impuestos federales.
Cualquier medicamento derivado de la marihuana aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) figura de manera similar en la Lista III, señaló.
La orden representa un cambio de política importante para el gobierno de EE. UU., que ha mantenido su prohibición de larga data de la marihuana —que se remonta a la Ley del Impuesto sobre la Marihuana de 1937— incluso cuando casi todos los estados han aprobado el uso del cannabis de alguna forma. Dos docenas de estados, además de Washington, D.C., han autorizado el consumo recreativo de marihuana para adultos; 40 cuentan con sistemas de marihuana medicinal, y otros ocho permiten el cannabis con bajo contenido de THC o el aceite de CBD para uso médico. Solo Idaho y Kansas prohíben la marihuana por completo.
La regulación de la marihuana medicinal ha avanzado mucho desde que California se convirtió en el primer estado en adoptarla en 1996, escribió Blanche.
“Hoy en día, la gran mayoría de los estados mantiene marcos de licencias integrales que regulan el cultivo, el procesamiento, la distribución y la dispensación de marihuana con fines médicos”, escribió Blanche. “En su conjunto, demuestran una capacidad sostenida para alcanzar los objetivos de interés público… incluyendo la protección de la salud y la seguridad públicas y la prevención del desvío de sustancias controladas hacia canales ilícitos”.
El presidente de la Asociación Comercial Estadounidense del Cannabis y el Cáñamo, Michael Bronstein, lo calificó como “el avance federal más significativo en la política del cannabis en más de 50 años”.
“Esta medida reconoce lo que los estadounidenses saben desde hace tiempo: el cannabis es medicina”, afirmó en una declaración escrita.
Los críticos califican la orden de “desgravación fiscal para las grandes empresas del cannabis”
La decisión de la administración Trump provocó las burlas de Kevin Sabet, opositor a la legalización de la marihuana y director ejecutivo de Smart Approaches to Marijuana. Sabet señaló que, si bien la investigación sobre la marihuana es necesaria, “hay muchas formas de aumentar nuestro conocimiento sin conceder una desgravación fiscal a las grandes empresas del cannabis y enviar un mensaje confuso sobre los daños de la marihuana al público estadounidense”.
“Con esta medida, nos enfrentamos ahora a la administración más a favor de las drogas de nuestra historia”, dijo Sabet en un mensaje de texto. “La política ahora la dictan los directores ejecutivos de empresas de marihuana, los inversionistas en psicodélicos y los podcasters con adicción activa”.
La marihuana o los productos derivados de la marihuana que no se distribuyan a través de un programa estatal de marihuana medicinal seguirán clasificados en la Lista I.
Las drogas de la Lista III se definen como aquellas con un potencial de dependencia física y psicológica de moderado a bajo. Algunos críticos de la industria han sugerido que la legalización en los estados ha dado lugar a productos de cannabis cada vez más potentes, que deben investigarse en lugar de clasificarse de forma menos estricta que antes.
Muchos republicanos se oponen a la flexibilización de las restricciones sobre la marihuana. Más de 20 senadores republicanos, varios de ellos aliados acérrimos de Trump, firmaron el año pasado una carta instando al presidente a mantener las normas actuales.
Trump ha hecho de su cruzada contra otras drogas, especialmente el fentanilo, un elemento destacado de su segundo mandato, ordenando ataques militares de EE.UU contra embarcaciones venezolanas y de otros países que, según insiste la administración, transportan drogas. Firmó otra orden ejecutiva en la que declaraba el fentanilo como arma de destrucción masiva.
Con información de ap y afp