Venezuela, miembro fundador de la OPEP y tradicional potencia petrolera del hemisferio occidental, padece un problema crónico, cuya sola formulación constituye toda una ironía: la escasez de combustible. La crisis, que ya ha sucedido en otras ocasiones, ha tocado de forma intermitente a Caracas, así como a varias zonas del país, sobre todo en la región occidental: los Estados de Táchira y Zulia, fronterizos con Colombia.
Hace tres días, usuarios enfurecidos bloquearon las calles y organizaron protestas por la falta de combustible en la ciudad andina de San Cristóbal, a media hora de la frontera con Colombia y a poco más de 800 kilómetros de Caracas. Los automovilistas hicieron filas de hasta ocho horas para poder abastecer sus vehículos. Otros han denunciado tener hasta dos meses sin servicio de gas. Episodios muy similares se vivieron en las ciudades de Mérida, Valera y Maracaibo —la segunda ciudad del país, capital del estado Zulia, entidad federal que es famosa por su vocación petrolera—. Barquisimeto, la cuarta ciudad en importancia en Venezuela, tiene vacías la mayoría de sus estaciones de servicio: colas de hasta 10 horas y servicios de abastecimiento parcial, que se desarrollan en las noches y dejan para el día siguiente a quienes no pudieron llegar al sumidero.
La producción actual del país roza los dos millones de barriles diarios, poco menos de la mitad de lo que producía en los años noventa. El progresivo deterioro de PDVSA, la otrora poderosísima estatal petrolera, es tenido por los expertos como la causa de la caótica situación actual. Los problemas con el abastecimiento de la gasolina comenzaron a agravarse, sobre todo, tras la tragedia industrial de Amuay, en agosto de 2012, una explosión en el mayor complejo refinador del país, que causó 41 muertos, 150 heridos y 500 hogares afectados. La mayoría parlamentaria que detentaba el chavismo en aquel entones bloqueó cualquier asomo de auditoría o interpelación en la Asamblea Nacional.
Algunos de los casos de corrupción más notorios y costosos para las arcas del país sudamericano en este tiempo han tenido a PDVSA como epicentro. La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (control de cuentas), presidida por Freddy Guevara, del opositor Voluntad Popular —hoy asilado en la Embajada de Chile en Caracas— publicó el año pasado un voluminoso informe en el cual denuncia la existencia de pérdidas millonarias en casos de sobreprecios, sobornos, triangulación y legitimación de capitales. Señala de manera expresa la responsabilidad política y administrativa de Rafael Ramírez, el todopoderoso ministro de Energía y Petróleo durante el auge del chavismo.
En un proceso que lleva a cabo el fiscal general, Tarek William Saab, el Gobierno bolivariano ha lanzado una dura purga política contra Ramírez y otros dirigentes y gerentes de PDVSA, apoyado en las mismas acusaciones. Eulogio del Pino, exministro de Energía y Petróleo, y Nelson Martínez, expresidente de la compañía, junto a otros 65 altos gerentes han sido arrestados y llevados a juicio acusados de corrupción. Martínez también fue presidente de Citgo, la filial estadounidense de PDVSA. A Citgo pertenece también buena parte de la gerencia que ha sido enviada a la cárcel.
Luego de las protestas de estos días, a diferencia de lo que ha sucedido en otras ocasiones, PDVSA emitió un comunicado en el cual reconocía las fallas y se excusaba con la población, añadiendo que las falencias eran debido “al rechazo de nuestros pagos del servicio de cabotaje por las sanciones del Gobierno estadounidense”. Los problemas de PDVSA han sobrepasado el ámbito cotidiano: una de las causas que con mayor frecuencia se comentan entre los entendidos en torno al motivo de la reciente marcha de varias aerolíneas internacionales del país guarda relación con las dificultades para reponer combustible.