La Asamblea Legislativa ratificó el jueves, de manera exprés, la reforma constitucional que habilita la creación de una circunscripción especial para que los salvadoreños residentes en el exterior puedan elegir diputados propios a partir de las elecciones de 2027, en una decisión que profundizó el debate político sobre el futuro del sistema democrático salvadoreño.
La reforma fue aprobada por la bancada oficialista de Nuevas Ideas y sus aliados con la mayoría calificada requerida, consolidando uno de los cambios electorales más trascendentales desde la implementación del voto en el exterior. El oficialismo sostuvo que la medida constituye una “deuda histórica” con la diáspora salvadoreña, cuyo peso económico y social ha sido determinante para el país durante décadas.
Durante la discusión parlamentaria, el diputado Francisco Lira, de la fracción de ARENA, cuestionó duramente la reforma y acusó al oficialismo de utilizar los cambios constitucionales como un mecanismo para ampliar el control político del Ejecutivo sobre las instituciones del Estado.
Lira sostuvo en el pleno legislativo que la modificación “no responde a una verdadera intención de fortalecer la democracia”, sino a una estrategia orientada a consolidar el dominio político de la bancada oficialista y debilitar aún más a los partidos opositores de cara a los próximos procesos electorales.
“El problema no es reconocer derechos a la diáspora; el problema es cómo se está utilizando la Constitución para construir un sistema sin equilibrio político”, expresó el legislador durante su intervención, según registros de la sesión plenaria.
Las críticas también provinieron de organizaciones de la sociedad civil y centros de análisis político, que advirtieron que la reforma se suma a una serie de cambios institucionales impulsados desde 2021 por el oficialismo, incluyendo modificaciones al sistema judicial, al régimen electoral y a organismos de control estatal.
Diversas voces señalaron que la nueva circunscripción exterior podría alterar significativamente la correlación legislativa en favor del partido gobernante, considerando el amplio respaldo político que el presidente Nayib Bukele mantiene entre sectores de la diáspora salvadoreña en Estados Unidos.
Representantes de organizaciones civiles sostuvieron que la rapidez con la que se aprobó la reforma y la ausencia de una discusión nacional amplia reflejan una tendencia de concentración de poder político en torno al Ejecutivo y a la supermayoría legislativa oficialista.
Algunos analistas incluso interpretaron la iniciativa como parte de una estrategia de largo plazo para “aniquilar electoralmente” a la oposición tradicional, en un escenario donde Nuevas Ideas controla ampliamente la Asamblea Legislativa, mantiene altos niveles de popularidad y domina la mayoría de instituciones públicas.
El oficialismo rechazó las acusaciones y afirmó que la oposición intenta desacreditar una reforma orientada a garantizar representación política a millones de salvadoreños que históricamente habían quedado excluidos de decisiones legislativas pese a su aporte económico al país mediante remesas.
La aprobación ocurre además en medio de un amplio paquete de reformas constitucionales impulsadas por el Congreso, entre ellas modificaciones al sistema de integración del Tribunal Supremo Electoral y cambios relacionados con la estructura institucional del Estado salvadoreño.
Con la ratificación del jueves, El Salvador avanza hacia un nuevo modelo de representación política que incorporará formalmente a la diáspora dentro de la integración parlamentaria a partir de los comicios generales previstos para febrero de 2027.