En una de las confesiones institucionales más tajantes de la administración reciente, el viceministro de Seguridad, Rommel Martínez, admitió que las maras y pandillas mantienen un control territorial que rebasa, por lapsos, la capacidad operativa y de cobertura de la Policía Nacional.
Las declaraciones surgieron a raíz de la crisis en la colonia Villa Nueva de Tegucigalpa, donde múltiples familias se vieron obligadas a abandonar sus hogares tras reiteradas amenazas. Martínez criticó la respuesta policial inicial, centrada en escoltar la mudanza de los afectados en lugar de neutralizar la amenaza: “Acompañar la huida no es proteger; impone una reconfiguración operativa urgente para evitar que el crimen decida quién habita el territorio”.
Radiografía del repliegue estatal y sus causas
La incapacidad para sostener la presencia pública en los barrios vulnerables obedece a deficiencias estructurales y vacíos en el sistema penal:
- Déficit de fuerza pública: Honduras registra una de las proporciones de policías por habitante más bajas de Centroamérica, lo que impide patrullajes permanentes.
- Impunidad y ruptura del testimonio: El clima de intimidación desmotiva la denuncia formal. Sin evidencias ni testigos dispuestos a declarar, los arrestos se caen judicialmente, permitiendo que los criminales preserven su dominio.
- Desplazamiento forzado invisible: ACNUR advierte que la baja en la tasa de homicidios no equivale a mayor control territorial; la extorsión y el amedrentamiento continúan vaciando comunidades enteras.
Cifras y estrategia oficial
| Indicador / Estrategia | Detalle reportado por la Secretaría de Seguridad |
| Estructuras identificadas | 140 grupos criminales ubicados y monitoreados a nivel nacional. |
| Población desplazada | +423,000 personas afectadas en el país (55% mujeres, 21% menores de edad, según datos de ACNUR). |
| Proyección de capturas | Meta de arrestar a 1,000 integrantes si se aprueba la figura legal de “terroristas” antes de fin de año. |
El reto del debido proceso
Aunque el Ejecutivo apuesta a la tipificación de las pandillas como organizaciones terroristas para acelerar las detenciones masivas, analistas juristas recuerdan que una designación legal no exime al Estado de fundamentar las pruebas individuales de cada imputado, respetando el debido proceso para garantizar sentencias firmes.