La Asamblea Legislativa, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI), aprobó el martes la trigésima segunda ampliación del régimen de excepción, una medida «temporal» para «combatir» a las pandillas, por la presencia de supuestos «remanentes» de miembros de estas bandas «en barrios y comunidades».
La ampliación de la medida, vigente desde marzo de 2022, se dio sin debate de los diputados con 57 votos de 60 diputados, todos de NI y sus aliados, con lo que seguirán suspendidos por 30 días más el derecho a la defensa de los detenidos, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y la detención administrativa máxima de 3 días.
Por este tipo de votaciones los diputados oficialistas y sus aliados son llamados popularmente «pusha botones».
La vigencia de la prórroga llegará hasta el 6 de diciembre del presente año, de acuerdo con el decreto legislativo leído durante la sesión plenaria correspondiente a esta semana.
El Gobierno del presidente Nayib Bukele solicitó una nueva ampliación de dicho régimen bajo la justificación que «existe la amenaza de reagrupación de estos grupos por remanentes de pandilleros en barrios y colonias».
Por lo tanto, indica el decreto leído, «esta situación sigue demandando una intervención extraordinaria gubernamental».
El Ejecutivo de Bukele asegura que con esta medida las pandillas «han sido erradicadas» en el país y destaca la baja de homicidios en esta nación.
No obstante, un contingente de 2,500 elementos de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional fueron desplegados el pasado 28 de octubre en el distrito de San marcos, San Salvador, para implementar un «cerco de seguridad» por la supuesta presencia de miembros de pandillas.
Este «cerco de seguridad» se suma a otros implementados en otras zonas del país para «combatir» a las pandillas en el contexto del régimen de excepción. Todos los cercos han producido menos de 100 capturas de pandilleros en su totalidad por un consolidado de casi 10,000 efectivos desplegados..
Con más de 83,100 detenciones, la medida «extraordinaria» se ha convertido en la principal y única apuesta del Gobierno contra las pandillas, lo que también le granjeó al presidente Bukele su reelección inmediata, pese a la prohibición constitucional.
Entre tanto, diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y reportan más de 300 muertes de detenidos bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia.