Los diputados Marcela Villatoro y Francisco Lira, del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), demandan crear una ley especial que ataque a las pandillas y que no vulnere los derechos constitucionales de todos los salvadoreños.
Marcela Villatoro aseguró esta semana que mediante el régimen de excepción prorrogado el martes por el gobierno de Nayib Bukele, por vigésima quinta ocasión, se pierden los derechos de toda la población, no solo de los delincuentes.
Según la diputada, es necesario “Que se haga una ley especial que traiga los elementos que se usan en el régimen de excepción pero respetando los derechos constitucionales de los ciudadanos incluyendo herramientas de prevención y combate a las pandillas”, expuso a periodistas.
Asimismo, señaló que es necesario que se proteja a la ciudadanía de abusos por malos elementos policiales y militares.
Se necesita –dijo- una legislación completa que garantice los derechos constitucionales de los ciudadanos, así como la protección a abusos por parte de miembros de la corporación policial y militares a fin de proteger a la población que no ha cometido delitos.
“Ya pasaron más de dos años y ya debería de existir una legislación permanente y no continuar con prórrogas”, aseveró.
Por su parte, Francisco Lira, también de ARENA, es de la opinión que «El país puede llegar a niveles de estabilidad plena en materia de seguridad pública siempre que se restituyan los derechos de las personas (inocentes). El país necesita avanzar y progresar económicamente, pero para que esto suceda debemos restituir la seguridad jurídica, condición indispensable para que la inversión se pueda expandir en la economía».
Después de dos años, “ha llegado el momento de buscar la forma de regresar al debido proceso, sin perder los resultados obtenidos. No podemos permitir que los sacrificios de miles de inocentes se pierdan”, explicó Lira a diputados.
Las mismas autoridades han reconocido la liberación de unas 10,000 personas que no tenían vínculos con pandillas y la oposición ha cuestionado la falta de protocolos para evitar que capturas arbitrarias continúen sucediendo y de reparación para las personas que han sufrido las mismas.
Organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales han alertado de diversa vulneraciones a derechos de personas que no tienen relación con pandillas, así como torturas y muertes dentro del sistema carcelario.