Un migrante venezolano dio el jueves el primer paso para demandar en Estados Unidos al gobierno del presidente Donald Trump por 1,3 millones de dólares por las «lesiones» causadas al enviarlo a la megacárcel del CECOT de El Salvador.
Neiyerver Adrián León Rengel, barbero de 27 años, fue uno de los 252 migrantes venezolanos deportados y enviados en marzo al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador después de que Trump invocara una Ley de enemigos extranjeros del siglo XVIII contra miembros de la pandilla Tren de Aragua.
Fue liberado el 18 de julio como parte de un canje entre Venezuela y Estados Unidos, y ahora vive en Caracas.
El Democracy Defenders Fund (DDF) y la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos introdujo a su nombre una reclamación administrativa contra el Departamento de Seguridad Interior (DHS), el primer paso para una demanda.
«Vamos a llevar el caso directamente hacia un juez para hacer la demanda contra el presidente Donald Trump y todo su núcleo de trabajo», dijo León Rengel a la AFP en su casa en Venezuela. «Todo este tiempo que no supimos de nuestra familia, ¿quién nos lo paga? ¿Cómo hacemos nosotros para todo lo que teníamos, que perdimos? ¿Cómo lo recuperamos?».
León Rengel quiere que su récord criminal quede limpio, pero también «algún otro tipo de compensación (…) dinero».
«Esto que ellos nos hicieron que lo paguen porque fue algo que no era justo», insistió. «El sufrimiento de mi madre y mi hija» que viven en Venezuela.
«Si ellos fueran (sic) investigado a cada una de las personas entonces no nos llevaban al Cecot».
León Rengel indicó además que «muchos» de sus compañeros de confinamiento «piensan sumarse a esta acción».
«Nos trataban como animales»
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron a León Rengel el 13 de marzo, el día de su cumpleaños, en el estacionamiento de su apartamento en Irving, Texas (sur), se lee en la reclamación.
León Rengel presentó la documentación que demostraba que tenía estatus de residencia temporal y su cita migratoria programada para 2028, añade, pero los agentes estimaron que sus tatuajes eran una prueba de afiliación al Tren de Aragua.
«No es miembro de esa pandilla», insistieron los abogados, que calificaron su detención de «incorrecta y negligente, sin causa o debido proceso».
«Le mintieron, diciéndole que lo enviarían a su país» cuando en realidad «durante más de cuatro meses, Rengel languideció en El Salvador», donde «sufrió abuso físico, verbal y psicológico».
«Uno no podía hablar, reírse o hacer nada dentro de la celda porque todo era golpe, grito», dijo León Rengel. «Nos trataban como animales y no es justo todo eso que nos hicieron y que vengan ellos y quieran lavarse las manos como que si no ha pasado nada».
La demanda precisa golpes en el pecho y estómago con puños y porras.
«Alarmas»
Por más de un mes, su familia desconoció su paradero, precisó el texto.
León Rengel formaba parte de un grupo de venezolanos «que un tribunal federal ordenó al gobierno que no deportara o que regresara si estaban en tránsito, una orden que fue ignorada», según la reclamación.
Su hermano y pareja aún están en Estados Unidos.
«No tienes que ser un erudito constitucional para que el caso Rengel active alarmas», afirmó Norm Eisen, presidente de Democracy Defenders Fund, en un comunicado.
«Si eres un estadounidense que cree en la justicia, este caso debería ser impactante. Detener y hacer desaparecer a alguien sin causa ni acceso a recursos legales es ilegal y abominable», agregó.
El gobierno venezolano ha dicho que solo siete de los 252 venezolanos retornados tenía antecedentes penales. Migrantes entrevistados por la AFP calculan que son más, unos 40.
«Me va a marcar para toda la vida que me señalen como un delincuente, algo que no soy», sentenció León Rengel.