El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, lanzó fuertes declaraciones contra las organizaciones no gubernamentales que han acusado al Gobierno de cometer violaciones a derechos humanos y posibles delitos de lesa humanidad, en el marco de la política de seguridad vigente.
Durante una intervención pública, el funcionario afirmó que dichas organizaciones pueden “irse al carajo”, en respuesta a informes y pronunciamientos críticos sobre la actuación estatal en el combate a las pandillas.
Las declaraciones surgen luego de que diversas ONG nacionales e internacionales cuestionaran las medidas implementadas bajo el régimen de excepción, señalando posibles detenciones arbitrarias, restricciones al debido proceso y condiciones carcelarias.
Entre las organizaciones que han emitido informes se encuentran entidades como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, que han llamado a garantizar el respeto a los derechos fundamentales.
El ministro rechazó categóricamente estos señalamientos y defendió la actuación de las fuerzas de seguridad, asegurando que las acciones del Gobierno están orientadas a proteger a la población.
Villatoro sostuvo que la estrategia impulsada por la administración del presidente Nayib Bukele ha permitido recuperar el control territorial y reducir de forma significativa los niveles de violencia en el país.
“El enfoque está en garantizar la seguridad de los salvadoreños”, reiteró el funcionario, subrayando que las críticas no reflejan la realidad que vive la población.
Las autoridades han destacado en reiteradas ocasiones que los resultados en materia de seguridad son visibles y cuentan con respaldo ciudadano.
Las declaraciones del ministro han generado reacciones encontradas.
Sectores afines al Gobierno respaldan la postura oficial, argumentando que las ONG desconocen el contexto histórico de violencia que enfrentó el país. Por otro lado, analistas consideran que el tono del discurso podría tensar aún más la relación con organismos internacionales.
El debate se produce en un contexto marcado por la continuidad del régimen de excepción, vigente desde 2022, y por el creciente escrutinio internacional sobre la situación de derechos humanos en El Salvador.
El cruce de declaraciones entre el Gobierno y organizaciones de derechos humanos refleja una creciente polarización en torno al modelo de seguridad salvadoreño, que combina resultados en reducción de violencia con cuestionamientos sobre garantías fundamentales.
El desarrollo de este debate podría tener implicaciones tanto en la política interna como en la relación del país con la comunidad internacional.