La crisis financiera que golpea al sistema cooperativista de ahorro y crédito en El Salvador ha dejado de ser un problema aislado para convertirse en una de las mayores crisis de confianza del sector financiero no bancario en las últimas décadas. Miles de ahorrantes permanecen sin acceso pleno a sus depósitos, mientras cooperativas intervenidas intentan liquidar activos para responder parcialmente a asociados que denuncian abandono institucional, opacidad y graves afectaciones personales y económicas.
El caso más emblemático es el de la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria, COSAVI de R.L., intervenida por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) desde mayo de 2024 tras revelarse un presunto desfalco cercano a los 35 millones de dólares. Dos años después, el proceso continúa bajo reserva y sin una solución definitiva para miles de depositantes.
La prolongada intervención estatal ha generado un efecto dominó sobre otras cooperativas de ahorro y crédito, alimentando temores entre asociados y provocando retiros masivos de fondos en varias entidades financieras cooperativas del país.
Analistas del sector y representantes de afectados sostienen que la incertidumbre provocada por el manejo del caso COSAVI desencadenó una “corrida” silenciosa dentro del sistema cooperativista, deteriorando aún más la liquidez de instituciones que ya enfrentaban problemas estructurales.
Entre las entidades más afectadas también aparece la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas (COASPAE), sometida a restricciones operativas por autoridades financieras tras registrar pérdidas millonarias y dificultades para responder a sus asociados.
Datos citados por especialistas financieros indican que aproximadamente el 4.46 % de las cooperativas del país presentan actualmente problemas severos de liquidez, mientras más de 450 denuncias de consumidores han sido remitidas a la Fiscalía General de la República por posibles irregularidades financieras y administrativas.
Las consecuencias humanas de la crisis se han vuelto cada vez más visibles. Jubilados, pequeños empresarios, familias receptoras de remesas y personas que depositaron ahorros de toda una vida denuncian que no pueden acceder libremente a su dinero, incluso en situaciones de emergencia médica o subsistencia básica.
Un vocero de afectados por el caso COSAVI, denunció recientemente que varios asociados fallecieron sin recuperar sus fondos retenidos. Entre los casos expuestos públicamente figura el de un adulto mayor que, según los denunciantes, solicitó autorización para retirar parte de sus ahorros destinados al tratamiento médico de su esposa hospitalizada, petición que nunca recibió respuesta oficial antes del fallecimiento de la mujer.
“Estamos hablando de dinero privado, de ahorros de toda una vida”, declaró el vocero en entrevistas retomadas por medios nacionales. Los afectados sostienen además que persiste un “secreto absoluto” alrededor del manejo financiero de las cooperativas intervenidas y de los activos bajo administración estatal.
La SSF ha defendido su actuación asegurando que el proceso de devolución de fondos se desarrolla de forma gradual mediante un esquema de “capas”, financiado con recuperación de créditos y liquidación parcial de activos de las cooperativas intervenidas.
En mayo de 2026, la Superintendencia anunció nuevas devoluciones de hasta 90,000 dólares para determinados depositantes de COSAVI. Sin embargo, numerosos asociados sostienen que continúan sin recibir la totalidad de sus fondos, especialmente aquellos vinculados a certificados de aportación o depósitos superiores a los límites habilitados.
La incertidumbre aumentó además tras denuncias sobre la venta de parte de la cartera de deuda municipal de COSAVI a entidades privadas. Asociados afectados cuestionaron públicamente quién autorizó operaciones financieras relacionadas con activos de la cooperativa mientras los propietarios legales de los depósitos siguen sin recuperar completamente sus recursos.
El caso ha reavivado críticas sobre la supervisión estatal del sistema cooperativo salvadoreño y sobre el traslado de competencias regulatorias hacia la SSF después de la desaparición progresiva del Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo (INSAFOCOOP).
Sectores opositores y organizaciones de cooperativistas han cuestionado que la reforma impulsada desde la Asamblea Legislativa —controlada por el partido oficialista Nayib Bukele y su bancada de Nuevas Ideas— eliminara al INSAFOCOOP y concentrara la supervisión en instituciones financieras estatales que, según críticos, no han logrado contener la crisis ni garantizar transparencia suficiente sobre el destino de los fondos intervenidos.
Información presentada durante la discusión legislativa de las reformas reveló que el sistema cooperativo de ahorro y crédito administra alrededor de 3,700 millones de dólares en depósitos y aportaciones, concentrados principalmente en unas 27 cooperativas de gran tamaño.
Mientras tanto, en distintas cooperativas del país persiste el temor entre asociados de que nuevos problemas de liquidez provoquen intervenciones similares o restricciones futuras sobre sus depósitos.
El deterioro de confianza también amenaza con afectar a alcaldías, pequeñas empresas y empleados públicos que históricamente han utilizado cooperativas como principal fuente de financiamiento y ahorro.
Aunque la Fiscalía mantiene procesos judiciales abiertos contra exdirectivos y empleados vinculados al caso COSAVI, los afectados insisten en que el problema trasciende el fraude puntual y refleja fallas sistémicas de supervisión, transparencia y respuesta estatal.
Dos años después del estallido del caso que sacudió al sector cooperativo salvadoreño, miles de ahorrantes continúan atrapados entre procesos judiciales prolongados, información restringida y devoluciones parciales de dinero que, para muchos, representan el patrimonio acumulado durante décadas de trabajo.