La Asamblea Legislativa aprobó el martes dos leyes para la simplificación de trámites y la construcción y operación de los proyectos denominados tren y aeropuerto del Pacífico, los cuales no se regirán por una normativa que establece controles contra corrupción.
La Ley de Régimen Especial para la Simplificación de Trámites y Actos Administrativos Relativos al Tren del Pacífico y la Ley para la Construcción, Administración, Operación y Mantenimiento del Aeropuerto Internacional del Pacífico fueron aprobadas, cada uno por separado, con los votos de los 67 diputados oficialistas, de 84 en la Asamblea.
Los legisladores aprobaron que las construcciones de ambos proyectos no se rijan por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), que establece controles anticorrupción.
Uno de estos es que no pueden ser contratistas del Estado los miembros del Consejo de Ministros, funcionarios y empleados públicos y municipales.
La LACAP contiene las normas básicas que regulan las acciones relativas a la planificación, adjudicación, contratación, seguimiento y liquidación de las adquisiciones de obras, bienes y servicios de cualquier naturaleza, que la administración púbica deba celebrar para la consecución de sus fines.
La oposición criticó que las leyes que dan el aval para los proyectos no estén «bajo la lupa» de la ley LACAP, lo que «podría dar pie a corrupción».
Según el Gobierno, el proyecto Tren del Pacífico es «clave para el posicionamiento de El Salvador como un centro logístico internacional y sentará las bases de una red ferroviaria que conectará con Centroamérica y México».
Mientras, señala que con el proyecto del Aeropuerto del Pacífico «se garantizarán cerca de 4.700 empleos en el primer año de operaciones y 50.000 en 10 años».