Abelardo de la Espriella, abogado penalista de 48 años convertido en outsider político, asumió este viernes 7 de agosto la Presidencia de Colombia en una ceremonia inusual celebrada en Cali —no en Bogotá, sede bicentenaria de las investiduras— y bajo un dispositivo de seguridad de unos 11,000 militares y un sistema antidrones, en una región del suroccidente colombiano golpeada por la peor ola de violencia guerrillera en una década.
De la Espriella, conocido como “El Tigre”, llega al poder tras ganar la segunda vuelta del 21 de junio con apenas 49.6% de los votos frente al 48.7% de Iván Cepeda, el candidato respaldado por el saliente Gustavo Petro, en el margen más estrecho de la historia presidencial colombiana reciente. Petro no asistió al acto de transmisión de mando, ha cuestionado el resultado alegando un fraude del que no ha presentado pruebas, y sectores afines a su movimiento convocaron protestas en ciudades como Barranquilla el mismo día de la posesión.
Un giro de fondo en la política de seguridad
El nuevo mandatario —fundador en 2024 del movimiento Defensores de la Patria y conocido antes de la política por haber representado en tribunales a figuras tan diversas como víctimas del ataque con ácido a Natalia Ponce de León y clientes señalados como el empresario venezolano Alex Saab o exparlamentarios condenados por parapolítica— construyó su campaña alrededor de la mano dura contra el crimen organizado, la reducción del tamaño del Estado y la defensa de posturas conservadoras.
Su llegada a la Casa de Nariño representa, según coinciden analistas y medios internacionales, el fin de la llamada “paz total” impulsada por Petro con estructuras armadas y organizaciones vinculadas al narcotráfico. De la Espriella ha anunciado la intención de intensificar operaciones militares, incluidos bombardeos contra campamentos guerrilleros con apoyo de Estados Unidos e Israel, y ha prometido construir megacárceles inspiradas explícitamente en el modelo salvadoreño del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Esta orientación reedita, en la lectura de varios observadores, el esquema de cooperación militar entre Bogotá y Washington de comienzos de los años 2000, previo al acuerdo de paz de 2016 con las FARC, un período en que estructuras insurgentes se debilitaron pero que organizaciones de derechos humanos también asocian con violaciones documentadas —un antecedente que ya genera advertencias de esos mismos sectores ante la nueva estrategia.
Sudamérica se tiñe de derecha
La investidura de De la Espriella consolida una reconfiguración ideológica que ya venía perfilándose en la región: gobiernos de derecha o ultraderecha gobiernan hoy en Argentina (Javier Milei), Ecuador (Daniel Noboa), Bolivia (Rodrigo Paz), Paraguay (Santiago Peña), Chile (José Antonio Kast) y, desde finales de julio, Perú (Keiko Fujimori). Colombia se suma a esa ola, dejando a Brasil —bajo Lula da Silva, quien buscará un cuarto mandato no consecutivo en las elecciones de octubre frente al senador opositor Flávio Bolsonaro— como uno de los pocos bastiones progresistas de peso que quedan en Sudamérica.
Milei fue de los primeros en celebrar el triunfo, con una frase que resume el tono de esta nueva alineación regional: “el león y el tigre rugen en Latinoamérica”, en referencia a los apodos con que ambos mandatarios se identifican.
Brasil: cordialidad de fachada, distancia de fondo
Lula da Silva felicitó a De la Espriella tras su triunfo en junio y calificó la relación bilateral como un vínculo que trasciende las ideologías, centrado en desafíos compartidos como la protección de la Amazonía, la lucha contra la pobreza y el combate al crimen organizado. Sin embargo, el mandatario brasileño decidió no viajar a Cali para la posesión —como tampoco lo hizo para la de Fujimori en Lima— y delegó la representación de Brasil en su canciller, Mauro Vieira. Antes del cambio de mando, Lula llamó por teléfono a Petro para despedirse formalmente de su gestión, gesto que subraya la cercanía ideológica que existió entre ambos gobiernos y que no se replicará automáticamente con la nueva administración colombiana.
De la Espriella, por su parte, respondió al mensaje de felicitación de Lula planteando una relación basada en el “trabajo conjunto, respetuoso y soberano”, sin cerrar la puerta a la cooperación bilateral pese a las diferencias ideológicas. El verdadero examen de esa relación llegará en los próximos meses, en momentos en que Brasil enfrenta su propio proceso electoral y Colombia redefine su política exterior.
Washington marca el tono: seguridad antes que protocolo
El realineamiento de Bogotá hacia Estados Unidos tuvo un anticipo simbólico en la composición de la delegación enviada por Donald Trump a la posesión: en lugar del tradicional protocolo de secretarios de Estado o embajadores especiales, Washington envió una comitiva encabezada por el fiscal general interino, Todd Blanche —exabogado personal de Trump—, junto con representantes del Departamento de Estado, el Pentágono, el Departamento de Justicia, la agencia antidrogas DEA y un congresista republicano presidente del subcomité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes. La ausencia del secretario de Estado, Marco Rubio, contrasta con su nivel de involucramiento en otras transiciones recientes de la región.
El mensaje de fondo, según reportes de prensa colombiana, es claro: Washington prioriza la cooperación en seguridad y antinarcóticos por encima del protocolo diplomático tradicional. A esto se suma la postura anticipada por el embajador designado de Estados Unidos, Nate Morris, quien ante el Congreso estadounidense señaló que entre los planes de la nueva relación bilateral figura sacar a Colombia de la Franja y la Ruta —la iniciativa china de inversión e infraestructura—, lo que apunta a un giro geopolítico más amplio: Bogotá dejaría de ser un socio ambivalente entre Washington y Pekín para alinearse más claramente con Estados Unidos.
Colombia y El Salvador: de la cortesía diplomática a la cooperación técnica
Entre las delegaciones presentes en Cali estuvo la de El Salvador, encabezada por el vicepresidente Félix Ulloa, quien sostuvo encuentros con José Manuel Restrepo, vicepresidente electo de Colombia, y con el canciller designado, Omar Bula. Del encuentro se desprendió la creación de una comisión binacional Colombia-El Salvador, con el embajador salvadoreño Guillermo Rubio como pieza clave del seguimiento técnico.
El eje central de la conversación fue la seguridad: Ulloa presentó ante sus contrapartes colombianas los resultados que el gobierno de Nayib Bukele atribuye a su estrategia de mano dura contra las pandillas —cerca de 1,300 días sin homicidios registrados, según cifras oficiales salvadoreñas— y ofreció formalmente la asesoría de su gobierno para que Colombia explore replicar el modelo del CECOT, en la misma línea que ya han explorado Costa Rica y Ecuador. Es un ofrecimiento que encaja de forma natural con la retórica de mano dura que De la Espriella prometió durante su campaña, aunque su implementación en el contexto colombiano —con una guerrilla activa y estructuras de narcotráfico de mayor escala territorial que las pandillas urbanas salvadoreñas— enfrentaría desafíos operativos y legales distintos, algo que ni Bogotá ni San Salvador han detallado todavía.
Además de seguridad, ambos gobiernos acordaron impulsar un Consejo Binacional Empresarial y cooperación en economía digital, con referencias específicas a la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial y la Comisión Nacional de Activos Digitales de El Salvador como modelos de interés para Bogotá.
Lo que sigue
De la Espriella hereda una Colombia con una guerrilla activa en el suroccidente del país, un proceso de paz que su gobierno ya ha señalado como agotado, y una economía que deberá procesar el giro hacia Washington en momentos de tensión comercial global. La consolidación de alianzas con gobiernos afines como los de El Salvador, Argentina y Perú, sumada al respaldo explícito de la Casa Blanca, le da a la nueva administración un margen de maniobra internacional amplio, pero también la expone al escrutinio de organizaciones de derechos humanos que ya advierten sobre los riesgos de repetir, con nuevas herramientas, capítulos de militarización de la seguridad que la región latinoamericana ha vivido antes.
Con información de la Agencia Digital de Noticias -ADN-